Los diputados aprobaron este miércoles, en primer debate, el primer presupuesto extraordinario de la República que le permitirá al Gobierno destinar ¢150.000 millones para otorgar subsidios a asalariados afectados por la pandemia del nuevo coronavirus.
La iniciativa tuvo el apoyo de 41 legisladores y el rechazo de uno.
Además del dinero para las familias golpeadas por el desempleo, la suspensión de contratos o la reducción de salarios, el presupuesto incluye una partida de ¢273.000 millones para mejorar la deuda pública del país.
Los ¢150.000 millones destinados a la emergencia por covid-19 permitirían financiar subsidios para 400.000 solicitantes del bono Proteger durante tres meses. El proyecto había sido dictaminado de forma afirmativa, el pasado lunes, por la Comisión de Hacendarios.
Dicho plan de gastos recibió un trámite rapidísimo, luego de que el plenario decidiera modificar el Reglamento de la Asamblea Legislativa para establecer un procedimiento ultrarrápido de discusión y votación de mociones, en el marco de la emergencia sanitaria.
El dinero para subsidios se alimentará de ¢74.000 millones procedentes de partidas del Gobierno, entre ellas dinero de plazas vacantes del Ministerio de Educación Pública (MEP).
También, se nutre de ¢74.000 millones del crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corporación Andina de Fomento, CAF) y, finalmente, de ¢1.800 millones de dinero remanente devuelo por los servicios consulares en el exterior.
La iniciativa se aprobó luego de discutir varias mociones de fondo, en cuenta una propuesta de José María Villalta, diputado del Frente Amplio, para transferirle ¢30.000 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para la atención de la emergencia.
La iniciativa del frenteamplista finalmente se rechazó, luego de una larga discusión sobre el apoyo que todos los diputados aseguran darle a la CCSS.
El presupuesto también destinará ¢2.430 millones para la atención sanitaria.
La diputada Ana Lucía Delgado, presidenta de la Comisión de Hacendarios, aseguró que durante el trámite del presupuesto extraordinario no encontraron reglamentación alguna sobre los mecanismos para la entrega de los bonos Proteger.
Por eso, desde ese foro exigieron esa reglamentación y, finalmente, las autoridades de Gobierno asumieron la reglamentación de esos subsidios, luego de que también la Contraloría General de la República (CGR) apoyara esa exigencia.
La ministra de Trabajo, Geannina Dinarte; el presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el ministro Juan Luis Bermúdez, y el presidente de la República, Carlos Alvarado, firmaron ese reglamento a finales de la semana anterior.
Delgado aseguró que hay muy poco esfuerzo del Poder Ejecutivo para frenar el gasto público y para aplicar la regla fiscal, pues la Contraloría General de la República ha señalado que se debe justificar por qué se libera de cumplir esa regla a varias instituciones.
En cuanto a los recursos para convertir deuda cara de deuda barata, el presupuesto extraordinario otorga la potestad al Ministerio de Hacienda de echar mano de ¢273.350 millones para mejorar el perfil de esa deuda.
Dicho monto se compone de ¢216.000 millones del préstamo de la CAF, así como de ¢57.200 millones de un crédito de apoyo presupuestario que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le había dado a Costa Rica en el 2019.
Diputadas: ‘Gobierno no tiene ruta’
Las diputadas Ana Lucía Delgado, del PLN, y María Inés Solís, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), coincidieron en sus críticas hacia el Gobierno porque ambas creen que no tiene una ruta clara para afrontar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus.
“Este es un presupuesto atípico en una situación atípica. No tenemos claridad del contexto ni la ruta que se gesta en el Gobierno para la atención sanitaria, económica y social. El covid-19 llega a un país donde teníamos las finanzas maltrechas”, dijo la verdiblanca.
Delgado añadió que existe poco esfuerzo, desde el Poder Ejecutivo, para frenar el gasto público.
Solís, por su parte, dijo que a ella le preocupa la falta de una ruta y de una estrategia medular sobre lo que está haciendo el Ejecutivo y cómo planifica el ataque de la crisis.
Aunque felicitó al ministro de Salud, Daniel Salas, y al presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, por la atención de la crisis, no fue nada benévola con el equipo económico de Carlos Alvarado.
“Hay una falta de estrategia enorme; se intentan poner curitas por todo lado y hay paliativos, para dar subsidios que, si bien pueden dar alguna ayuda, no sirven para que las familias estén bien”, apuntó.
Por su parte, la oficialista Laura Guido apuntó que el coronavirus tomó al país en una circunstancia donde se amplificaron las condiciones favorables del país, pero también los desafíos.
“Esa incertidumbre nos imposibilita a tener la información más certera y acertada. No sabemos cuánta gente puede enfermar ni cuánto tiempo vamos a mantener esta emergencia, ni su impacto”, apuntó Guido.
Aceleran préstamo por $380 millones
Además de darle primer debate al presupuesto extraordinario, los legisladores también aprobaron una moción para dispensar los trámites de un préstamo de $380 millones firmado con el BID y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Esa decisión permitirá al plenario entrar a analizar y votar directamente ese préstamo, que originalmente está dispuesto para financiar el programa de descarbonización del gobierno de Carlos Alvarado.
Sin embargo, en el marco de la atención de la pandemia del nuevo coronavirus, el Poder Ejecutivo aseguró que utilizaría esos recursos para atender las necesidades económicas producto de la emergencia sanitaria.
Este miércoles, el Congreso también aprobó en segundo debate el plan para financiar subsidios mediante los precios de las gasolinas súper y regular, de manera que se detengan las rebajas con el fin de destinar la diferencia, entre los precios actuales y los que tendrían que regir por la caída en los precios internacionales, a ayudar a los trabajadores afectados.