Transferir ¢15 millones del presupuesto municipal para cancelar las cargas sociales de jugadores del Municipal Santa Ana –equipo de la Liga de Ascenso– tiene a Gerardo Oviedo Espinoza, alcalde de Santa Ana, en aprietos con la Contraloría General de la República (CGR).
El pasado 18 de abril, la División Jurídica de la CGR ordenó suspender sin goce de salario a Oviedo Espinoza por 30 días. Además, estableció que el jerarca municipal y seis miembros del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana deben reintegrar los ¢15 millones. A ese monto debe sumarse los intereses generados hasta ahora.
Como parte de la decisión, la Contraloría fijó medidas cautelares como la anotación de los bienes inmuebles del alcalde y los integrantes del Comité, de apellidos Figueroa, Calvo, Vargas, González, Montoya y Anchía.
De acuerdo con la investigación de la División Jurídica, entre 2018 y 2020, por orden del alcalde se trasladaron ¢15 millones a la Asociación Deportiva Municipal Santa Ana, una organización de carácter privado, presidida por Manuel Solís Vargas, funcionario de la Municipalidad de Santa Ana desde 2007 y chofer del alcalde.
La falta cometida por el político y las autoridades del Comité fue calificada por el órgano contralor como una infracción grave. Enfatizaron que sabían que no se pueden asignar fondos públicos a asociaciones deportivas, sino que la colaboración se debe limitar a la donación de implementos deportivos, equipo y otros similares.
Al ser consultado por La Nación, Oviedo Espinoza reconoció la resolución de la Contraloría, admitió que ya fue notificado y aseguró que el próximo martes apelará.
LEA MÁS: Sala IV ordena al Estado y a la Municipalidad de Santa Ana velar por la seguridad vial en Piedades
Un agravante es que se comprobó que la Asociación Deportiva Municipal Santa Ana carece de una Declaratoria de Utilidad Pública, requisito fundamental para recibir ayudas.
“Resulta improcedente que los comités cantonales de deportes y recreación realicen transferencias de dinero a las asociaciones deportivas, por cuanto no existe ninguna normativa dentro del ordenamiento jurídico que así lo faculte”, sentenció la CGR en la resolución del caso.
En su defensa ante la Contraloría, los funcionarios cuestionados alegaron que el caso había prescrito y solicitaron la nulidad del asunto. Sin embargo, ambas peticiones fueron rechazadas, pues en los casos en que se cometen infracciones al régimen de fiscalización superior de la Hacienda Pública se fija una prescripción de cinco años para las faltas graves.
También argumentaron que actuaron “de buena fe”, porque si el Municipal Santa Ana no pagaba las cargas sociales de los futbolistas ante la Caja Costarricense de Seguro Social, corría el riesgo de descender a tercera división.
“(...) No lleva razón la defensa al señalar que los fondos girados no tuvieron un mal uso, pues en la especie esos montos están sujetos al principio de legalidad y no a la buena fe”, concluyó la Contraloría.
De acuerdo con la resolución, los investigados ofrecieron reintegrar a las arcas municipales los ¢15 millones antes de que se dictara una resolución por parte de la CGR, pero eso no ocurrió.
Viaje al mundial
En enero anterior, el alcalde rechazó cualquier vínculo con la Asociación Municipal Santa Ana y niega haber recibido beneficios económicos o en especie de esa organización.
No obstante, los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería demuestran que, el 20 de noviembre de 2022, salió del país junto a su chofer. Ambos regresaron el 3 de diciembre de ese mismo año. Al ser consultado sobre la razón del viaje respondió que fue para ver los juegos de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial Qatar 2022.
Oviedo Espinoza admitió que viajó a Qatar con el grupo de dirigentes de fútbol invitados por la Liga de Ascenso, pero aseguró que él pagó casi $8.000 por sus gastos y prometió entregar comprobantes bancarios.
Para tratar de demostrar su versión, remitió a este diario, vía mensajes de texto, tres fotografías de depósitos por $700, $1.900 y ¢3,2 millones a favor de la Liga de Ascenso, pero los comprobantes indican que el depositante fue Manuel Solís Vargas, de 53 años, chofer del alcalde y presidente del Municipal Santa Ana.
Sobre ese aspecto, Oviedo aseguró que el depositante fue su chofer porque él no podía ir al banco a realizar los depósitos y agregó que “casi no usa” las sucursales bancarias electrónicas. “Es la verdad, no tengo otra manera de demostrarlo, yo estoy siendo muy transparente”, enfatizó el político.
Los comprobantes bancarios demuestran que los depósitos fueron realizados en horario laboral, es decir, el alcalde le pidió a su subalterno hacerle favores personales mientras cumplía sus funciones remuneradas por el Ayuntamiento.
“Bueno, diay... Yo lo mandé, lo mandé a él a pagármelo, diay... ¿Qué puedo hacer? (...) Si eso es un error, entonces yo acepto que fue un error”, manifestó el alcalde sobre esa acción.