La Contraloría General de la República (CGR) investiga a Gerardo Oviedo Espinoza, alcalde de Santa Ana durante los últimos 16 años, por el presunto uso de fondos públicos para pagar las cargas sociales de los jugadores de fútbol de un equipo de la Liga de Ascenso.
Se trata de la Asociación Deportiva Municipal Santa Ana, una organización de carácter privado, presidida por Manuel Solís Vargas, funcionario de la Municipalidad de Santa Ana desde 2007 y chofer del alcalde.
De acuerdo con una investigación preliminar, elaborada por la División Jurídica de la CGR, entre 2018 y 2020, el jerarca municipal incluyó partidas presupuestarias por ¢15 millones para cancelar las cargas sociales de los futbolistas y luego ordenó transferir los recursos al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana para que fueran depositados en una cuenta bancaria a nombre del equipo de fútbol.
Los flujos de dinero se efectuaron a pesar de que no existe un convenio entre el club de fútbol y la Municipalidad. Además, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) certificó que la Asociación carece de una Declaratoria de Utilidad Pública, requisito fundamental para obtener recursos públicos.
La Contraloría le achaca a Oviedo y a otros nueve funcionarios municipales presuntas violaciones a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, al Código Municipal y la Ley General de Administración Pública, entre otras. Los funcionarios se exponen al cobro de ¢15 millones para reparar el daño a las finanzas municipales y hasta la suspensión para ejercer puestos públicos por varios años.
El jerarca municipal, de 60 años y quien es licenciado en Contaduría Pública, rechaza cualquier vínculo con la Asociación Municipal Santa Ana y niega haber recibido beneficios económicos o en especie de esa organización.
No obstante, los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería demuestran que, el 20 de noviembre de 2022, salió del país junto a su chofer. Ambos regresaron el 3 de diciembre de ese mismo año. Al ser consultado sobre la razón del viaje respondió que fue para ver los juegos de la Selección Nacional de Fútbol en el Mundial Qatar 2022.
Oviedo admitió que viajó a Qatar con el grupo de dirigentes de fútbol invitados por la Liga de Ascenso, pero aseguró que él pagó casi $8.000 por sus gastos y prometió entregar comprobantes bancarios.
El 10 de enero, para tratar de demostrar su versión, remitió a este diario, vía mensajes de texto, tres fotografías de depósitos por $700, $1.900 y ¢3,2 millones a favor de la Liga de Ascenso, pero los comprobantes indican que el depositante fue Manuel Solís Vargas, de 53 años, chofer del alcalde y presidente del Municipal Santa Ana.
Sobre ese aspecto, Oviedo aseguró que el depositante fue su chofer porque él no podía ir al banco a realizar los depósitos y agregó que “casi no usa” las sucursales bancarias electrónicas. “Es la verdad, no tengo otra manera de demostrarlo, yo estoy siendo muy transparente”, enfatizó el político.
Los comprobantes bancarios demuestran que los depósitos fueron realizados en horario laboral, es decir, el alcalde le pidió a su subalterno hacerle favores personales mientras cumplía sus funciones remuneradas por el Ayuntamiento.
“Bueno, diay... Yo lo mandé, lo mandé a él a pagármelo, diay... ¿Qué puedo hacer? (...) Si eso es un error, entonces yo acepto que fue un error”, manifestó el alcalde sobre esa acción.
Por último, Oviedo negó que su viaje lo haya cancelado la Asociación Municipal Santa Ana como pago por favores realizados.
La Nación, en varias ocasiones, llamó al teléfono celular de Manuel Solís Vargas, chofer del alcalde, para consultarle sobre el tema, pero no respondió.
Al Mundial de Rusia 2018, según el alcalde, también viajó junto al grupo de dirigentes de la Liga de Ascenso.
Conoce la investigación
El alcalde de Santa Ana afirmó que sabe de la existencia de la investigación por parte de la Contraloría General de la República y reconoció que ya fue notificado.
En el documento en que se informa al político sobre la pesquisa, la Contraloría le atribuye una presunta falta al deber de probidad, el cual establece que todo funcionario público está en la obligación de satisfacer el interés público apegado a los principios de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.
En total, la Contraloría señala cinco tipos de faltas y posibles violaciones a más de cuatro legislaciones.
“Digamos que hay tantas leyes y tantas cosas que podría haber violación a algún artículo o a alguna cosa, tenemos que verlo bien”, declaró Oviedo.
Por último, el alcalde admitió que, al hacer las transferencias a la Asociación Deportiva Municipal Santa Ana, sabía que era presidida por su chofer y empleado de confianza, Manuel Solís Vargas.
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En los últimos siete años, la Contraloría General de la República (CGR) ha establecido sanciones por ¢1.114 millones contra 131 personas, la mayoría trabajadores de entidades públicas que incurrieron en actuaciones irregulares las cuales causaron pérdidas al Estado. Sin embargo, de la cifra total, apenas se han recuperado ¢300 millones.
En otras palabras, solo se ha logrado cobrar el 27% de las sanciones por responsabilidad civil impuestas en ese periodo. El restante 73%, que equivalen a ¢813 millones, permanecen en el aire a la espera de la resolución de largos juicios o lentos procesos de cobro.
Antecedente
En setiembre, un informe de la Procuraduría de la Ética Pública señaló al alcalde de Santa Ana por presunto incumplimiento de deberes y posibles faltas al deber de probidad en las que habría incurrido al aprobar alzas salariales, capacitaciones, nombramientos y recargas a favor de su esposa, Marilú Sánchez Venegas, quien es funcionaria de ese ayuntamiento desde 1985.
De acuerdo con la pesquisa, firmada en julio del presente año por Lissy Dorado Vargas, procuradora de la Ética Pública, desde que Oviedo asumió la Alcaldía, en febrero de 2007, su cónyuge obtuvo mejoras salariales, nombramientos y recargos que la hicieron ascender dentro de la entidad.
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Por ejemplo, el jerarca avaló en 2008, una acción de personal para subir un 6% la remuneración mensual de su cónyuge. Además, en marzo de ese mismo año firmó el nombramiento de su pareja como proveedora municipal y, al mismo tiempo, le asignó el recargo de la Dirección Administrativa. Posteriormente, en junio de 2008, la colocó como directora de Hacienda.
En la actualidad, Sánchez Venegas es directora de Gestión Administrativa de la Municipalidad de Santa Ana y posee, según admitió Oviedo, uno de los salarios más altos de la entidad, solo comparable con los pagos mensuales del auditor y del alcalde.
Oviedo entró a la municipalidad en 1983 como administrador de cementerios y en 1992 se convirtió el ejecutivo municipal, cargo que ejerció hasta 1998. La figura del ejecutivo municipal desapareció con una reforma de ley, precisamente, en 1998, la cual dio paso a los alcaldes, que se eligen desde entonces en votación popular.