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Caja de Préstamos del Poder Judicial pagó dietas por ¢160 millones a directivos en plena crisis financiera

Según los estados financieros de los últimos tres años, cada miembro de la Junta Directiva recibió, en promedio, ¢20 millones por participar de las sesiones

A pesar de que cientos de afiliados tienen hasta un año esperando el pago de sus ahorros o inversiones por falta de liquidez, la Caja de Préstamos y Descuentos del Poder Judicial (Caprede) no interrumpió el pago de dietas a los miembros de su Junta Directiva.

De acuerdo con sus estados financieros, Caprede transfirió en los últimos tres años ¢160 millones a sus ocho directivos por concepto de dietas, es decir, ¢20 millones, en promedio, para cada uno.

Las millonarios pagos para los directivos ocurrieron pese al descalabro financiero que enfrenta la institución desde 2017, año en que una auditoría forense develó las malas inversiones en la compra y descuento de facturas hechas por su subsidiaria, Caprede Factoreo.

“La cartera de crédito, al 28 de febrero del 2017, muestra un nivel de concentración y un deterioro importante. Al punto de que las pérdidas estimadas en cartera incobrable llevarían a la empresa a una quiebra técnica”, detalló el informe forense, elaborado por la firma ARF Consultores y de la cual tiene copia La Nación.

Desde entonces, esa situación mantiene en riesgo los ahorros e inversiones de 3.000 funcionarios del Poder Judicial, entre los que se incluyen magistrados, jueces y fiscales.

A pesar de los pagos pendientes, solo entre enero y julio de 2020, los ocho integrantes de la Junta Directiva percibieron ¢48,3 millones por esa función.

En 2018 y 2019, los estados financieros de la Caja de Préstamos reflejan pagos para los directivos por ¢58,7 millones y ¢53 millones, respectivamente.

La Nación solicitó el 19 de marzo, vía correo electrónico, el total cancelado en dietas a los ocho integrantes de la Junta Directiva y el desglose transferido a cada uno, en los últimos tres años.

No obstante, el 25 de marzo, por medio de su agencia de comunicación, Caprede respondió que “ese tema es un asunto de naturaleza privada y que no puede brindarse el detalle solicitado”.

Alexander Arguedas, gerente general de Caprede, manifestó, vía telefónica, que sigue pagando dietas a los directivos, pero con seis meses de atraso.

Los miembros de la Junta, además, reciben préstamos personales calculados sobre el pago de las dietas, como dijo en una entrevista realizada el 12 de marzo, el actual presidente de la Junta, Carlos Mora Mora.

En la actualidad, la Junta Directiva está integrada por Mora, Carlos Álvarez Casasola, Braulio Granados Miranda, Randall Bonilla Quirós, Adrián Arroyo Acosta, Osvaldo Carvajal Sandoval, Cecilia Cordero Martínez y Nubia Aguilar Camacho.

Todas esas personas son funcionarios del Poder Judicial.

Este medio de comunicación solicitó, en varias ocasiones, una entrevista con Carlos Mora, pero a través de su asesora de comunicación, Fabiola Ruiz, informó de que no podría atender a La Nación y solicitó las preguntas por escrito.

El lunes 22 de marzo aseguró que estaba en una reunión e “iba para largo”. Al día siguiente, indicó que estaba de gira e insistió en que se le enviara por escrito las interrogantes.

Mal negocio

Entre los hallazgos de los auditores en 2017, está el hecho de que Caprede Factoreo aceptó a un cliente, identificado como Alfredo Rojas y Asociados, 484 facturas de Walmart que resultaron falsas. Esa condición fue confirmada por representantes de Walmart y subrayada por ARF Consultores en 2017.

Aquel negocio pareciera ser una de las explicaciones de por qué sufren ahora los afiliados por el futuro de sus ahorros, en algunos casos, de importantes sumas.

Es el caso de Sonia Navarro Castillo, jueza de 52 años, quien podría peder los ¢250 millones ahorrados a lo largo de muchos años de trabajo.

A la mujer, como a muchas otras personas, Caprede dejó de pagarles los intereses por sus ahorros desde el año pasado. La situación es tan delicada que, a algunos socios, les entregaron propiedades para compensar el daño provocado.

“Me ha afectado muchísimo, estoy en tratamiento con psicóloga, estoy hasta medicada porque es una situación preocupante, mi esfuerzo de tanto tiempo está en riesgo (...) Ese dinero es producto de mi fatiga diaria, me siento impotente”, dijo Navarro en una entrevista.

Denunciados

La situación financiera de Caprede es tan delicada que Alexánder Arguedas Vindas, gerente general de Caprede, fue denunciado ante el Ministerio Público por el presunto delito de intermediación financiera. El caso se tramita bajo el número de expediente 20-000069-621-PE.

Además, Adrián Arroyo Acosta, expresidente de la Junta Directiva de Caprede, enfrenta pesquisas por aparente apropiación y retención indebida en la causa 21-000007-619-PE.

Ambos casos, según el Ministerio Público, fueron denunciados entre mayo y noviembre de 2020 y están en fase de indagación, que es privada.

Arguedas y Arroyo dijeron que desconocen esos procesos judiciales y rechazaron ser los responsables del descalabro financiero de la Caja de Préstamos.

Caprede también interpuso, desde 2017, una denuncia penal por supuesta estafa contra un hombre de apellidos Rojas Moscoa, por la entrega de las facturas aparentemente falsas.

Sin embargo, desconocen si la pesquisa prosperará y si lograrán recuperar algo. Además, por la complejidad del caso, la investigación avanza lento.

Diego Bosque

Diego Bosque

Periodista en la sección Sociedad y Servicios de La Nación. Graduado de Periodismo en la Universidad Latina. Escribe sobre infraestructura y transportes.