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La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) está interesada en asumir la tarea de aprobar y fiscalizar las concesiones de las 392 rutas de bus y las 11.000 placas de taxi que operan en el país.
Así lo admitió Dennis Meléndez, regulador general, quien considera que su depedencia también debería encargarse de definir los reglamentos de operación y de calidad de ambos servicios.
Tal interés trasciende en momentos en que el Gobierno está elaborando un proyecto para reformar la entidad que hoy controla a los buses y taxis: el Consejo de Transporte Público (CTP).
Dicho Consejo, donde los empresarios tienen voz y parte en la toma de decisiones, es el encargado de dar las concesiones, definir parámetros de operación, atender quejas de los usuarios e imponer sanciones.
Solo el servicio de buses públicos moviliza a 2 millones de pasajeros al día.
En los últimos años, el CTP ha enfrentado críticas por lentitud de trámites y fallas de supervisión, así como roces con la Aresep, órgano que refrenda los contratos y fija las tarifas.
Roces. El regulador Meléndez alega que la Aresep y el CTP comparten competencias que generan fricciones y crean un ambiente de impunidad en la actividad del transporte. Por ello aboga por una reforma.
“La ley da la potestad a Aresep, en caso de que haya irregularidades, de quitar una concesión, pero resulta que el operador se va al Consejo de Transporte Público y al día siguiente le dan una nueva”, se quejó.
El roce más reciente ocurrió en abril anterior, cuando el Consejo aprobó renovar 160 concesiones de bus, pero la Autoridad Reguladora se negó a refrendarlas por falta de información sobre los nuevos contratos.
Sin este último visto bueno, ambas dependencias se enfrascaron en un fuerte debate sobre si los 160 concesionarios podrían recibir un aumento del 1,2% aprobado en aquel momento para las tarifas de bus.
Finalmente, el CTP otorgó a los empresarios la condición de permisionarios temporales y eso obligó a la Aresep a dar el alza.
En contra. Hernán Bermúdez, subdirector del CTP, admitió que hay tareas compartidas que causan diferencias con la Aresep, pero sostuvo que el manejo de las concesiones debe seguir en poder de su dependencia.
“Las funciones del Consejo de Transporte Público están dadas por ley, si la Aresep quisiera alguna de esas funciones, tendría haber una transformación de la ley”, aseveró Bermúdez.
Por su parte, Alfredo Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabus), reconoció que hay un conflicto de competencias, pero expresó que su organización no respalda un ajuste de roles.
“Al CTP le ha faltado liderazgo y la Aresep, aprovechando ciertas coyunturas, metió reformas cuando todo el mundo estaba descuidado para asumir funciones que no deberían ser suyas”, declaró Villalobos.
Gilbert Ureña, líder del Foro Nacional de Taxistas, aseveró que tampoco apoyan la idea.
