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Doce anestesiólogos del Hospital San Juan de Dios fueron los primeros en ser denunciados penalmente ante el Ministerio Público por desobedecer una orden girada, el pasado martes, por el Ministerio de Salud para que levantaran la huelga y regresaran a los quirófanos.
Si las acusaciones prosperan, los médicos se exponen a penas de hasta un año de cárcel.
Las denuncias fueron presentadas ayer en la tarde y son las primeras de un total de 100, cifra equivalente a la cantidad de especialistas de la CCSS que serán llevados a los tribunales, indicó el viceministro de Salud, Adolfo Ortiz.
La gestión ante la Fiscalía se dio solo cuatro horas después de que el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José declarara ilegal la huelga.
Dicha resolución ya fue comunicada a todas las partes.
La jueza Marniee Guerrero Lobato, responsable del pronunciamiento, razonó la ilegalidad aduciendo que la atención en salud es “un servicio público esencial” y que, por lo tanto, no hay cabida para un paro de labores.
Pese a esas dos acciones –la del juzgado y las denuncias penales–, los anestesiólogos insisten en que hoy continuará la huelga, por la cual ya se han tenido que cancelar 1.596 cirugías.
Esa afirmación la hizo Ricardo Díaz y Faz, presidente de la Asociación de Médicos Anestesiólogos.
Por su parte, Carlos Abarca, director jurídico de la Unión Médica Nacional, dijo que anoche se encontraban estudiando la sentencia sobre la ilegalidad del movimiento y adelantó que en las próximas horas se podría presentar una apelación contra esta.
La primera medida será el rebajo salarial de entre ¢80.000 y ¢100.000 a cada especialista por cada día que se haya sumado al paro, explicó Gustavo Picado, gerente administrativo de la Caja.
Gílbert Alfaro, director jurídico de la institución, agregó que a partir de hoy se deberán considerar otras justificaciones patronales, como el aducir que los especialistas abandonaron su trabajo, lo cual hasta podría acarrear despedidos.
Indicó que esto último deberá ser evaluado por Junta Directiva.
Por otra parte,
Según la Gerencia Médica, el impacto producido por el paro supera los ¢1.715 millones y toma en cuenta variables como la duración de una cirugía, el costo por uso de infraestructura y la estancia hospitalaria diaria.
En la cita estuvieron los jerarcas de Salud, Trabajo, Relaciones Exteriores y Migración, quienes acordaron llevar a cabo acciones para formalizar la contratación de especialistas de otras naciones.
Sandra Pizsk, titular de Trabajo, dijo que el Gobierno no descarta promulgar un decreto de emergencia sanitaria para acelerar los trámites.
