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Un tatuador que hacía cirugías plásticas de orejas, nariz y hasta bichectomías (para adelgazar mejillas) y una esteticista que realizaba, en un salón de belleza, procedimientos con láser fotón para rejuvenecimiento vaginal, son dos de los nueve casos por mala praxis o ejercicio ilegal de la profesión que ha tramitado este año el Colegio de Médicos de Costa Rica.
La proliferación de este tipo de hechos llevó a las autoridades de ese Colegio y del Ministerio Público a iniciar trabajos conjuntos, no solo para castigar penalmente este tipo de prácticas que, en ocasiones, terminan en tragedia, sino para evitar que sigan aumentando.
Como parte de esas medidas, el Colegio realizó este jueves un foro en el que participaron más de 60 fiscales del país con el fin de capacitar a los funcionarios en aspectos como práctica legal de la medicina, mala praxis y cómo se realizan los procesos de investigación a nivel interno de ese cuerpo colegiado de médicos.
Según Andrés Castillo, presidente del Colegio, desde que asumió la nueva fiscala general Emilia Navas, iniciaron acercamientos para evitar que las casos fueran desechados y aseguró que, desde entonces, se ha agilizado el proceso de denuncia y se le está dando “a estos temas la importancia que tienen”.
“Estamos preocupados y estamos haciendo a lo interno nuestra propia labor, definiendo el marco conceptual de quién puede hacer qué”, añadió Castillo.
“Es marcar cuál es la función administrativa, educativa, asistencial, de un profesional especialista o subespecialista o médico general, de acuerdo a la malla curricular que tenga incorporada en el Colegio”, agregó.
Hasta la fecha se han publicado unos 17 perfiles, de 50 que existen.
Sobre los casos mencionados, Castillo detalló que están siendo investigados, al tiempo que se trabaja con el Ministerio de Salud con el fin de crear un marco orgánico para limitar este tipo de situaciones.
“En una estética no se puede hacer una serie de cosas que están haciendo: botox, infiltración con polímeros, utilizando láseres en depilaciones con alta tecnología –y que no tienen la capacidad para utilizarlos– estamos trabajando en un marco de reacomodar el proceso de obtener una licencia”, agregó.
Por su parte, el Fiscal del Colegio, Mauricio Guardia, aseguró que, precisamente, el campo de la estética es donde enfrentan los casos más serios pues son de los pocos donde los procedimientos no requieren realizarse dentro de una institución del Estado.
Además, dijo que muchas denuncias se refieren al resultado obtenido, por no ser el que se esperaba o el que se había pactado con la persona que realizó el tratamiento o intervención.
Clínica estética acumula 16 denuncias
Una sola clínica estética acumula en el Ministerio Público cerca de 16 denuncias por intervenciones irregulares.
La fiscala general Emilia Navas aseguró que este es uno de los casos más graves que tramitan actualmente pues, además, tienen identificado que estas personas en repetidas ocasiones han conciliado de manera informal con las víctimas y así evitan llegar a juicio.
“Tenemos una en particular que tiene muchos casos y que, cuando ve que el caso se va acusar, le paga a la víctima, y la víctima se retracta, pero esta persona sigue en su actividad ilícita poniendo en riesgo la salud de nuevas personas (...) el hecho de que se impida llegar a juicio nos impide demostrar que hay reiteración delictiva y pedir prisión preventiva”, lamentó Navas.
La fiscala explicó que por tratarse de delitos por lesiones culposas se permite llegar a este tipo de arreglos, frente a los cuales, el Ministerio Público queda de manos amarradas. Por otro lado, Navas detalló que se trata de un grupo de personas, y constantemente cambian de ubicación para realizar los procedimientos.
Según la jerarca, la alta oferta de este tipo de tratamientos es una de las causas por las que las personas recurren a estos lugares, aunque no ofrecen ningún tipo de seguridad, experiencia, titulación ni respaldo académico de quienes van a realizar las intervenciones estéticas.
Asimismo, añadió que, entre las razones por las que las personas afectadas deciden aceptar este tipo de conciliaciones, destaca el grado de vulnerabilidad emocional de las víctimas tras sufrir un mal procedimiento.
“Lo que pasa es que si las personas toman conciencia de que esto es un hecho delictivo y no desean que otra persona lo sufra, al negociar de esa manera, sin que haya un respaldo o una vigilancia de las autoridades, le está abriendo las puertas a la persona irresponsable a que siga cometiendo este tipo de delitos”, manifestó Navas.
