Diego Bosque. 25 noviembre, 2020
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, enfrenta cuestionamientos por varias compras de emergencia que presentan presuntas irregularidades. Fotografía: Alonso Tenorio
Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, enfrenta cuestionamientos por varias compras de emergencia que presentan presuntas irregularidades. Fotografía: Alonso Tenorio

El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Román Macaya Hayes, debe dar explicaciones sobre las compras de emergencias aparentemente irregulares realizadas durante la pandemia.

Este es el criterio de representantes del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae) y de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca). El primero incluso, considera que la Junta Directiva de la CCSS debe abrir una investigación interna contra el jerarca.

También, varios diputados consultados por La Nación criticaron la poca transparencia del funcionario con respecto a presuntas anomalías en algunas contrataciones.

“Don Román tiene un serio problema, porque en las primeras conferencias de prensa él dijo que todas las compras se hicieron de forma efectiva y prácticamente defendió la labor de Luis Fernando Porras (gerente de Logística suspendido por supuestas anomalías), no tenemos los elementos para pedir la renuncia de don Román, pero sí creemos que se debe abrir un procedimiento administrativo contra él”,

Indudablemente tienen responsabilidad política la Presidencia Ejecutiva y las demás gerencias involucradas en las compras cuestionadas”, declaró Lenín Hernández, secretario general de Sinae.

Marta Rodríguez, líder de Undeca, cuestionó la actitud de Macaya frente a las denuncias publicadas por la prensa desde agosto. Considera que le ha faltado transparencia y no ha dado las explicaciones necesarias.

“Creemos que le ha faltado transparencia y que ha faltado información para la ciudadanía con respecto a estos temas; uno entiende la premura de que hay que tener equipos de protección y que se hayan hecho compras directas, pero lo que ha venido ocurriendo es preocupante.

“La responsabilidad política plena es de don Román Macaya, no hay otro responsable político porque él es el principal jerarca de la institución, pero adicionalmente pienso que hay una responsabilidad de la Junta Directiva y del Ministerio Público de investigar qué es lo que está ocurriendo en este tipo de compras”, comentó la sindicalista.

Este diario dio a conocer este martes que la CCSS pagó por adelantado $1,3 millones a la empresa Kai Gifts Inc Dba Bazarkai, por 570.000 respiradores KN-95 que, al final, resultaron ser de uso no médico y no se han podido utilizar en clínicas y hospitales.

Esa compañía es representada en Costa Rica por MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz, quien se inscribió como proveedora al inicio de la pandemia y logró hacerse con contratos por un total de $3.5 millones entre abril y junio del presente año.

El desembolso por anticipado se realizó el 7 de mayo por medio de una transferencia internacional a un banco en Delaware, Estados Unidos y la fiscalización de la mercancía se efectuó hasta el 13 de mayo.

FUENTE: CCSS    || DISEÑO / LA NACIÓN.

En agosto, Macaya afirmó, en dos conferencias de prensa, que la institución no pagaba nada sin antes fiscalizarlo.

“La Caja no paga absolutamente nada por adelantado, se paga contra entrega y una vez que se hace la revisión del cumplimiento de las especificaciones, de la calidad, de las certificaciones que puedan tener estos productos y que hayan sido requisito para participar en estas compras”, dijo el presidente ejecutivo de la CCSS el 5 de agosto en una conferencia de prensa.

(Video) CCSS incumplió procedimiento y pagó por adelantado $1,3 millones a proveedora

No obstante, los documentos demuestran que sí hubo pagos por anticipado y sin inspeccionar la calidad de los productos, necesarios para proteger a los trabajadores de clínicas y hospitales del covid-19.

La orden de pagar por anticipado, contrario a lo que dictan las normas de la CCSS, fue dada por Porras y su asesor, Hans Vindas Céspedes. Así lo indican varios oficios enviados por esos funcionarios entre el 2 de abril y el 6 de mayo.

Desde ese mes, investigaciones periodísticas de La Nación revelaron la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a la periodista española y un contador público costarricense de 32 años, quien incumplieron los plazos de entrega de forma parcial y total.

Esa publicación motivó la apertura de procedimientos disciplinarios en la CCSS contra varios funcionarios, entre ellos Porras y Vindas. Además, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si incurrieron en delitos penales.

El Ministerio Público también decidió abrir una investigación por la adquisición y pago de $1,3 millones por los 570.000 respiradores.

“En algunos momentos hemos hecho la valoración de pedir la renuncia de don Román. Sin embargo, eso no resuelve las responsabilidades, creemos que lo que tiene que hacerse es rendir cuentas, tanto el Gobierno, que puso a Macaya ahí, como el mismo Macaya.

“Tienen que explicarle al país qué está ocurriendo, porque son fondos públicos, fondos dedicados a la seguridad social que tienen una connotación distinta y porque se le ha pedido a los trabajadores de la salud una cuota de sacrificio en la institución, pero no se les está respondiendo de la misma manera en la protección de su vida (...) No podemos poner en riesgo la vida de las personas”, reiteró Marta Rodríguez.

Una de las principales molestias de los sindicatos es que al tiempo que se dan estos problemas con las compras, la Gerencia Médica le solicitó a los funcionarios reutilizar hasta cinco veces los respiradores filtrantes de partículas.

La Nación solicitó en múltiples ocasiones una entrevista con el presidente ejecutivo de la CCSS, pero no accedió.

   || DISEÑO / LA NACIÓN.

Diputados molestos

Yorleny León, diputada que preside la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aseveró que Macaya le mintió al país al decir que no se habían pagado contratos por adelantado, cuando los documentos señalan lo contrario.

Esa comisión investiga la adjudicación de los 12 millones de mascarillas a la periodista y el contador público.

“Ya van varias oportunidades en las que don Román le miente al país, esa es la palabra: mentir ¿Por qué? Porque antes de dar declaraciones, un jerarca debe asesorarse por parte de sus equipos técnicos y legales para tener claridad de la información que va a dar”, señaló la legisladora.

Melvin Núñez, diputado del Partido Restauración Nacional, indicó que el presidente ejecutivo debe mostrar una actuación contundente frente a las denuncias o, de lo contrario, salir de la dirección de la Caja.

“Del reportaje publicado por La Nación lo más ruidoso es el silencio de las autoridades de la Caja, nadie quiere dar la cara porque es muy acongojante la situación. Es muy acongojante ver que don Román dijo que no se pagaba nada hasta que se revisara y ahora queda claro que sí se pagó por anticipado”, Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN.

Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana, defendió a Macaya y argumentó que el presidente ejecutivo no tiene responsabilidad directa sobre pagos o adjudicaciones.

“Si alguien violentó los procedimientos, la responsabilidad debe caer sobre el funcionario, no sobre el presidente ejecutivo (...) Repito, yo no veo al presidente ejecutivo revisando si alguien giró un cheque o no lo giró, creo que él lo que tiene que ver son las políticas generales”.

Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional, subrayó la responsabilidad política de Macaya sobre los acontecimientos denunciados con respecto a compras de emergencia.

“Don Román es la cara, es la cabeza de la entidad. Hasta ahora, a la luz de la investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, no tenemos elementos para endilgarle una responsabilidad administrativa a él, sería irresponsable hacer eso de mi parte, pero sí es él quien tiene que responder por estos hechos y lo tiene que explicar hoy mismo.

“Él tiene que responder por esto, cómo se vulneraron los controles y cómo se pagó por adelantado, aquí hay una responsabilidad política de él por la selección del gerente de Logística y fue el gerente de Logística quien puso allí a sus asesores; don Román debe dar cuentas por lo sucedido y debe hacerlo hoy mismo”, concluyó el liberacionista.

Macaya deberá comparecer ante ese foro legislativo en las próximas semanas.