En agosto, Macaya afirmó, en dos conferencias de prensa, que la institución no pagaba nada sin antes fiscalizarlo.
“La Caja no paga absolutamente nada por adelantado, se paga contra entrega y una vez que se hace la revisión del cumplimiento de las especificaciones, de la calidad, de las certificaciones que puedan tener estos productos y que hayan sido requisito para participar en estas compras”, dijo el presidente ejecutivo de la CCSS el 5 de agosto en una conferencia de prensa.
No obstante, los documentos demuestran que sí hubo pagos por anticipado y sin inspeccionar la calidad de los productos, necesarios para proteger a los trabajadores de clínicas y hospitales del covid-19.
La orden de pagar por anticipado, contrario a lo que dictan las normas de la CCSS, fue dada por Porras y su asesor, Hans Vindas Céspedes. Así lo indican varios oficios enviados por esos funcionarios entre el 2 de abril y el 6 de mayo.
Desde ese mes, investigaciones periodísticas de La Nación revelaron la adjudicación de 12 millones de mascarillas por $4 millones a la periodista española y un contador público costarricense de 32 años, quien incumplieron los plazos de entrega de forma parcial y total.
Esa publicación motivó la apertura de procedimientos disciplinarios en la CCSS contra varios funcionarios, entre ellos Porras y Vindas. Además, el Ministerio Público abrió una investigación para determinar si incurrieron en delitos penales.
El Ministerio Público también decidió abrir una investigación por la adquisición y pago de $1,3 millones por los 570.000 respiradores.
“En algunos momentos hemos hecho la valoración de pedir la renuncia de don Román. Sin embargo, eso no resuelve las responsabilidades, creemos que lo que tiene que hacerse es rendir cuentas, tanto el Gobierno, que puso a Macaya ahí, como el mismo Macaya.
“Tienen que explicarle al país qué está ocurriendo, porque son fondos públicos, fondos dedicados a la seguridad social que tienen una connotación distinta y porque se le ha pedido a los trabajadores de la salud una cuota de sacrificio en la institución, pero no se les está respondiendo de la misma manera en la protección de su vida (...) No podemos poner en riesgo la vida de las personas”, reiteró Marta Rodríguez.
Una de las principales molestias de los sindicatos es que al tiempo que se dan estos problemas con las compras, la Gerencia Médica le solicitó a los funcionarios reutilizar hasta cinco veces los respiradores filtrantes de partículas.
La Nación solicitó en múltiples ocasiones una entrevista con el presidente ejecutivo de la CCSS, pero no accedió.
|| DISEÑO / LA NACIÓN.
Diputados molestos
Yorleny León, diputada que preside la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, aseveró que Macaya le mintió al país al decir que no se habían pagado contratos por adelantado, cuando los documentos señalan lo contrario.
Esa comisión investiga la adjudicación de los 12 millones de mascarillas a la periodista y el contador público.
“Ya van varias oportunidades en las que don Román le miente al país, esa es la palabra: mentir ¿Por qué? Porque antes de dar declaraciones, un jerarca debe asesorarse por parte de sus equipos técnicos y legales para tener claridad de la información que va a dar”, señaló la legisladora.
Melvin Núñez, diputado del Partido Restauración Nacional, indicó que el presidente ejecutivo debe mostrar una actuación contundente frente a las denuncias o, de lo contrario, salir de la dirección de la Caja.
Ramón Carranza, diputado del Partido Acción Ciudadana, defendió a Macaya y argumentó que el presidente ejecutivo no tiene responsabilidad directa sobre pagos o adjudicaciones.
“Si alguien violentó los procedimientos, la responsabilidad debe caer sobre el funcionario, no sobre el presidente ejecutivo (...) Repito, yo no veo al presidente ejecutivo revisando si alguien giró un cheque o no lo giró, creo que él lo que tiene que ver son las políticas generales”.
Carlos Ricardo Benavides, diputado de Liberación Nacional, subrayó la responsabilidad política de Macaya sobre los acontecimientos denunciados con respecto a compras de emergencia.
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“Don Román es la cara, es la cabeza de la entidad. Hasta ahora, a la luz de la investigación en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, no tenemos elementos para endilgarle una responsabilidad administrativa a él, sería irresponsable hacer eso de mi parte, pero sí es él quien tiene que responder por estos hechos y lo tiene que explicar hoy mismo.
“Él tiene que responder por esto, cómo se vulneraron los controles y cómo se pagó por adelantado, aquí hay una responsabilidad política de él por la selección del gerente de Logística y fue el gerente de Logística quien puso allí a sus asesores; don Román debe dar cuentas por lo sucedido y debe hacerlo hoy mismo”, concluyó el liberacionista.
Macaya deberá comparecer ante ese foro legislativo en las próximas semanas.
