Ángela Ávalos. 30 marzo
El presidente de la Unión Médica Nacional es Edwin Solano Alfaro. ' La Nación' intentó consultarlo sobre las razones del reclamo, pero no fue posible localizarlo. Foto: Archivo LN
El presidente de la Unión Médica Nacional es Edwin Solano Alfaro. ' La Nación' intentó consultarlo sobre las razones del reclamo, pero no fue posible localizarlo. Foto: Archivo LN

La Unión Médica Nacional amenaza con denunciar legalmente al Ministerio de Salud por no pagar horas extra a los funcionarios con salarios iguales o superiores a ¢4 millones mensuales, que apoyen en la atención de la emergencia por el nuevo coronavirus.

En un mensaje a sus agremiados, la organización informó de que procederá a “cobrar por la vía legal, y según lo establecido por la Reforma Procesal Laboral, todo el tiempo extraordinario laborado hasta la fecha y que no haya sido debidamente pagado”.

El sindicato de médicos solicitó a quienes se encuentren bajo esas condiciones “no realizar más tiempo extraordinario a partir de este momento”, en un mensaje que comenzó a circular por redes sociales el viernes 27 de marzo.

La Unión Médica se basa en un oficio enviado el 25 de marzo anterior por Priscilla Herrera, directora general de Salud, en el Ministerio de Salud, a los directores del nivel central, regional, y de áreas rectoras de esa cartera.

El oficio MS-DGS- 0946- 202 reitera la situación de alerta amarilla en que se encuentra Costa Rica desde el 8 de marzo, debido a la pandemia por covid-19.

A este lunes 30 de marzo, la emergencia ha dejado 330 casos confirmados del nuevo coronavirus y dos muertos. El primer caso se registró el 6 de marzo.

Según el Ministerio de Salud, en sus diferentes oficinas laboran un total de 2.290 trabajadores. De ellos, 49 tienen salarios iguales o superiores a ¢4 millones al mes.

Herrera aclara en el documento que "se hace necesaria la movilización del personal profesional destacado en las Áreas Rectoras de Salud, las Direcciones Regionales y del nivel central para la ejecución de diferentes acciones que conllevan la atención” de la emergencia.

Tras un análisis jurídico, que se llevó incluso al despacho del ministro de Salud, se concluyó que los funcionarios con salarios iguales o superiores a ¢4 millones no tienen autorizado el pago de horas extras por la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de diciembre de 2018.

Dichos funcionarios son parte de un equipo mayor que realiza diferentes labores vinculadas con la atención de esta pandemia.

Entre sus tareas figuran la participación en las comisiones municipales y regionales de Emergencia, la activación de la sala de situación de vigilancia epidemiológica a nivel local, regional y nacional.

También intervienen en el desarrollo de investigaciones de campo, el análisis de datos epidemiológicos así como en la notificación de órdenes sanitarias de aislamiento domiciliar.

Parte del trabajo que estos funcionarios y sus equipos deben realizar fuera de su jornada laboral incluye la clausura de locales que incumplan las órdenes sanitarias, y la emisión de lineamientos técnicos sobre cómo proceder mientras se prolongue esta pandemia.

La Nación intentó localizar a Edwin Solano, dirigente de la Unión Médica Nacional. Aunque se le dejó un mensaje por WhatsApp y con su coordinador de prensa, no fue posible que contestara la consulta al cierre de esta nota.

Costa Rica mantiene la alerta amarilla por covid-19 y el estado de emergencia nacional por la pandemia causada por esta enfermedad respiratoria.

Además de insistir a la población sobre la necesidad de mantenerse en casa y cumplir con las medidas de higiene básicas para cortar las cadenas de transmisión del nuevo coronavirus, el Estado ha ordenado medidas de mitigación para evitar que en Costa Rica se repita el colapso de los sistemas de salud que han sufrido países como España, Italia y Estados Unidos.

Esas medidas incluyen, entre otras, la suspensión de lecciones, el cierre de fronteras a los extranjeros que no tengan condición de residencia, la restricción vehicular con propósitos sanitarios y el cierre de bares, discotecas y casinos.