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Habló del daño que causó la unión de médicos especialistas a la huelga, de dos muertes de pacientes que ahora están en investigación y de la ausencia masiva de personal de Enfermería en el centro médico alajuelense mientras se disputaba el clasico Liga-Saprissa, el sábado 10 de agosto.
Sin embargo, el presidente de la CCSS, Román Macaya, fue cuidadoso en no atacar a los líderes sindicales que promovieron la protesta de ocho días en hospitales y centros de salud públicos.
El jerarca defendió el acuerdo firmado con representantes de 17 sindicatos el 12 de agosto con el único argumento de normalizar los servicios y la atención de pacientes, aunque en el documento no se plasmó ninguna estrategia mediante las cuales los empleados que estuvieron en huelga compensarían el tiempo, las citas y las cirugías perdidas.
Aunque ha recibido fuertes críticas de sectores políticos, empresariales y hasta de miembros del Gobierno, Macaya intentó justificar una y otra vez el arreglo alcanzado con el gremio.
“El acuerdo fue el posible, no el ideal, no el perfecto; nosotros queríamos más (...) Yo les pido a todos, a la prensa y al país, que pongamos esa perspectiva en la dinámica de una negociación de huelga en la Caja, que es muy diferente a una negociación en otras instituciones, no somos cualquier institución, somos la que garantiza el derecho a la vida y a la salud”, aseveró Macaya en conferencia de prensa este miércoles.
El jerarca insistió en que tanto la Caja como el Gobierno priorizaron a los pacientes en la negociación con los sindicatos. Según dijo, en comparación con la huelga de un mes del año anterior, en esta participaron más especialistas provocando una afectación más acelerada en cirugías y consulta externa.
“Hay dos muertes que están bajo investigación sobre las causas en las cuales se dieron. Ese es el drama que se vive, en ese drama estábamos bajo una negociación con posiciones que son duras como ya sabemos, una negociación compleja y donde todo el mundo quisiera un resultado ideal, un acuerdo perfecto, pero teníamos que lograr el acuerdo posible, porque el perfecto no existe”, insistió Macaya, pidiendo a la prensa y al país que consideraran su posición.
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El acuerdo dejó en manos del Tribunal Contencioso determinar si el acuerdo firmado el 20 de febrero debe anularse o no, pues permite que los 57.000 empleados de la Caja reciban el pago de sus anualidades e incentivos de manera porcentual, y no con monto fijo como lo señala la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Mientras se resuelve en vía judicial, lo que podría tomar cinco años o más, los trabajadores mantendrán las condiciones.
“Cuando se negocia una huelga en la Caja, se negocia bajo esas presiones y esa cruda realidad del drama humano y lo hicimos usando los principios de legalidad judicializando los puntos de diferencia que teníamos en dos puntos: el concepto de derecho adquirido en anualidades y pluses preexistentes a la reforma fiscal, eso es lo que está judicializado. Todo lo demás se implementa”, afirmó Macaya.
Ante los medios de comunicación, el jerarca se negó a reconocer que el Gobierno cedió en la mayoría de las exigencias de los sindicatos.
“Todos hubiésemos querido un mejor resultado, pero el sector sindical probablemente hubiese querido un mejor resultado. Ese fue el acuerdo posible”, insistió el jerarca.
Otros puntos del acuerdo del 12 de agosto son la presentación de un proyecto de ley para asegurarles el pago bisemanal y no quincenal como señala la reforma fiscal, y crear una mesa para evaluar elevar el auxilio de cesantía de ocho a 12 años.
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