En mayo de 2022, cansados de recibir agua con sedimentos y lodo, los vecinos de calle La Concha, en Sarchí, Alajuela, empezaron un largo camino que los obligó a acudir a la Sala IV para proteger las nacientes que dan el líquido a más de 1.000 personas.
En ese camino, miembros de la Asociación Administrativa del Acueducto Rural de Calle Concha tocaron las puertas del ayuntamiento local, el Ministerio de Salud y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) sin conseguir resultados positivos.
Por esa razón, en agosto de 2022 presentaron un recurso de amparo ante la Sala IV por daños ambientales e invasión del área de protección de nacientes de agua para el consumo humano.
Nueve meses después, los magistrados constitucionales dieron la razón a la Asociación y ordenaron a Luis Alonso González Arce, jefe de la Oficina Subregional de Grecia del SINAC, tomar medidas para garantizar la protección de las nacientes.

Además, le exige resolver, en un plazo no mayor a dos meses, contados a partir de la notificación de la sentencia constitucional, una denuncia presentada por la Asociación desde mayo de 2022.
José Luis Soto Carranza, administrador de la Asociación, explicó que los problemas se iniciaron cuando los dueños de la propiedad, donde están ubicadas las tomas de agua, decidieron acabar con un cafetal y transformar el terreno en una plantación de aguacates.
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Desde ese momento, los movimientos de tierra, los cortes de árboles y trabajos de fumigación provocaron escorrentía (agua de lluvia que corre por la superficie de la tierra) que afectó las nacientes y, casi de inmediato, las 255 familias que reciben el servicio empezaron a notar lodo y otros sedimentos en el líquido que recibían en sus casas.
De acuerdo con Soto, presentaron una denuncia ante las autoridades para corregir el problema y hacer respetar el área (200 metros) alrededor de las nacientes para su protección.
Esa acción provocó la emisión, por parte del SINAC, de una advertencia dirigida a una familia de apellido Gallegos, propietarios de la finca donde están las nacientes. Sin embargo, según Soto, los problemas persistieron.
“A ellos se les indica que no pueden realizar ninguna actividad que afecte a las nacientes, pero el fontanero y yo vamos varias veces al mes para darles mantenimiento a los equipos, a los tanques y todo eso y vamos viendo que los trabajadores de la finca continúan haciendo trabajos de corta de zacate, fumigación y otros en el área de protección”, detalló Soto.
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La Sala Constitucional declaró que el SINAC no logró demostrar que haya dado seguimiento a la denuncia presentada por la Asociación y “mucho menos que se hayan realizado acciones para aminorar o atender el daño provocado”.
“Es menester aclararle a la autoridad recurrida que, en el marco de sus funciones, no basta con presentar las denuncias de carácter penal para la atención del caso en cuestión, siendo que ello no inhibe a la administración de dar la debida atención, seguimiento y resolución en sede administrativa a las denuncias planteadas por la parte recurrente.
“Aunado a ello, tampoco basta con emitir prevenciones a los presuntos responsables de la problemática”, resolvieron los altos jueces.
El representante de la Asociación espera que, tras el fallo, las autoridades del SINAC se tomen el problema en serio y hagan respetar el área de protección de las nacientes.
La Asociación fue fundada en 1999.
