En el último acuerdo firmado por el Gobierno, las autoridades de la Caja y los sindicatos nunca se consultó a las ministras de Hacienda y Planificación.
Solo el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, conocía sobre los compromisos que se estaban gestando el 12 de agosto, pues estaba interesado en poner punto final a un conflicto que acumulaba ocho días de parálisis en los servicios de salud.
Así lo manifestó este jueves, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, frente a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa.
Aclaró, sin embargo, que solo pone las manos al fuego por el acuerdo del cual fue testigo, en agosto, cuando el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, se comprometió con los sindicatos a mantener el acuerdo de febrero, contrario a la reforma fiscal, y resolver el conflicto en la vía judicial.
El acuerdo del 20 de febrero señaló que el cálculo de las anualidades se mantendría de forma porcentual y con monto fijo como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas o reforma fiscal.
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A su salida de esa comparecencia, la última en la investigación legislativa que se sigue sobre la firma de esos acuerdos y su impacto en la implementación de la ley– Morales explicó a La Nación que en ese momento no consideró necesario informar a las ministras.
“Interpretamos que la norma general sobre el empleo público ya estaba recogida en las leyes. No creímos que sobre eso fuera necesario consultar a doña Pilar (Garrido, ministra de Planificación)”, dijo Morales.
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Minutos antes, el ministro dijo a los diputados que la hoy exjerarca de Hacienda, Rocío Aguilar, tampoco fue considerada para ese tipo de consultas.
"Entiendo el marco en el cual (los diputados) hacen la consulta: tratar de hacer ver una contradicción y la existencia de conflictos.
“La lección que hay que aprender es tratar de que las soluciones que plantean diferentes instituciones sean previamente consultadas, llegar con posiciones unificadas y tratar de evitar hasta donde sea posible los conflictos interinstitucionales, que siempre se dan, es una situación hasta normal y propia de la función pública”, dijo el ministro a La Nación.
Morales fue el último en una lista de convocados a esa comisión, donde se abrió el expediente 21.581 para investigar las condiciones en que se firmaron los acuerdos entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los sindicatos, el 20 de febrero y el 12 de agosto.
El ministro presentó sus alegatos y respondió preguntas de los legisladores poco después de la 1 p. m., luego de que lo hiciera su colega de gabinete, Pilar Garrido.
La ministra de Planificación, quien llegó puntual al mediodía, reiteró a los diputados que a ella nunca se le consultó ninguno de estos acuerdos, con excepción de la adenda del firmado en febrero; en ese momento, dijo, se le preguntó sobre el pago bisemanal. Después de eso, nada más.
Garrido reconoció la existencia de “múltiples intrepretaciones” las cuales, a la postre, llevaron a la emisión de cuatro decretos para aclarar la aplicación de la reforma fiscal, aprobada el 4 de diciembre y de vigencia inmediata.
"Tratamos de aclarar sobre la complejidad de la implementación del título tercero (de la reforma fiscal, dedicado al empleo público), que no hubo un proceso adecuado de transición para el mismo y que, poco a poco, con la implementación de los operadores fue necesario ir clarificando la ruta.
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“Macaya (Román, presidente ejecutivo de la CCSS) y toda la Caja hizo el mayor esfuerzo para actuar de buena fe. En el primer decreto, hubo una interpretación de ellos que, en estos momentos, se ha confirmado no se ajusta a lo que señala la ley, y que ya fue rectificado”, dijo al salir de la Comisión.
Según explicó la ministra tras finalizar su comparecencia, estos dos acuerdos se celebraron en un contexto donde se trató de priorizar el interés de las personas, mas, según ella, “no se ajustaban a algunas interpretaciones en el desarrollo de los reglamentos y al espíritu de la ley”.
Complejidad y apoyo
Ambos ministros defendieron, por aparte, la gestión de las máximas autoridades de la Caja en este proceso. Sobre todo, Morales.
El ministro de la Presidencia aseguró que la Caja ha ejecutado desde el primer momento la reforma fiscal. Puso como ejemplo, la reducción de la cesantía de 20 a 8 años en diciembre.
Según Morales, el equipo negociador siempre puso como prioridad la salud y la vida de las personas como meta para resolver el conflicto, que finalmente se llevó a vía judicial sin éxito, pues en setiembre la Contraloría General de la República ordenó a la Caja ignorar los acuerdos y aplicar la reforma fiscal.
Macaya, en su comparecencia ante los diputados de esta comisión, el 19 de setiembre, aseguró que el Poder Ejecutivo conocía las conversaciones con los sindicatos y el interés de evitar huelgas.
Cada vez que habla o es consultado sobre este tema, insiste en que las decisiones se tomaron bajo el marco legal vigente, que fue cambiado o adaptado con cuatro decretos ejecutivos emitidos en distintos momentos.
“El presidente sabía de las negociaciones, de los detalles de las mismas no. Nosotros no incurrimos en ninguna ilegalidad”, dijo este jerarca en octubre, al defender que se buscó una salida a la afectación en los servicios de salud.
En una dirección totalmente contraria, la hoy exministra de Hacienda, Rocío Aguilar, declaró en la Comisión de Asuntos Hacendarios de Asamblea Legislativa que el presidente de la CCSS incumplió la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al firmar el 20 de febrero un acuerdo con los sindicatos para mantener el pago porcentual de pluses a los 57.000 empleados de esa entidad.
En esta comparecencia del 3 de octubre, Aguilar manifestó lo siguiente, refiriéndose a Macaya: “No cumplió con lo estipulado en el título tercero de la ley”.
Durante la última sesión de audiencias sobre este caso, los diputados presentes insistieron, principalmente el liberacionista Roberto Thompson, en confirmar si las ministras habían sido informadas o no durante las negociaciones con los sindicatos, dado el impacto que una decisión como esa tendría en las finanzas de la institución.
La diputada oficialista, Paola Vega, reconoció que “ha habido errores de todas las partes”, incluso del lado legislativo, dijo, al no contemplar un plazo de vigencia de la ley razonable para la implementación de la reforma fiscal.
“¿Cómo se pretendía aplicar esto al día siguiente?”, cuestionó la legisladora quien también informó a las autoridades de que el primer decreto del 18 de febrero y el criterio del Servicio Civil siguen vigentes porque ningún otro decreto los derogó, como era necesario.