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El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) gestiona el cobro de obligaciones patronales aparentemente incumplidas por tres oficinas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
De acuerdo con la legislación vigente, los empleadores deben cancelar, según su actividad, entre 0,5% y 1,5% sobre el total de su planilla mensual. Los fondos recaudados se invierten en la operación del INA.
No obstante, en los registros de esa institución, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo debe ¢10,7 millones, el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente ¢6,5 millones y la Organización Internacional para las Migraciones ¢196.000.
Erick Calderón, jefe de la Unidad de Recursos Financieros del INA, explicó que esos organismos de la ONU adquirieron la condición de morosos tras inspecciones realizadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Para nosotros no hay diferencias, ellos son un patrono y están empleando trabajadores. Sin embargo, nosotros no tenemos el músculo (de cobro) que tiene la Caja, ellos sí aplican cierres y tienen otras potestades para cobrar, nuestra normativa no funciona así”, declaró Calderón.
Ante las dificultades de cobro, el INA ya trasladó a cobro judicial dos de los tres casos. Esas gestiones son realizadas por abogados externos al Instituto.
“Ellos (la ONU) se amparan, muchas veces, en protocolos, convenios e inmunidades, pero nosotros no hemos recibido de ellos alguna comunicación en la que nos digan que no deben pagar y por eso los hemos pasado a cobro judicial”, agregó el funcionario.
La CCSS también reclama un cobro por ¢1.324 millones a siete agencias del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica. Los pasivos se originaron tras denuncias de trabajadores, extrabajadores o inspecciones de oficio.
La ONU insiste que no debe desembolsar cargas sociales a ninguna institución del Estado, pues gozan de inmunidades y privilegios que derivan de tratados y convenios internacionales.
"La ONU no está morosa con el Instituto Nacional de Aprendizaje ni con ninguna institución del Estado Costarricense. La ONU no es sujeto de cobro de cargas sociales en ningún país.
“En la Carta de las Naciones Unidas y en la Convención General y la Convención de las Agencias Especializadas, los Estados Miembros acordaron garantizar el estado independiente de las Naciones Unidas y no someterlo a los regímenes nacionales. La contratación y el servicio del personal de la ONU no están sujetos a las leyes y reglamentos locales. Esto garantiza la igualdad de trato y la igualdad de garantías”, manifestó la ONU por medio de su oficina de prensa.
Ese criterio legal es muy diferente al expresado por la Procuraduría General de la República, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
El 22 de mayo, la Cancillería envió una nota formal a Alice Shackelford, representante de la ONU en el país, en la que reitera no existe nada en la normativa internacional que los exima de pagar obligaciones con la seguridad social.
Este martes 9 de abril, Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, expresó que evalúan llevar este conflicto a un arbitraje con el objetivo de resolverlo.
“La ONU no puede recibir ninguna notificación de cobro de ninguna institución o entidad, pues el marco legal internacional define que la ONU no está sujeta al pago de los sistemas de seguridad social del país”, añadió la ONU.
‘ONU equivocada’
Jaime Ordoñez, doctor en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, España, dijo que la interpretación hecha por las Naciones Unidas es equivocada.
Para el experto, la normativa es clara en cuáles funcionarios de la ONU sí están exentos del pago de cargas sociales y cuáles no.
“Solo los funcionarios de rango internacional o extranjeros inscritos como Misión Internacional ante la Cancillería de la República no deben pagar. Por el resto, por el personal nacional, sí deben pagar a la Caja, están obligados y también con respecto a otras obligaciones tributarias”.
Ordoñez fue embajador especial del Gobierno de Costa Rica ante el Consejo Permanente y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en 2001, en ese año se realizó la negociación de la “Carta Democrática Interamericana”.
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Además, es asesor de varias oficinas de la ONU en varios países.
“No es necesario ir a un arbitraje internacional, eso es absurdo, eso es gastar mucho dinero, sobre eso ya hay muchas resoluciones al respecto (...) En el caso de una diferencia ¿Qué procede? la aplicación de las leyes de Costa Rica. Punto.
“Lo que deberían hacer los funcionarios de las Naciones Unidas encargados de estas decisiones es revisar cuidadosamente la jurisprudencia del país en este campo y proceder de esa manera”.
