Rodolfo Solano, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, no descarta acudir a un arbitraje o alguna otra herramienta jurídica internacional para resolver las diferencias entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), sobre el pago de cargas sociales en el país.
La Caja reclama a siete agencias de la ONU el pago de ¢1.324 millones por supuestos incumplimientos de sus obligaciones patronales a la hora de contratar costarricenses o residentes.
La deuda se originó luego de denuncias de trabajadores e inspecciones de la CCSS.
El criterio legal de la Caja, la Procuraduría General de la República y la Cancillería es que la ONU debe atender esa obligación.
Por su parte, la ONU sostiene que no deben pagar cargas sociales por los trabajadores costarricenses que emplean y que no existe deuda alguna.
“¿Cómo podemos aclarar esto? Repito: conversando, viendo todos los elementos y buscando una nueva interpretación a través un arbitraje ¿Por qué no?”, dijo Solano en una entrevista con La Nación.
El canciller no oculta su interés de resolver la controversia y afirma que exploran las posibilidades legales para solucionar el asunto por medio de un tercero.
―¿Usted participó en la reunión, días atrás, con representantes de la ONU en la Cancillería?
―No, no estuve en esa reunión, pero sí tenía conocimiento de esa cita y he instruido de manera clara y precisa que abordemos este tema que ha estado por varios años en la palestra y que busquemos una solución amparados en el derecho local e internacional.
"Esa reunión se enmarca en ese proceso, también he instruido que tengamos reuniones con la Caja Costarricense de Seguro Social, de tal suerte que, como procede, siendo el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto el interlocutor, podamos generar las condiciones apropiadas para una solución y llegar a una claridad absoluta. Esa claridad pasa por la plataforma jurídica que debe aplicarse y si no la tenemos clara, precisar cómo la vamos a aclarar.
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― ¿Respalda el pronunciamiento de la Cancillería sobre que las agencias de la ONU deben pagar a la seguridad social si emplean nacionales?
― Así es. Nosotros tenemos un criterio, lo hemos esbozado en la nota, ahí está el fundamento jurídico de la Cancillería y se lo hemos comunicado a los organismos internacionales. Ellos (la ONU) tienen una posición y cuando uno tiene dos posiciones encontradas, ¿qué hace? Sentarse a conversar, revisar la materia jurídica y buscar una solución viable para las dos partes y aclarar una hoja de ruta.
― ¿Por qué es importante solucionar este asunto?
― En las últimas semanas he venido analizando la importancia de que Costa Rica actualice, con legislación local propia, la promoción y permanencia con garantías, inmunidades y privilegios de organismos internacionales. Para un país como Costa Rica es fundamental ser sede de organismos internacionales y de embajadas, en el pasado tuvimos mucha presencia, pero se fueron porque otros países les ofrecían otras inmunidades y privilegios.
“Es importante retomar este tema, he constituido un equipo jurídico que revise toda la normativa que tenemos y que estamos aplicando, ver qué se puede mejorar por medio de reglamentos y decretos y, si es necesario, someter a consideración de la Asamblea Legislativa una ley marco que nos permita garantizar claridad para que los organismos internacionales pueden regresar a Costa Rica como sede, lo veo como una estrategia de política exterior inteligente y apropiada”.
― ¿Qué características tendría una legislación de ese tipo?
― Lo que sostengo es que, como parte de mis objetivos, debemos generar un andamiaje que garantice seguridad jurídica para que organismos internacionales consideren a Costa Rica como un destino en el que puedan habilitar operaciones.
"Hace muchos años, Costa Rica se caracterizaba por ser sede de organismos o agencias internacionales, muchas de las cuales, por diferentes motivos, cerraron labores acá y se trasladaron a otros países. Considero que Costa Rica, como parte de su estrategia de vinculación con organismos internacionales, debe generar las condiciones para que ellos consideren, nuevamente, abrir operaciones en Costa Rica.
"¿Cuáles son esas condiciones? Bueno... pasan por el inventario de cuáles son los beneficios que se le pueden dar a esos funcionarios diplomáticos en cuanto a inmunidades y privilegios, de tal suerte que, junto a la tradición pacifista y de derechos humanos, condiciones operativas, de sostenibilidad y, sobre todo ahora, de esa ruta de manejo de la pandemia, Costa Rica se pueda convertir en un muy buen destino para que los organismos internacionales nuevamente vengan, como sede.
“Me parece que hay legislación que está muy disgregada en diferentes normas y que una acción muy responsable y coherente sería unificar toda la normativa en una ley marco que genere incentivos jurídicos”.
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―¿Estaría dispuesto el país a ceder en esa legislación marco y permitirle a esos organismos que no paguen a la seguridad social cuando contraten trabajadores costarricenses?
―Yo lo que le puedo decir es que, al día de hoy, con los criterios jurídicos que tenemos, hay algunas divergencias con los criterios que esbozan en el Derecho Internacional. Cuando tenemos esas dos posiciones, tenemos que buscar una solución y esa solución podría ser una interpretación de la normativa nacional o generar nueva normativa que pueda armonizar la legislación nacional con la internacional.
―¿Qué pasa si el sistema de Naciones Unidas insiste en que no deben pagar los ¢1.324 millones que reclama la CCSS como deuda? ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo?
―Yo soy optimista, este es un tema de vieja data y que yo quiero entrarle de frente, poner todos los elementos sobre la mesa y establecer un diálogo (...) Naciones Unidas es un socio estratégico de Costa Rica, es un socio con el que hemos construido una intensa agenda de cooperación. Sigue siendo importante, desde nuestro punto de vista, contar con toda la asistencia en diferentes campos y lo más responsable es ordenar la materia jurídica. Esa discusión tiene que darse.
―¿Qué se le puede decir a los trabajadores y extrabajadores de oficinas de la ONU en Costa Rica que ven afectados sus derechos e intereses por esas diferencias?
―Yo no podría entrar a hacer valoraciones de juicios de casos que no conozco, ni me corresponde conocer cuáles fueron las condiciones contractuales que se dieron en su momento, por eso es importante que si hay una divergencia entre dos partes, primero buscar una solución posible dentro del marco jurídico y si ese marco jurídico presenta un antagonismo, pues arreglarlo.
―Pero en medio de ese antagonismo están los trabajadores como la parte más débil...
―Bueno, eso es el principio de in dubio pro operario, lo que me corresponde a mi es garantizar que la legislación se observe y se aplique ¿Cómo podemos aclarar esto? Repito: conversando, viendo todos los elementos y buscando una nueva interpretación a través un arbitraje ¿por qué no? o, a futuro, para que estas situaciones no se repitan tener un marco regulatorio mucho más claro.
—¿Hay arbitrajes internacionales para este tipo de controversias?
―En realidad hay que estudiarlo, pero cuando uno tiene una divergencia debe buscar un tercero.