Las denuncias de maltrato realizadas por varios pacientes que estuvieron internados en el Hospital Nacional Psiquiátrico, obligaron a revisar los protocolos de atención que se siguen ahí con los enfermos mentales.

La directora interina del Psiquiátrico, Patricia Orozco, confirmó a La Nación que se trabaja con los equipos interdisciplinarios responsables de la atención de estos enfermos.

“Se está haciendo un trabajo para sensibilizarlos, ver si tienen los conocimientos necesarios para aplicar los protocolos y cómo lo están haciendo”, dijo Orozco.

Según la funcionaria, el propósito es fortalecer lo que sea necesario, tanto en la calidad de los protocolos vigentes, como en la capacitación de los profesionales responsables de aplicarlos con cada paciente.

Esta información trasciende al tiempo en que la Gerencia Médica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ordenó una investigación de oficio sobre la calidad de la atención recibida ahí por los enfermos mentales.

Esa investigación, dijo Orozco, está a cargo de las jefaturas de Enfermería y la Clínica Médica del hospital.

La Auditoría General de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud, también investiga las denuncias de supuestos maltratos realizadas en redes sociales y en La Nación, de pacientes que estuvieron internados ahí entre el 2019 y el 2021.

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La viceministra de Salud, Alejandra Acuña, solicitó la intervención de la Auditoría, luego de publicaciones realizadas por La Nación, la semana anterior. El informe debe ser entregado la próxima semana.

En un inicio, el Hospital Psiquiátrico dijo que solo podía investigar los casos si las personas planteaban una denuncia formal, pues no podían guiarse únicamente con lo que sale en redes sociales.

El llamado a formalizar la queja sigue en pie, con la diferencia de que la CCSS le recordó al hospital la vigencia de la Normativa de Relaciones Laborales, que en su artículo 96, según la Caja, establece lo siguiente:

“Siempre que la administración conozca de alguna irregularidad, ya sea por denuncia o de manera oficiosa, estará en la obligación de investigar a efectos de determinar verdad real.

“En tal sentido, toda jefatura que actúa como órgano decisor, una vez que tenga conocimiento de un presunto hecho irregular que afecte los intereses de la Institución, independientemente de que se haya interpuesto o no denuncia, deberá actuar oficiosamente, efectuando una investigación preliminar o tomar la decisión de inicio de un procedimiento administrativo, según corresponda, una vez que constate la existencia de elementos de mérito para ello”.

Ante consulta de este medio, Orozco rechaza que el hospital haya sido presionado por las autoridades de la Gerencia Médica para investigar.

Asegura que ese proceso estaba activo, y reiteró la necesidad de la formalización de la denuncia para obtener de la fuente directa (pacientes que se sienten afectados) todos los detalles del supuesto hecho: día, lugar en que sucedió, nombre del funcionario o funcionarios que lo maltrataron, entre otra información.

Historias ‘espejo’

Las denuncias comenzaron a hacerse públicas el lunes 28 de junio, cuando la joven María Daniela Leitón Villavicencio narró en su cuenta de Twitter aparentes maltratos recibidos mientras estuvo internada en el Hospital Nacional Psiquiátrico, entre el 12 y el 22 de junio pasados, cuando fue en busca de atención por una crisis.

Leitón también aseguró haber sido testigo de maltratos a otros pacientes que estuvieron en ese mismo periodo.

Su denuncia en Twitter, que luego confirmó y detalló en una entrevista con La Nación, encontró eco en otros pacientes, quienes también dijeron haber sufrido situaciones similares.

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Estas personas se quejan de que los amarraron a la fuerza, sujetándolos hasta que sus extremidades se ponían moradas.

También, denunciaron recibir medicamentos sin explicación alguna, que los mantenían sedados, así como de burlas y amenazas de parte del personal de salud a cargo de su atención.

“Salió peor de lo que entró: con estrés postraumático y brotes de violencia que nunca había tenido. Eso fue en febrero. En agosto, tuve que sacar un préstamo y pagar un internamiento en un hospital privado, donde topamos con un ángel, que es el que la tiene compensada ahora”, comentó la mamá de una adolescente, que pidió guardar su identidad.

“Lo espantoso en todos mis internamientos es que uno se siente tratado como si fuera una yegua. En este último, primero me metieron a la UCI. Ahí lo inyectan y lo amarran a uno, con mucha fuerza, hasta dejarle las manos moradas. Lo amarran con gasas grandes. Dijeron que yo era agresiva, lo cual era mentira”, se quejó Amira Rodríguez Angulo, quien estuvo hospitalizada en junio anterior.