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“Me encuentro en una gira de trabajo fuera de San José que no puedo cancelar ni cambiar con poca antelación”.
Esa fue la justificación dada por David Landergren Castro, contador público involucrado en una polémica venta de millones de mascarillas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para no comparecer ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, que sesiona a la 1 p. m. de este jueves.
Landergren fue convocado a ese foro legislativo dentro de una investigación por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por $4 millones para adquirir 12 millones de mascarillas, otorgado el 27 de mayo.
“Le ruego aceptar mis disculpas por los inconvenientes que pueda ocasionarle, le solicito de la forma más respetuosa, reprogramar mi visita a la Comisión para una fecha posterior a la comunicada en su atento correo electrónico”, agregó el contador en la nota enviada a los legisladores, el 7 de setiembre.
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Gloriana Martínez, técnica de la Comisión, le contestó al compareciente que de acuerdo con la normativa nacional, esa no es una razón válida para ausentarse y le advirtió que los legisladores pueden mandarlo a traer con la Fuerza Pública.
“La justa causa para no asistir a una convocatoria de una comisión investigadora legislativa no es cualquier pretexto, puede deberse a razones de incapacidad, claramente demostradas a través de la respectiva emisión de la misma por parte de la CCSS, pero aun así, si dicha incapacidad permite atender la audiencia, pues no implica ningún impedimento físico o cognitivo, la persona llamada, debe acudir a la solicitud de la presidenta de la Comisión”, expresó la Comisión.
Además, le enfatizó que la legislación le da la potestad a Yorleny León, quien preside el foro, para solicitarle colaboración a la Fuerza Pública para garantizar su presencia en la cita de este jueves.
La Nación ha intentado comunicarse con Landergren para conocer su posición sobre este tema, pero no ha atendido las llamadas.
A la audiencia también fue convocada Miren Martínez Ruiz, periodista española dueña de MR Comunicaciones Políticas.
Los cuestionamientos
La adjudicación de los 12 millones de mascarillas por $4 millones fue distribuida en 7 millones para Landergren por $2,1 millones y 5 millones para MR Comunicaciones Políticas por $1,9 millones.
En el caso de Landergren, a pesar de la urgencia con la que le encargaron los tapabocas, aún debe más de 3 millones de unidades y ya arrastra multas por retrasos por $153.000. Entretanto, MR Comunicaciones Políticas no logró entregar ni una mascarilla; la Caja inició el finiquito del contrato.
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Además de la inexperiencia, a la empresa MR Comunicaciones Políticas le adjudicaron el contrato por $1,9 millones a pesar de estar morosa con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Una certificación demuestra que esa compañía estuvo morosa con el seguro social hasta el 25 de mayo. La adjudicación se oficializó el 27 de mayo.
También, consta en el expediente de contratación que la Comisión Técnica ad hoc, encargada de revisar las ofertas para comprobar que cumplan con los requisitos, cambió de criterio sobre las propuestas de Landergren y MR Comunicaciones entre el 13 de mayo y el 18 de mayo.
En la primera fecha no recomendó la compra porque los oferentes presentaron documentos en “idioma oriental”, lo cual impidió analizar sus planteamientos. También señala que otras notas solicitadas eran simples fotografías.
Sin embargo, el 18 de mayo aparecieron nuevos ofrecimientos de Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
Ese mismo día, Hans Vindas Céspedes, asesor legal de la Gerencia Logística, envió un correo en el cual solicitaba que se estudiaran las nuevas propuestas de Landergren y MR Comunicaciones Políticas.
“Sí se recomienda, según documentación adjunta en el correo antes mencionado”, manifestó la Comisión Técnica, sin detallar qué diferencias hay entre la primera y segunda propuesta, las cuales justificaran cambiar de criterio.
La Gerencia General de la CCSS decidió, el 19 de agosto, suspender temporalmente con goce de salario a Luis Fernando Porras Meléndez, gerente de Logística, y a dos de sus asesores, Hans Vindas Céspedes y María Díaz Rivera, mientras realiza investigaciones administrativas para determinar si incurrieron en faltas graves en la adjudicación de esos contratos.
