Diego Bosque, Natasha Cambronero. 10 diciembre, 2020
La dirección y número de teléfono aportados por Metales Tosha IP S. A. en la contratación con la Caja Costarricense de Seguro Social coinciden con la de la recicladora IMSA, ubicada en San Sebastián. Foto: José Cordero
La dirección y número de teléfono aportados por Metales Tosha IP S. A. en la contratación con la Caja Costarricense de Seguro Social coinciden con la de la recicladora IMSA, ubicada en San Sebastián. Foto: José Cordero

Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público acordaron este jueves convocar a audiencia a los representantes de una chatarrera y una empresa de jardinería que ganaron millonarios contratos con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el suministro de mascarillas durante la pandemia.

Dicho foro legislativo investiga, desde agosto, presuntas irregularidades en varias compras directas de mascarillas y respiradores KN-95; esos dispositivos son necesarios para reducir el riesgo de contagio de la covid-19 entre enfermeras y médicos de clínicas y hospitales.

Las personas convocadas son Jorge Durán Rodríguez, presidente de Metales Tosha IP S.A.; y Adrián Herrera Ramos, gerente comercial de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A.

Metales Tosha IP S.A. recibió, el pasado 4 de junio, un contrato por ¢88 millones para la dotación de 316.000 mascarillas, a pesar de no contar con experiencia en ese campo comercial. La firma se inscribió como proveedora de la Caja apenas un día antes de la adjudicación.

Además, fue el único oferente que participó en ese concurso.

Desde el 2015 a la fecha, esa empresa ganó 58 contratos públicos solo para la compra de chatarra y residuos metálicos, principalmente, al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop).

La chatarrera, ubicada en San Sebastián, en San José, incumplió con la entrega de 1.050 cubrebocas y, luego, intentó reponerlos con artículos de uso no médico.

En la actualidad, la firma enfrenta un proceso administrativo en la Caja por posibles incumplimientos. Se expone a la inhabilitación para participar en futuras contrataciones públicas y multas económicas de hasta un 25% de la suma adjudicada (¢88 millones).

En el caso de Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A., la Caja le asignó, el pasado14 de abril, un contrato de $1,1 millones por 2,8 millones de mascarillas.

Esa fue la primera vez que Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A. le vendía insumos médicos a la CCSS o a cualquier otra institución del Estado.

Con anterioridad, solo ofrecía trabajos de limpieza de vías públicas y de mantenimiento de áreas verdes.

En los últimos 14 años, la empresa jardinera ganó 63 contratos con 10 instituciones públicas distintas y solo a la CCSS –en primera instancia– y a la Municipalidad de San Pablo, en Heredia, les vendió mascarillas; a cada una en una ocasión y hasta abril de este año.

Al resto de entidades, principalmente municipios, les ofreció servicios, por ejemplo, de limpieza de cementerios, poda de árboles, mantenimiento de parques y áreas verdes, e instalación de zacate.

Entre las mascarillas despachadas por la jardinera a la Caja está un lote de 700.000 que eran de uso no médico, las cuales fueron retiradas de centros de salud por no ser aptas.

Los legisladores también decidieron convocar, por segunda ocasión, a Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la Caja, quien fuera suspendido desde agosto por supuestas anomalías relacionadas con la adquisición de 12 millones de mascarillas por $4 millones, encargadas a un contador público y una periodista.

FUENTE: Elaboración propia a partir de los expedientes de contratación    || DISEÑO / LA NACIÓN.

Esos proveedores, inexpertos en la venta y distribución de insumos médicos, incumplieron con la entrega de los productos requeridos, lo cual comprometió el abastecimiento en centros hospitalarios.

Ese último caso está en manos de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, donde se tramita bajo el expediente 20-000122-1218-PE.

El Ministerio Público también desarrolla una pesquisa por la compra de 570.000 respiradores KN-95 por $1,1 millones que fueron pagados por adelantado, contrario a lo estipulado en la normativa de la Caja.

Ese asunto se lleva por medio del expediente 20-000175-1218-PE.