La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) separó de su puesto a Héctor Araya Zamora, director de la Clínica Marcial Fallas, ubicada en Desamparados, San José, a partir de este miércoles 10 de febrero.

La remoción de Araya es una medida cautelar, según la Caja, en relación con un “hecho puntual señalado por la Auditoría Interna de la institución”, sin precisar de qué tipo.

Esta medida cautelar se aplicará por cuatro meses, tiempo durante el cual Araya laborará en otro establecimiento de salud “en tareas acordes a su perfil profesional”.

Desde meses atrás, la Auditoría había hecho señalamientos contra problemas de gestión y servicio en este centro de salud, que atiende a una población de 650.000 personas, mayor incluso a algunos hospitales regionales.

Una publicación de La Nación del 11 de enero, dio a conocer el informe N.° 127-AGO-2020 de la Auditoría Interna, el cual señaló una larga lista de falencias por las que recomendaba su intervención.

Los auditores hallaron aparentes irregularidades en el pago de horas extra y en las compras y donaciones relacionadas con la atención de la emergencia.

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También detectaron falta de comunicación entre las autoridades médicas y administrativas, personal ocioso en el área de Odontología, miles de quejas de usuarios y ausencia de datos para determinar cuánto personal se requiere para cumplir con el servicio de urgencias las 24 horas, los siete días de la semana.

Durante el tiempo que se aplique la medida cautelar, la Dirección de la Clínica Marcial Fallas será asumida por Alejandra María Rosales Rosas; quien ocupará el cargo por cuatro meses con opción de prórroga, según informó la Gerencia Médica de la Caja.

Rosales es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Administración de Servicios de Salud, posee un diplomado en Gerencia de la Calidad en la Atención Hospitalaria y una maestría en Gerencia de la Salud. Laboró en el hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, y como médica asistente de la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios Región Central Norte.

Según un comunicado de prensa enviado por la CCSS, el objetivo de estas acciones es mejorar el servicio a los asegurados y el clima laboral en ese centro médico.

Los problemas

Uno de los problemas más graves apuntado por la Auditoría Interna es el creciente pago de horas extras.

Por ejemplo, entre abril y setiembre del 2020, a cuatro funcionarios del Servicios de Rayos X les pagaron, aproximadamente, ¢8,9 millones por depurar listas de pacientes en espera de ultrasonidos, tarea ya ejecutada en 2019.

También, el estudio señala que la falta de planificación disparó el desembolso de tiempo extraordinario en los últimos años, pues se cancelan de forma permanente y no de forma excepcional como lo establece la normativa.

En 2016, el gasto del CAIS Marcial Fallas en tiempo extraordinario fue de ¢1.480 millones; en 2019 subió a ¢2.823 millones, es decir, un 91% más.

“Los pagos por tiempo extraordinario, de manera permanente, ubican a esta Área de Salud como una de las unidades con mayores registros por este concepto a nivel institucional, con las consecuencias económicas que esto pueda acarrear, desde el punto de vista de sostenibilidad financiera y sana utilización de los recursos”, enfatizó el análisis de los auditores.

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La Auditoría también hizo observaciones sobre los procesos de compra y donaciones recibidas para la atención de la pandemia: “Se promovieron contrataciones y donaciones en el periodo de marzo a agosto de 2020, que no se ajustan a lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento”.

Un ejemplo, es la colocación de un hospital móvil en las afueras del CAIS Marcial Fallas para la atención de pacientes sospechosos de covid-19, pues no hay claridad si ese bien fue donado o prestado por la Municipalidad de Desamparados, porque no se siguieron los procedimientos establecidos por la Caja para donaciones.

Además, se compraron materiales para ponerle piso al hospital móvil sin que conste un expediente de contratación, solo se echó mano de la caja chica del centro médico.

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“La situación descrita, en el presente hallazgo, obedece a que el centro no aplicó a cabalidad la normativa que rige en materia de compras mediante fondos de caja chica y procedimientos de contratación y normativa conexa, corroborándose, una débil gestión documental entre los diferentes interesados en los procesos, siendo que en algunos casos se carece totalmente de la conformación del expediente administrativo, y otros no se ajustan al ordenamiento jurídico, lo que implica ausencia de datos completos, esenciales, pertinentes, oportunos y específicos para la toma de decisiones”, concluyó la Auditoría.

Y en cuanto a las quejas de los usuarios, el informe recoge cifras de la Contraloría de Servicios del CAIS Marcial Fallas, la cual recibió 2.026 quejas por molestias de los usuarios con el servicio brindado, a lo largo del primer trimestre del 2020, o sea, en promedio, se registraron 22 reclamos por día.

Cuatro años atrás, en marzo de 2017, la Clínica había sido objeto de otra intervención.