Cuatro empleados del Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) Marcial Fallas, en Desamparados, dedicaron cinco meses del 2020 a depurar una lista de pacientes en espera de ultrasonidos pese a que esa labor ya se había realizado.

Según el informe de la Auditoría Interna AGO-127-2020, entre el 27 de abril y el 24 de setiembre, los funcionarios de apellidos Bermúdez, Soto, Bonilla y Solera dedicaron parte de su jornada ordinaria más horas extra a filtrar el registro de asegurados en espera de servicios de Rayos X.

De acuerdo con estimaciones hechas por los auditores, esos empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) recibieron alrededor de ¢8,9 millones tomando en cuenta salarios y tiempo extraordinario; solo por concepto de extras percibieron ¢1,3 millones cada uno.

El cálculo de los auditores se basó en los oficios mediante los cuales las autoridades de ese centro médico tramitaron el pago de las horas extraordinarias, pues solicitaron información precisa a Recursos Humanos sin obtener respuesta.

Héctor Araya Zamora, director de la Clínica Marcial Fallas, y Carlos Mauricio Madrigal López, coordinador del Departamento de Imágenes Médicas, tramitaron en oficios enviados en mayo y julio pasados, autorizaciones para 1.087 horas extra para dedicarlas a precisar las listas de espera.

Araya y Madrigal hicieron esa gestión a pesar de que, entre marzo de 2019 y marzo de 2020, un equipo de trabajo liderado por Gabriela Sánchez Cervantes, entonces jefa de Nivel de Atención y Servicios de Rayos X del Área de Salud de Desamparados ya lo había hecho.

Así consta en el informe de labores 2018-2020 presentado por Sánchez el 24 de abril de 2020; ese documento fue entregado al director de la Marcial Fallas esa misma fecha.

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El reporte de Sánchez indica que para marzo de 2019 había 23.300 personas en espera de un ultrasonido en la Clínica Marcial Fallas y en marzo de 2020 la cifra disminuyó a 1.079; llegar a ese punto requirió un programa de atención especial que le costó a la Seguridad Social ¢223 millones.

La comunicación, sin embargo, aparentemente no fue revisada o tomada en cuenta.

“(...) La situación descrita obedece a la ausencia de análisis, falta de comunicación, y falta al deber de cuidado de la Dirección Médica y actual Jefatura del Servicios de Imágenes Médicas, al no verificarse las condiciones de entrega del servicio por parte de la anterior jefatura la Dra. Gabriela Sánchez Cervantes”, reprochó la Auditoría Interna en su informe.

El CAIS Marcial Fallas atiende una población de 650.000 personas, mucho mayor a la que tienen algunos hospitales regionales o periféricos.

¿Por qué?

Cuando la Auditoría Interna cuestionó a Araya y Madrigal sobre este asunto, alegaron desconocimiento y expresaron no ser los responsables de las decisiones.

El coordinador del servicio de Rayos X primero dijo que “desconocía” el trabajo realizado por Sánchez meses atrás y añadió que él recibió una lista de espera que contenía más de 18.000 pacientes.

Luego, ante nuevas preguntas sobre el tema, declaró que no se comunicó con Sánchez porque, según él, ella “no se fue en buenas condiciones con la Dirección” y “quería evitar algún tipo de disgusto”.

“Fue una decisión de la jefatura, Dr. Mauricio Madrigal, debido a un mix (antigua lista y la actual) sin saber yo. En este momento estamos solucionando, eso no debió haber pasado, se devuelve el proceso, estamos en readecuación para volver al estado inicial lo que se encontró en marzo 2020. La decisión no fue adecuada”, manifestó Araya al equipo de Auditoría que lo entrevistó.

A pesar de la ignorancia alegada por Araya y Madrigal, la Auditoría verificó que la doctora Sánchez les envió, el 15 de mayo de 2020, un sobre con un disco compacto en el que incluyó las listas de espera actualizadas.

“En caso de necesitar alguna otra información quedo a su disposición y si el Dr. Madrigal tuviera algún inconveniente se puede comunicar a mi celular sin problema o vía correo electrónico, con el fin de facilitarle el acceso a la información si lo requiere”, expresó la funcionaria en su comunicación.

“Lo descrito en el presente hallazgo podría repercutir en una inadecuada utilización de los recursos institucionales, asociado al proceso de depuración de las listas de espera, perjudicando a los pacientes y el cumplimiento de metas y objetivos de la Institución”, enfatizó la Auditoría Interna en su análisis.

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Este diario solicitó, por medio de correos electrónicos, entrevistas con Araya y Madrigal.

“Cuando se realizó el estudio (de Auditoría Interna) yo tenía apenas unos días en algunos aspectos, y en otros dos a tres meses, de ser el Director del CAIS, la respuesta la está manejando el equipo de Prensa de la CCSS”, contestó Araya.

El director de la Clínica evitó precisar la fecha en que asumió el cargo en la Dirección de la clínica desamparadeña.

La oficina de prensa de la CCSS comunicó que Araya llegó a ese cargo en marzo de 2020.

Madrigal, entretanto, no respondió los correos enviados por este medio de comunicación.

Medidas

La Auditoría Interna recomendó a la Dirección de Red de Servicios de Salud tomar las medidas legales necesarias para establecer responsabilidades por el pago de horas extra para depurar las listas de espera en ultrasonidos.

Para el cumplimiento de esa recomendación, la Auditoría Interna le dio seis meses a Eduardo Cambronero Hernández, director de la Red de Servicios de Salud, y a Armando Villalobos Castañeda, director de la Red Integrada de Prestación de Servicios de la Salud Central-Sur.

Cambronero manifestó a La Nación que están analizando el aparente pago irregular de horas extras a cuatro funcionarios y deberán entregar un informe a la Gerencia Médica de la institución el 27 de enero.

“Estamos investigando para saber qué fue, cuál fue el evento que ocurrió”, declaró Cambronero.

Agregó que, si procede, se abrirán procedimientos disciplinarios para identificar y sancionar a los responsables.

“Para acreditar el cumplimiento de esta recomendación, deberá remitir a esta Auditoria el análisis efectuado, así como la decisión adoptada al respecto”, señaló el documento del órgano fiscalizador.