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Luego de una larga sesión, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó la apertura de un órgano director para investigar y establecer eventuales sanciones por supuestas irregularidades en millonarias compras de mascarillas.
La noticia fue confirmada por medio de la oficina de prensa, la noche de este jueves.
Como parte de la decisión, la Gerencia General deberá entregar a los directivos de la CCSS un reporte con las medidas tomadas sobre este asunto el próximo 20 de agosto.
En el centro de los cuestionamientos está la adquisición de 12 millones de tapabocas por $4 millones a David Landergren Castro, un contador público y MR Comunicaciones Políticas, una empresa dedicada a asesorías en comunicación y mercadeo.
Los contratos fueron adjudicados desde el 27 de mayo, pero la CCSS solo ha recibido el 17,5% de los tapabocas solicitados. La fecha para entregar lo requerido ya expiró.
En el caso de MR Comunicaciones Políticas, propiedad de la periodista española Miren Martínez Ruiz, no entregó ni una de las mascarillas requeridas y, en la actualidad, la Caja desarrolla un proceso para finiquitar el contrato y aplicar las cláusulas penales previstas para indemnizar a la entidad.
Además, esa compañía recibió ese contrato dos días después de haber cancelado una deuda con la seguridad social por ¢38.038.
Ambos proveedores carecen de experiencia en el suministro y distribución de equipo médico.
La adjudicación de millonarios contratos al contador y la periodista fueron revelados por La Nación el 4 de agosto. La noticia provocó que el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Asamblea Legislativa abrieran investigaciones al respecto.
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Precisamente, este jueves compareció ante la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público, el gerente de Logística de la CCSS, Luis Fernando Porras Mélendez.
Los legisladores cuestionaron a Porras por nombrar, como su asesor, a Hans Vindas Céspedes, un funcionario que enfrentó, años atrás, procesos judiciales y administrativos por supuestas compras irregulares de medicamentos. Incluso estuvo suspendido con goce de salario por cuatro meses.
También plantearon interrogantes por la existencia de contradicciones en los análisis técnicos que depararon la contratación del contador y la comunicadora española.
Este asunto se suma la recepción de un lote de casi 700.000 mascarillas de uso no médico el 30 de junio.
De acuerdo con la CCSS, esa mercancía ingresó a sus bodegas y fue distribuida en centros médicos sin que los responsables de inspeccionarla observaran que estaba etiquetada como “non medical”.
El 7 de julio, personal del Hospital Enrique Baltodano Briceño, en Liberia, reportó la leyenda en las cajas y, el 9 de julio, la entidad mandó a retirar los cubrebocas defectuosos y le ordenó a la firma Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S.A., la reposición del producto.
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Piden auditoría externa
Además, la Junta Directiva ordenó a la Gerencia General la contratación de una auditoría externa para revisar todos los procesos de contratación realizados durante la pandemia.
En los últimos días, el Sindicato Nacional de Enfermerías y Afines (Sinae) ha cuestionado, en diversos medios de comunicación, la rigurosidad, confiabilidad e independencia de la Auditoría Interna de la Caja.
La Auditoría Interna está a cargo de Ólger Sánchez Carrillo, nombrado en ese puesto desde febrero anterior.
Por último, los directivos le otorgaron a la Gerencia General un plazo de 30 días para presentar una propuesta que le permita a la Caja ingresar al Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
La CCSS es una de las entidades que ha presentado mayor resistencia a ingresar a esa plataforma, la cual permite monitorear en tiempo real los procedimientos de contratación.
