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La Auditoría Interna de la CCSS pidió abrir procedimientos administrativos para sancionar a los funcionarios responsables de autorizar un lote de 700.000 mascarillas para proteger de contagios a personal de hospitales, las cuales eran de uso no médico.
Además, advirtió que la Gerencia de Logística debe castigar eventuales incumplimientos de contrato cometidos por la empresa Interconsultorías de Negocios y Comercio IBT, S. A, encargada de suministrar 2.890.000 mascarillas quirúrgicas descartables por $1,1 millones.
Por último, los auditores demandan a la Gerencia de Logística analizar este caso y mejorar los controles internos “en cuanto a los procesos de selección del contratista y de ejecución contractual”.
Esas fueron las tres recomendaciones hechas por la Auditoría Interna a la Junta Directiva de la CCSS en el informe presentado el jueves anterior.
Las 700.000 mascarillas de uso no médico fueron aceptadas por funcionarios de la CCSS el 30 de junio y distribuidas en hospitales. El 6 de julio, el Hospital de Liberia fue el primero en consultar si eran seguras porque en la caja del producto decía claramente “non-medical use” (uso no médico). Ante esa y varias quejas, la Caja ordenó retirarlas el 10 de julio.
La Nación publicó este lunes que la CCSS faltó a la verdad pues el 12 y 13 de julio alegó públicamente que durante la inspección del producto se cometió el error de no ver la advertencia de la etiqueta. Sin embargo, documentos prueban que desde el 30 de junio sabían que los materiales no eran para uso médico.
¿El análisis de calidad?
Directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social consultados por La Nación afirmaron que varios puntos del informe de los auditores sobre este caso no quedaron claros. Por esa razón, dieron una semana más a la Auditoría Interna para resolver las dudas y ampliar algunos aspectos.
El análisis, del cual este diario tiene una copia, expone dos grandes conclusiones: no existe evidencia de que la Gerencia de Logística haya realizado pruebas para precisar la calidad de las mascarillas para proteger de contagio al personal médico.
Además, el oferente llevó a las bodegas centrales de la entidad tres lotes de cubrebocas de marcas diferentes a las ofrecidas.
Se trata de los lotes 20200428-001, 20200417 y 20205, todos correspondientes a la contratación por $1,1 millones a favor de la empresa Interconsultoría de Negocios y Comercio IBT S. A..
Esa empresa nunca había ganado contratos con la seguridad social y tardó más de tres meses en entregar lo solicitado; el plazo original eran 45 días naturales.
“Al respecto esta Auditoría Interna no determinó prueba documental en el expediente de ejecución contractual de la compra 2020CD-000064-5101, de la recepción técnica definitiva u otra documentación que permita inferir que la Administración Activa haya desarrollado un análisis de calidad, previo a la distribución de los primeros lotes recibidos”, concluyó la Auditoría.
Sin embargo, el reporte de auditoría omite referirse al análisis técnico firmado por varios funcionarios el 30 de junio, en el cual aprobaron el ingreso y distribución de 700.000 mascarillas no médicas “por interés público”.
¿Por qué la Auditoría Interna ni siquiera menciona ese documento en su análisis?
“Para el próximo jueves en la sesión de Junta Directiva se presentará la posición definitiva. Por un asunto de orden jurídico, artículo 6 de la Ley Control Interno y 8 de la Ley Enriquecimiento Ilícito tengo restricción legal de referirme a un tema que está en proceso de investigación por diversas instancias, entre ellas la Auditoría”, respondió Olger Sánchez, auditor de la CCSS.
Auditoría desmiente a Gerente de Logística
Luis Fernando Porras, gerente de Logística de la Caja, aseguró que sí efectuaron pruebas de calidad sobre el lote de mascarillas cuestionado, pero fallaron en la revisión del etiquetado.
“El error material es que dentro del proceso de control de calidad de todos los insumos, hacemos pruebas de permeabilidad, de cortado (para ver las tres capas), y hacemos pruebas de tensión mecánica y de funcionalidad, y debíamos hacer pruebas de revisión documental y de etiquetado. El error material, al parecer, se da en la revisión del etiquetado. Es parte de la investigación que está en curso a lo interno de la institución”, señaló en esa ocasión.
La Auditoría Interna muestra un panorama muy diferente al comentado por Porras.
Un reportaje de La Nación, publicado este lunes, mostró que existen documentos públicos que prueban que la entidad conocía los defectos del producto desde que ingresaron a su almacén, el 30 de junio, pero aún así aprobaron su distribución.
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Proveedores inexpertos
La adquisición de mascarillas en la CCSS, durante esta pandemia, se realiza por medio de compras directas. Es un mecanismo más ágil, sin mucho trámite y sin licitación previa, para lograr que el producto esté lo más pronto en los hospitales y clínicas.
Sin embargo, el sistema de compras urgentes se ha prestado para controversia.
La semana anterior, una investigación de La Nación reveló que la CCSS entregó, a finales de mayo, otros dos contratos, por un total de $4 millones, a un contador público y a MR Comunicaciones Políticas, una empresa de asesorías en comunicación y mercadeo, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz, a pesar no contar con experiencia en el suministro y distribución de equipo médico.
Lo más grave es que de los 12 millones de mascarillas, el seguro social solo ha recibido el 17,5%; en el caso MR Comunicaciones Políticas no entregó ni una mascarilla y la Caja empezó la disolución del contrato.
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MR Comunicaciones Políticas ganó, entre abril y junio, tres contratos con la CCSS por $3,5 millones para gorros descartables, mascarillas y respiradores KN95.
Tras la publicación de este diario, el Ministerio Público abrió una investigación para precisar las condiciones en las que se desarrolló la contratación pues en un principio una comisión técnica de la CCSS determinó que incumplían requisitos, pero, luego cambió el criterio y declaró “sí se recomienda”.
En paralelo, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público también iniciaron pesquisas.
