Atraso en pago de incapacidad por ‘hackeo’ de CCSS tiene a enfermera viviendo de préstamo que sacó su mamá, de 90 años

Esta funcionaria del Hospital Monseñor Sanabria, de Puntarenas, tiene más de tres años incapacitada a la espera de una cirugía por una dolorosa hernia en la columna, que le impide trabajar. La lista de espera, la pandemia y ahora el hackeo... han retrasado su operación.

Cada tres meses, le giran una orden de incapacidad. La última, se la dieron el 28 de mayo, tres días antes del ataque informático a la CCSS, ocurrido el 31 de ese mes.

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“Para mi mala suerte, mi incapacidad quedó entre las incapacidades digitales que están prensadas. He acudido al Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres), a la Defensoría (de los Habitantes), he hecho cartas a la dirección del Hospital Monseñor Sanabria porque soy de ahí. He hecho cartas a todo lado y nadie me ha ayudado a resolver el problema. Tengo un mes y ocho días que no me pagan la incapacidad y como yo hay cientos”, relató esta enfermera con 25 años de ejercicio profesional.

Su mamá es Alba Orellana Orellana, una maestra retirada que no pudo quedarse sin hacer nada al ver la angustia de su hija. Indira Quirós hasta fue a dar al hospital recientemente, donde estuvo internada varios días con una fuerte bronquitis.

“Mamá está toda agachadita por una artritis y así tuvo que ir a sacar un préstamo con la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio para ayudarme a solventar mis gastos. Esto me da una profunda tristeza, que una adulta mayor lo ayude a uno cuando debería ser al revés”, comenta la enfermera.

Quirós paga ¢200.000 de alquiler mensual por una casa en El Cocal de Puntarenas, además debe pagar un carro y otras deudas, y comer.

“Uno apenas recibe el 60% de su salario. Yo organizo así mi plata: una semana de mi plata la ocupo para pagar recibos, la otra para deudas, y otra para comidas. Así llevo mi plata organizada. Nunca me imaginé que esto iba a suceder y mucho menos que la CCSS no lo iba a resolver rápido. Cuando pasó lo del hackeo, yo tenía apenas para unos días, pero luego se vino el pago de la casa, el del carro, y me vino un recibo altísimo de la luz”, relató.

Según dice, hay una normativa que le impide trabajar mientras esté incapacitada. Por eso, ahora también depende de la ayuda que le dé su hija de 27 años, quien labora como empleada doméstica y gana ¢5.000 diarios trabajando por horas en casas.

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Quirós, de 52 años, trabajó toda su vida profesional en el Monseñor Sanabria en los servicios de recuperación, Medicina y en Supervisión de Enfermería, asegura que ya no tiene “dónde raspar la olla”.

“Yo le dije a la Caja que si mi incapacidad digital estaba prensada por qué no la anulaban y me hacían una física. Me dijeron que no, sin más explicación. Ayer (lunes 4 de julio), fui con otra carta a la Dirección Médica del Monseñor Sanabria, y lo que me dijeron es que tenían diez días hábiles para contestar... ¡Diez días! Ya no puedo más”, comentó angustiada.

Minutos después de conversar con La Nación y de publicada esta nota, a Quirós la llamaron del Recursos Humanos con la promesa de resolver su caso en el transcurso de la semana.

El pago de estos beneficios es crítico para quienes están enfermos o en recuperación por algún padecimiento y no pueden trabajar para generar los ingresos que garanticen su subsistencia.

En el caso de las incapacidades por enfermedad, los primeros tres días son cubiertos por el patrono con un 50% del salario como subsidio. A partir del cuarto día, el seguro de salud de la CCSS paga el 60% del salario.

El gerente financiero de la CCSS, Gustavo Picado Chacón, ha salido reiteradamente a dar avances sobre la habilitación de algunos sistemas. En sus intervenciones, reconoce que el pago de incapacidades y licencias es de alta prioridad y preocupación institucional.

En su aparición más reciente, al anunciar el restablecimiento del pago diario de las incapacidades, el 24 de junio, Picado Chacón pidió paciencia a los asegurados porque hay más de 100.000 boletas físicas de solicitud de incapacidad que deben ser incluidas manualmente al sistema, como primer paso para luego realizar la verificación de los datos que determinan si la persona es sujeto del beneficio.

Información actualizada a las 11:52 a. m. del 5 de julio, con datos aportados por Quirós.