EscucharGrupos de WhatsApp con hasta 1.000 miembros mueven las fiestas clandestinas en las que menores de edad, algunos de 14 años, tienen libre acceso a alcohol y drogas.
La organización de los eventos en distintos puntos de la Gran Área Metropolitana (GAM) se dan principalmente mediante chats de esa plataforma, así como en la red social Instagram.
Por esas vías se convoca y se da la ubicación; los pagos se realizan por Sinpe y los traslados se facilitan mediante plataformas tecnológicas de transporte. Así, las actividades se planean con discreción y se concretan en fincas, bodegas, locales y casas de lujo.
Una investigación periodística identificó seis de estos grupos de WhatsApp que se dedican a la preparación de fiestas clandestinas. Durante los últimos cuatro meses, un equipo periodístico monitoreó las actividades realizadas y estuvo presente en una de los eventos. Para comprender el fenómeno se entrevistaron organizadores, participantes, padres y policías.
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Una de estas fiestas clandestinas ocurrió el pasado 5 de abril en un local ubicado en el centro de San José, cerca del parque Morazán y a 200 metros de la Asamblea Legislativa.
Allí, a las 7:45 de la noche, grupos de jóvenes comenzaron a congregarse en la entrada del edificio, mientras dos adultos se encargaban de verificar quien había pagado los ¢4.000 u ¢8.000 que se cobró para ingresar.
Estos dos hombres requisaban, aunque sin mucho esmero, a los jóvenes asistentes, mientras otro, de forma apresurada colocaba un brazalete blanco en la muñeca.
Gradas angostas dirigían a los asistentes hacia un búnker oscuro y sin ventanas, iluminado solamente por las características luces de colores de una discoteca. El olor a marihuana inundaba las fosas nasales y una barra copiosamente surtida con bebidas alcohólicas recibía a los jóvenes por la única entrada al local.
“Ustedes no son menores, ¿verdad?”, cuestionó unos minutos después de haber ingresado uno de los jóvenes, en un intento por iniciar una conversación. Tras el maquillaje, las cadenas y las gorras, se escondían rostros adolescentes.
Esta fiesta fue gestionada en un grupo de Whatsapp en el que participan más de 700 integrantes, muchísimos de 15 y 16 años, como se pudo determinar en la investigación al verificar por sus nombres y números telefónicos.
En la actividad también había adultos, al menos cuatro. Uno de ellos vendía el licor sin solicitar documento de identidad. Otro, identificado como “seguridad”, se escapaba a fumar marihuana al baño, mientras otros dos enviaban a quienes enrollaban los puros sin discreción, a hacerlo al fondo para no llamar la atención.
A medida que transcurrió la noche, el salón se fue abarrotando. Tras el cierre de los portones había al menos 250 personas hacinadas, cada vez era más difícil desplazarse y el sudor de la multitud desprendía un bochorno insoportable.
Entre el licor, la música y las drogas, las escenas de pasión también se asomaron. En un sillón recostado a una pared, adolescentes se besaban como también sucedía entre la multitud.
“¿Cuántos años tienen?”, se le preguntó a un grupo de tres chicas que conversaba en el baño. “16 años”, respondieron entre risas nerviosas. “Cada semana vamos a una fiesta y hay que ser precavidas”, dijo una de ellas mientras mostraba una caja de pastillas anticonceptivas.
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Como ocurre con frecuencia en estos eventos, la noche terminó con un operativo en el que intervino la Policía Municipal de San José y la Fuerza Pública, que a las 9:45 p. m. llegaron al sitio y detuvieron la fiesta.
Intervenciones en fiestas clandestinas
Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, aseguró que cada semana atienden hasta cinco fiestas en bares, discotecas o salones de eventos clandestinos. Sin embargo, al consultar en la Oficina de Análisis del ayuntamiento, solo hay registro de 108 intervenciones entre el 2021 y 2024.
Entretanto, el Organismo de Investigación Judicial no maneja esa estadística pues, según aclaró el departamento de prensa, se registran por número de expediente y nombre de las partes. Tampoco el Patronato Nacional de la Infancia o la Fuerza Pública pueden determinar el número de fiestas que se reportan por la participación de menores de edad.
Los vecinos del sitio, padres o incluso colegios son los que suelen denunciar la presencia de menores, venta de licor y consumo de drogas.
En el caso de la fiesta del 5 de abril, un hombre de apellido Hernández, papá de una adolescente de 15 años, fue quien decidió llamar a la Policía. Como otros padres, fue a dejar a su hija sin tener claridad sobre el tipo de evento al que se dirigía.
“No nos imaginamos que fuera a ser en un barsucho en San José centro, como padre me sentía pésimo”, aseguró durante una entrevista telefónica.
“Había algo en el ambiente que nos hacía pensar que algo estaba sucediendo y empezamos como padres a razonar, ¿cómo estamos dejando que nuestros hijos entren a este lugar en este tipo de ambiente?”, añadió.
La sospecha de que ingresaran drogas a la fiesta fue el detonante para denunciar la situación. Al final, algunos padres se llevaron a sus hijos por temor, mientras otros se aferraron a un “a la mano de Dios” y los dejaron adentro.
Al llegar las autoridades, salieron jóvenes en estado de ebriedad cuyos amigos intentaban sujetarlos; otros retaban a los oficiales, unos cuantos llamaban a sus papás, algunos pedían un transporte de plataforma electrónica o vagaban por la calle. Hubo quienes buscaban impacientes el siguiente destino para continuar la “diversión”.
La propiedad donde se realizó la fiesta clandestina y el posterior operativo policial está a nombre de una ciudadana taiwanesa de apellido Lee, de 80 años. Esta mujer tiene inscrita una serie de números telefónicos y al llamar a uno de ellos respondió una persona que se identificó como su hijo, quien aseguró que su madre estaba fuera del país y no hablaba español; aclaró que él era el encargado.
“Yo no sabía nada, nadie me llamó. Yo le alquilé el local al cliente. Yo no puedo estar todos los días vigilando, es difícil para mí. Si ellos hacen algo feo o algo malo, usted puede llamar a la Policía”, expresó.
Los ‘dueños’ del chat de la fiesta clandestina
La investigación periodística reveló que tres personas figuran como los administradores de este grupo, dos de ellos son menores de 16 años y un joven de 18, de apellido Barrios, que aparece como titular de la cuenta bancaria a la que se transfería vía Sinpe el dinero de las entradas.
Vía telefónica, Barrios negó ser uno de los organizadores y alegó que es responsabilidad de los padres saber dónde están sus hijos.
“Si vos no querés que tu hijo vaya a una fiesta, aunque no consuma nada o aunque consuma algo, tenés que tener un control sobre tu hijo, si él va es porque los amigos lo llevan o le estás dando el permiso”, declaró.
De los seis grupos monitoreados para esta investigación, se corroboró que tres de ellos, con entre los 700 y 1.025 integrantes, pertenecen a fiestas organizadas por menores de 15, 16 y 17 años en las que se promete “barra libre”, venta de licor y se permite llevar para consumo propio.
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En uno de estos casos, la cuenta bancaria que recibió el dinero de las entradas estaba a nombre de la madre de uno de los menores, se intentó contactarla en tres ocasiones y no se obtuvo respuesta.
Fiestas dan acceso a menores a licor y drogas
“Hay gente que solo quiere tomar y quedarse hasta la madre, hay fiestas en las que todo el mundo termina mal”, reconoció Julián a través de una conversación telefónica el pasado 11 de junio, otro menor de 17 años que frecuenta este tipo de actividades.
Según José Valverde, médico del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el consumo de licor, marihuana y cigarro es común en estos ambientes, aunque también mencionó el uso de cocaína, crack, ketamina, fentanilo, éxtasis o benzodiazepinas.
Sin embargo, más allá de lo que se puede observar, no es posible determinar con seguridad el tipo de sustancias que se consumen en estos eventos. El país no cuenta con un registro de la totalidad de sustancias que se están comercializando en la calle.
“Existe una cantidad indeterminada de sustancias que no se analizan porque no son judicializadas, precisamente porque se trata de hallazgos o decomisos que se consideran para consumo propio y no comercialización. Por ende, no son procesadas en los laboratorios forenses”, aseguró Fernando Ramírez, director general del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
Fiestas exponen a adolescentes
El simple hecho de estar en una fiesta de este tipo ya representa un riesgo por la exposición a una amplia oferta de licor cuyo origen es desconocido y drogas ilícitas que circulan libremente.
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Además, advirtió Ramírez, si bien no es posible determinar que el crimen organizado esté involucrado en la organización de estos eventos, sí aprovecha estos espacios para reclutar menores de edad con fines de trata, explotación laboral o sexual para organizaciones criminales. Es común que los enlisten como los “eslabones más bajos” para la venta de drogas y el sicariato..
Entre 2020 y 2023, el PANI registró 1.265 casos de menores involucrados en la venta de drogas y 16.741 por exposición a drogas.
“Podríamos también observar brotes de violencia bastante fuerte en donde ya no es nada más un pleito entre dos jóvenes, sino que puede ser mucho más grande en donde haya de por medio la utilización de armas de fuego, de armas punzocortantes y de otro que ponga en riesgo la vida de estas personas”, agregó.
Anargerie Alvarado añadió que la violencia sexual, tanto en hombres como en mujeres, es frecuente luego de estas fiestas y que incluso, han atendido víctimas de secuestros, como estrategia de grupos criminales que quieren asustar a padres de familia o cobrar dinero.
Sanciones por fiestas clandestinas
La Policía Municipal, PANI, Fuerza Pública y en algunas ocasiones el OIJ son las autoridades que intervienen estas fiestas ilegales a las que acuden menores de edad.
Lo que regula la normativa es la actividad comercial asociada a estas fiestas, recordó Marcelo Solano. Para vender licor, los locales deben contar con una licencia municipal, un permiso sanitario de funcionamiento y una licencia de expendio de bebidas alcohólicas según determina la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico.
Por ejemplo, un parqueo o una bodega que tiene permiso de parqueo o de bodega y los sábados se presta como salón de eventos, se clausura por desvirtuar los permisos y se les abre un procedimiento que, según Solano, puede acabar en un cierre de una semana, 15 días, dos meses, un retiro permanente de la licencia o multas.
Sin embargo, cuando hay participación de personas menores de edad, no hay permiso para que funcione, pues en ningún contexto pueden estar en presencia de licor y otras sustancias.
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Cuando este es el caso, a través del sistema de emergencias o por medio de una denuncia previa, el PANI interviene a través del Departamento de Atención Inmediata.
“Podemos pasar 12 horas en entrevistas en una logística muy rápida ‘que trate de llamar a su papá’ y empezar a traer y a devolver. Nos ha pasado que hemos tenido que atender a 118 personas menores de edad en una noche, o 78 en una sola megafiesta”, aseguró Anargerie Alvarado Ulloa, coordinadora de este departamento del PANI.
Cuando la institución interviene, dijo, traslada al hospital a quienes necesiten recibir atención médica y, por medio de entrevistas personales con la persona menor de edad y sus encargados, busca determinar posibles factores de riesgo que ameriten separar al menor de su familia o una referencia del menor al IAFA por motivo de consumo habitual de sustancias.
El abogado Jose Luis Corrales explicó que un establecimiento comercial puede recibir multas de entre uno y tres salarios base (salario base actual es de ¢462.200), lo que equivale a ¢1,3 millones por desvirtuar los permisos municipales o facilitar la venta de licor a menores de edad. En recintos privados, si hay un tema lucrativo de por medio o puede probarse que se trata de una actividad comercial no formalizada, también aplican este tipo de multas.
El dueño o encargado de un establecimiento comercial en el que se ofrezca licor o tabaco a menores de edad, puede recibir una pena de seis meses a tres años de prisión. Según Corrales, esta consecuencia puede extenderse hasta 6 años si se trata de sustancias prohibidas.
Además, si una persona menor de edad causa algún daño, ya sea material o moral, son los padres o encargados los que deben asumir la responsabilidad civil o administrativa
