En un convenio inédito, el Gobierno se comprometió con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a reponerle con dinero de los contribuyentes las sumas que se pudieran girar de más en anualidades y otros incentivos y que, en caso de que tales pagos sean declarados ilegales, los empleados no pudieran devolverlos a la institución.

La reposición del dinero por parte de los trabajadores se aplicaría si así lo ordena la resolución del juicio de lesividad, que la CCSS está por presentar en la vía contenciosa administrativa.

Dicho convenio fue suscrito el domingo 11 de agosto por el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya; el ministro de la Presidencia, Víctor Morales; y el de Trabajo, Steven Núñez, un día antes del pacto con sindicatos que permitió levantar la huelga en la CCSS."

En ese acuerdo previo se establecía que, a más tardar este viernes, el Ministerio de Hacienda firmaría el compromiso, aunque no se le había advertido a Rocío Aguilar, jerarca de esa cartera.

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En veremos

Al consultárseles sobre la razón por la cual se le pondría al Estado la carga de esos dineros con este convenio previo, el mandatario Carlos Alvarado y el ministro Morales respondieron, por separado, que la iniciativa todavía está en discusión y al menos, no se firmará este viernes, como así se previó.

”Los alcances de ese documento los está trabajando don Víctor (Morales) con don Román (Macaya) para ver si este requiere ser utilizado o no (...) están viendo cuál es el alcance o no.

“Eso es, como digo, es algo que generaron estos jerarcas, diálogo con directivos de la CCSS es una ruta en la vía administrativa y es entre jerarcas (...) lo importante tiene que ver con lo relacionado a la recuperación de sumas de más, la legalidad y el alcance debe ser analizado", dijo Carlos Alvarado en una conferencia de prensa en el aeropuerto Juan Santamaría, la mañana de este viernes.

Entretanto, Morales aseguró que determinaron que la jerarca de Hacienda no está habilitada legalmente para asumir ese compromiso de pago del Estado con la CCSS.

“Por tanto, no estamos firmando ese convenio. Yo hablaré con los integrantes de la Junta Directiva de la Caja en su momento, la próxima semana, pues para que revisemos esto y recuperemos la preocupación central que ellos tenían, pero sí aclararle los alcances de esta situación”, aseguró Morales.

El ministro de la Presidencia insistió en que el acuerdo buscaba solución para aquellos casos en los que el trabajador que debía devolver dineros estuviera fallecido, fuera del país o jubilado.

Ese convenio lo hizo público el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz Fonseca.

La Caja dijo que no se va a referir a este asunto.

“El ministro de la Presidencia ya se refirió sobre el documento y el señor Presidente (Carlos Alvarado). Así las cosas, nosotros no nos vamos a referir”, informaron sus autoridades por medio de la oficina de prensa cuando se les consultó sobre el documento.

No ha sido posible obtener reacción de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.

¿Por qué tendrían que devolver dinero?

El origen de este conflicto está en el acuerdo entre sindicatos de salud y la CCSS del pasado 20 de febrero, en el cual se aseguraba a los empleados de la institución que seguirían recibiendo anualidades e incentivos calculados de manera porcentual, y no como lo establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con un monto fijo.

Este acuerdo, ahora será objeto de un juicio de lesividad con el que se pretende anular o dejar sin efecto. La decisión quedaría en manos de los tribunales contencioso administrativos, como se resolvió el 12 de agosto pasado en el compromiso que puso fin a la huelga de ocho días.

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Sin embargo, mientras se obtiene una sentencia firme, que podría tardar más de cinco años, los trabajadores mantendrán las anualidades y pluses anteriores a la entrada en vigencia de la ley, el 4 de diciembre del año anterior, de manera porcentual.

Si los tribunales anulan el acuerdo del 20 de febrero, eventualmente podrían ordenar que los trabajadores repongan el dinero de anualidades e incentivos pagado de más.

Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional, expresó que él no creía que debían devolver recursos, porque había “buena fe” en referencia al pacto de 12 de agosto con el Gobierno y la CCSS.

Colaboraron los periodistas Josué Bravo y Ángela Ávalos.