La Sala Constitucional recibió un recurso de amparo contra los miembros del Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y contra la Presidencia de la República, que busca frenar el procedimiento de subasta del espectro radioeléctrico de radio y televisión.
Un ciudadano, usuario de los servicios de radio y televisión nacional, recurrió a la Sala para solicitar la suspensión cautelar de la subasta mientras se resuelve el recurso por el fondo. La gestión, presentada en octubre, se encuentra en estudio de admisibilidad bajo el expediente 25-031501-0007-CO.
En el texto, el ciudadano sostiene que el procedimiento fue “diseñado bajo una lógica predominantemente económica y recaudatoria, con precios base elevados y grandes diferencias regionales”, lo que, en la práctica, limitaría la participación de medios pequeños, comunitarios, culturales, religiosos, regionales y estatales.
En setiembre de 2025, el Gobierno emitió un acuerdo ejecutivo para poner en marcha una subasta pública del espectro radioeléctrico. De acuerdo con el Micitt, la meta es ampliar la cobertura nacional y modernizar el uso del espectro. Los interesados (excepto las entidades excluidas) deben presentarse ante la Sutel para participar.
Los precios base fijados ascienden a $386.000 para radio FM de cobertura nacional; $1,6 millones para televisión nacional; y entre $157.629 y $325.044 para frecuencias televisivas regionales.
La fecha límite para participar en la subasta venció a la medianoche de este viernes. Los concesionarios interesados tenían que presentar sus ofertas, y la concesión será adjudicada a quien proponga el monto más alto.
Hasta el momento, no se conocen las empresas que entregaron en tiempo sus ofertas.
El ciudadano aseguró ante la Sala que ese “esquema favorece únicamente a grandes operadores con alta capacidad financiera”, lo que podría derivar en una mayor concentración del mercado de radiodifusión y en la exclusión de actores históricamente relevantes para la vida social y cultural del país.
Además, el ciudadano señaló que el proceso de subasta podría estarse utilizando como un mecanismo de censura indirecta y de restricción a voces críticas del Poder Ejecutivo. Esto, debido a las confrontaciones entre el presidente Rodrigo Chaves, su gabinete y determinados medios de comunicación.
Impacto en medios pequeños, culturales y educativos
El ciudadano también manifestó al alto tribunal la preocupación por el eventual impacto en medios religiosos, culturales y estatales, cuyos modelos no comerciales y presupuestos limitados les impedirían competir en igualdad de condiciones en un proceso “estrictamente económico”.
Asimismo, indicó que estos medios en zonas rurales son la principal fuente de información, educación, cultura y participación ciudadana.
La Nación informó que varias cadenas de comunicación confirmaron que no participarán en la subasta. Entre ellas, la Cadena Radial Costarricense (con cinco emisoras), Cadena Musical (con dos) y los canales de televisión Telefides y Canal 1.
Andrés Quintana, presidente de la Cadena Radial Costarricense, advirtió que, con el nuevo esquema, se reducirá el número de emisoras conectadas a una frecuencia, “lo que implicaría que el país deje de contar con la pluralidad mediática que tiene hoy”, caracterizada por la diversidad de emisoras y canales musicales, religiosos, deportivos, noticiosos y culturales, así como espacios universitarios.
De acuerdo con el recurso, la subasta podría vulnerar principios constitucionales como la libertad de expresión y de prensa; la prohibición de censura previa; el principio de responsabilidad ulterior; el derecho de acceso a la información pública; y el pluralismo informativo y la diversidad de voces.
Por ello, el ciudadano solicitó a la Sala la suspensión cautelar del procedimiento mientras se resuelve el fondo y la eventual anulación del proceso si se determinan violaciones constitucionales; así como la garantía de no repetición de los hechos denunciados.
Además, la adopción de un nuevo mecanismo de subasta que incorpore criterios de proporcionalidad y protección para medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales.