Los ministros del Gobierno devengaron, durante la primera mitad del 2022, un salario base de ¢1,3 millones más los pluses que cada uno puede percibir, como prohibición y anualidades. Por orden del presidente Rodrigo Chaves, a partir de este mes la remuneración base subirá a ¢2,6 millones. No obstante, el incremento no beneficiará a una ministra, cuyo sueldo se mantendrá muy por debajo incluso de lo que ganan sus colegas actualmente.
Cindy Quesada, ministra de la Mujer, devenga un salario mensual bruto de ¢440.250. Dicho monto corresponde al salario base de un asistente presidencial C, la plaza que el Gobierno le habilitó a la jerarca en la planilla de la Casa Presidencial. Como Quesada no está incorporada a un colegio profesional ni trabajó previamente en el sector público, no puede cobrar prohibición ni anualidades.
Esta situación se originó en el hecho de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, planeaba seguir la costumbre de designar una sola jerarca para los puestos de ministra y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu). Así lo anunció el 29 de abril, en el segundo acto de presentación de su gabinete.
De haber ocurrido así, el salario de Quesada correría por cuenta del Inamu y sería de ¢2,4 millones.
Sin embargo, el 8 de mayo, después del traspaso de poderes, trascendió que la designación no se podría concretar, pues Quesada no es profesional y no tiene una licenciatura en un área afín al cargo, ni acumula los cinco años de experiencia como especialista, que exige la Ley de Creación del Inamu para ejercer la presidencial del Inamu.
El currículum de Cindy Quesada indica que ella es egresada en Derecho pero no se habría graduado, es decir, no está legalmente facultada para laborar como abogada. Tampoco está incorporada al colegio profesional respectivo. En Costa Rica es ilegal ejercer Derecho sin ser miembro del Colegio de Abogados.
En su lugar, entonces, el Gobierno designó como presidenta ejecutiva del Inamu a la funcionaria Adilia Caravaca, quien devenga ¢2,4 millones mensuales.
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El presidente Chaves optó por mantener a Cindy Quesada como ministra, pero sin cartera. Es decir, sin una estructura institucional a cargo. En consecuencia, la Casa Presidencial la nombró en una plaza de asistente, a partir del 10 de mayo.
Zapote informó de que actualmente hay una propuesta de convenio para trasladar dicho puesto, en calidad de préstamo, al Inamu. Dicha institución, por su parte, indicó que el incremento salarial declarado por el presidente Chaves para los ministros no le aplicará a Quesada, por ser una jerarca sin cartera.
De acuerdo con la ministra, dicho convenio oficializará las condiciones de la cooperación entre la Casa Presidencial y el Instituto, por ejemplo, el uso del vehículo para que ella acuda a giras y actos oficiales, o la posibilidad de que la entidad le pague viáticos.
Durante su primera semana en el cargo, Cindy Quesada declaró que desempeñaría un papel de representatividad y acompañamiento, mediante el cual podría utilizar un vehículo del Inamu, hacer giras y asistir a los congresos nacionales e internacionales relacionados con los derechos femeninos.
Combate de violencia y reactivación económica
De acuerdo con la ministra, ella y Adilia Caravaca han trabajado juntas en el pasado, por lo que saben distribuirse las labores. Afirmó que mientras la presidenta ejecutiva se encarga de los temas administrativos y de gerencia del Inamu, ella se concentra en el desarrollo de políticas públicas.
“Lo que se hizo fue fortalecer la institución, teniendo dos personas diviéndose tanta labor y tanto trabajo”, afirmó la ministra.
Según dijo, el presidente Chaves le encomendó priorizar el combate de la violencia contra las mujeres y la reactivación económica.
Al respecto, aseguró que una de las primeras acciones del Gobierno será brindar capacitaciones a las comunidades y los funcionarios públicos del sector Caribe sobre los mecanismos para denunciar las agresiones y la violencia sexual contra las mujeres y cuál es la forma adecuada de atender a las víctimas.
Cindy Quesada añadió que durante estos primeros dos meses también se ha enfocado en alinear los compromisos del mandatario con las políticas existentes, los objetivos de desarrollo sostenible y las obligaciones ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); así como en mapear la institucionalidad y los servicios que brinda el Estado, para hacerlos más eficientes.