El 8 de setiembre, Robles solicitó al Sinart las actas del Consejo Ejecutivo desde mayo del 2022 hasta la fecha.
Sin embargo, Sandí respondió que, por tratarse de actas ordinarias y extraordinarias de mas de un año, le era “imposible la atención de su solicitud dentro de los diez días hábiles establecidos por ley” y prometió, en una carta fechada el 25 de septiembre, que entregará la información el próximo 9 de octubre.
Sandí alegó, además, que la persona encargada de recopilar las actas “se encuentra con un permiso de tres meses, por lo que no se ha logrado encontrar el reemplazo de la plaza vacante”.
La asesora de la Presidencia Ejecutiva del Sinart, Mirna Picado, confirmó lo que le jerarca dijo al diputado Robles, en el sentido de que la entidad pidió una prórroga para entregar la información.
La agencia del Sinart obtuvo contratos por ¢7.925 millones con 14 instituciones públicas para manejar su publicidad. El pasado 13 de septiembre, la Asamblea Legislativa creó una comisión para investigar los contratos, varios de los cuales fueron adjudicados sin concurso.
Luego, para cumplir con esos contratos, el Sinart contrató a tres empresas sin licitación. Una de las empresas contratadas pertenece a Christian Bulgarelli, identificado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, como asesor de comunicación del presidente Rodrigo Chaves.
Casa Presidencial lo identificó como un contratista del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). A Bulgarelli le adjudicaron una consultoría del banco regional por $300.000 para brindar asesorías en comunicación a Presidencia y, según la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, él participó en la redacción de los términos de referencia del concurso.
Bulgarelli tiene dos contratos más con la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y el Banco de Costa Rica (BCR), además del que le fue adjudicado por el Sinart.
Lo que dice la ley
La Ley para Mejorar el Proceso de Control Presupuestario obliga a todas las instancias del Estado a grabar en audios y videos sus sesiones. La Sala Constitucional, la Contraloría y la Procuraduría General de la Repúblico han ratificado, además, que esos documentos, sean físicos o digitales, son de acceso público.
La Legislación también establece que se deben levantar actas literales de las intervenciones de jerarcas, directivos e invitados que participen en esos espacios. Los directivos están obligados a verificar, antes del arranque de las reuniones, que las sesiones se esté grabando.
