En la búsqueda de alternativas para bajar el costo de operación de un Estado que consta de más de 320 instituciones y se financia, principalmente, con deuda, el Gobierno se cuestiona si necesita tres instituciones distintas para ejecutar las políticas de vivienda y ordenamiento.

De acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificación, la “dispersión de esfuerzos” en ambas áreas es uno de los problemas que el Ejecutivo se propone resolver, como parte de la necesidad de hacer al aparato público más eficiente.

Las tareas relacionadas con planificar el espacio urbano y facilitar el acceso de las familias a la vivienda están distribuidas entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU).

El INVU y el Banhvi tienen sus propias leyes constitutivas, emitidas en 1954 y 1986, respectivamente. En tanto que el Mivah carece de un marco legal, por lo que se encarga de emitir lineamientos y políticas.

El Instituto ejecuta dichas políticas y promueve programas habitacionales; mientras que el Banco provee financiamiento, pero no directamente sino a través de otras entidades autorizadas, como otros bancos, cooperativas y mutuales.

Esas entidades se encargan de recibir y tramitar las solicitudes de bono; así como de entregar los recursos en los casos que el Banhvi apruebe. Dada la crisis fiscal que atraviesa el país, el Gobierno se cuestiona si el diseño del sector es el adecuado.

“El rol del Banhvi, cuestionarnos si a estas alturas, teniendo una herramienta tan poderosa como el Sinirube, unas condiciones que ofrecen programas de vivienda que son muy atractivas en la banca comercial y otros, si tiene sentido mantener el Banhvi o no”, dijo Garrido en una audiencia con la comisión legislativa de Reforma del Estado, el 30 de setiembre pasado.

El Sistema Nacional del Registro Único de Beneficiarios (Sinirube) es un órgano desconcentrado adscrito al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el cual reúne la información de todas las ayudas que distribuye el Estado entre la población.

El día de su audiencia en el Congreso, Garrido adelantó que el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) se fusionan con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El objetivo de esa transformación, dijo, es dejar de gastar dinero en estructuras administrativas duplicadas: departamentos de proveeduría, recursos humanos y asesoría legal, por ejemplo.

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En el caso del sector vivienda, según Garrido, un eventual rediseño institucional deberá responder a las transformaciones que se necesitan para mejorar el servicio.

"¿Cómo hacer para resolver con mayor celeridad las necesidades de vivienda en la población más vulnerable y en pobreza? ¿Cómo apoyar a la clase media y a las personas jóvenes a tener mayores opciones de acceso a vivienda? ¿Cómo valorar nuevos esquemas de alquiler alineados a expectativas de vivienda de millennials, por ejemplo?

“Por otro lado, ¿cómo ordenar la planificación urbana y el ordenamiento territorial del país en función del desarrollo económico sostenible?”, afirmó Garrido, en entrevista con La Nación.

La jerarca coordinadora del Consejo Económico dijo que el trabajo lo realiza el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), en coordinación con el Mivah.

Garrido precisó que, por el momento, no se ha definido ningún traslado de competencias de una institución a otra. Sin embargo, afirmó que la expectativa es que las conclusiones del estudio se conviertan en un proyecto de ley, para ejecutar las transformaciones que se consideren necesarias.

“Sí, la expectativa es presentar un proyecto de ley posterior al trabajo riguroso con el sector, que responda esas preguntas de política pública y genere mayor eficacia y calidad en la prestación de servicios públicos y en el gasto público”, afirmó Garrido.

La idea de implementar reformas en el sector Vivienda no es nueva. Sin embargo, las intervenciones propuestas hasta ahora se habían enfocado en el INVU.

Por ejemplo, en el 2016, el exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís presentó un proyecto de ley para cerrar instituciones y eliminar duplicidades, el cual contemplaba que un nuevo Ministerio de Asistencia Social (MAS) absorbiera al Mivah y el Programa de Ahorro y Préstamo del Instituto.

En tanto que el Programa de Urbanismo del INVU se lo trasladaba a Mideplán.

Y en abril, la contralora Marta Acosta les pidió a los diputados posibilidades de ahorro en instituciones que perdieron la eficiencia o su razón de ser, entre las cuales citó al INVU.

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Gerente del Banhvi: ‘Es una afirmación totalmente incorrecta’

Dagoberto Hidalgo, gerente del Banhvi, dijo que Garrido sugirió la posibilidad de cierre del Banhvi sin consultar con la institución. Según el funcionario, decir que el Sinirube podría reemplazar la selección de beneficiarios que hace el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda “es totalmente incorrecto”.

Hidalgo señaló que no es lo mismo otorgar una beca para estudiar que un subsidio para casa; y afirmó que Sinirube carece de los filtros requeridos para otorgar los beneficios que el Banhvi administra.

“No tenemos miedo a una reforma del Estado, pero sí tenemos claro que el rol del Sistema Financiero es fundamental”, dijo.

Añadió que en el sector vivienda sí hay espacio para que, por ejemplo, al Banco se le traslade el programa de Ahorro y Préstamo del INVU.

“Considero que efectivamente podría haber un diseño más oportuno, con base en análisis que nos permitan determinar cuál es ese mejor rediseño. Y pongo un ejemplo: en materia de vivienda, todo lo que tenga que ver con ahorro y con financiamiento, se pueden trasladar al Banhvi. Uno puede pensar en un mejor rediseño y en asumir, pero sin perder la esencia en el rol”, afirmó Hidalgo.

Para el gerente del Banhvi, también es importante tener en cuenta cuáles instituciones son una carga para el Estado y cuáles no.

Para el 2021, el presupuesto del Banhvi es de ¢202.562 millones (57% es para otorgamiento de bonos con fondos públicos), mientras que el del INVU es de ¢55.054 millones, según los registros de la Contraloría General de la República.

Ambas instituciones financian sus gastos operativos con los rendimientos de sus transacciones, en tanto que el Mivah sí depende al 100% del Presupuesto Nacional.

El plan de gastos del Mivah para el próximo año es de ¢10.213 millones, pero la propuesta de recortes adicionales que el Gobierno les ofrece a los diputados lo reduciría a ¢8.138 millones.

Hidalgo comentó que en las últimas semanas, los jerarcas las instituciones de vivienda empezaron a reunirse para intercambiar ideas que podrían darle “mayores niveles de eficiencia” al sector. Ese proceso, dijo, de momento no incluye a Mideplán.

Ministra de Vivienda: ‘Es ínfimo desde el punto de vista fiscal’

La transformación, fusión y cierre de instituciones se discute en momentos en que el país se enfrenta a la crisis económica y fiscal causada por la pandemia de covid-19.

Para el cierre del próximo año, se proyecta que la deuda total del Gobierno Central alcance el 80% de la producción. En ese periodo, la caída de los ingresos tributarios causará que el Presupuesto Nacional de ¢11,4 billones se financie, en un 55%, con dinero prestado.

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Irene Campos, ministra de Vivienda, alegó que el financiamiento del sector “desde el punto de vista fiscal no significa un esfuerzo importante” para el Estado, porque el INVU se sostiene a sí mismo y el Banhvi recibe solo una parte de sus ingresos del Presupuesto Nacional.

“Por lo tanto, esta reforma es ínfima desde el punto de vista fiscal”, afirmó Campos, quien agregó que la motivación del proceso debería ser “la eficiencia, las metas y los objetivos de política pública”.

"Hay que hacer el análisis, revisar si algunas funciones de las instituciones podrían fusionarse con otras, podría ser, o que se le refuercen a una institución algunas funciones, y a las demás otras, teniendo como norte la eficiencia del Estado.

“Independientemente del tema fiscal esa sería la idea, sin entrar en prejuicios ni apegos. En un análisis muy racional, muy objetivo, en donde inclusive pensamos iniciar con unos foros a la opinión pública”, dijo Campos.

En su opinión, una reforma legal en el sector debería permitirles mayor coordinación entre instituciones en temas de ordenamiento territorial, el cual le compete directamente a las municipalidades. Afirmó que también se deben agilizar los trámites para acceder a vivienda y habilitar opciones que se adecuen a las nuevas necesidades de la población, como subsidios para que las personas jóvenes alquilen casa y leasings habitacionales.

De acuerdo con la jerarca, las instituciones están trabajando en conjunto para presentar el proyecto de reforma que se necesite en el primer semestre del 2021.