Recurso de amparo destapó extravío en Defensoría de audio sobre UPAD

Con base en esa información, Crespo redactó un informe que dio a conocer el 28 de febrero donde declaró que la UPAD tuvo acceso a "datos sensibles” de la población.

El 4 de mayo, uno de los investigados, el abogado y exasesor legal presidencial Luis Salazar Muñoz, solicitó a la Defensoría copia completa del expediente administrativo en su contra, pero, al final, no se lo entregaron en 10 días hábiles, plazo que fija la ley.

Únicamente, la entidad le contestó, el 5 de mayo, que su solicitud fue trasladada al despacho de Crespo.

Por eso, el 20 de mayo, él acudió a la Sala Constitucional con un recurso de amparo para que ordenara a la Defensoría entregar la prueba.

Siete días después, el 27 de mayo, se aclararon las dudas. La Defensoría respondió a la Sala IV el recurso de amparo y horas después Crespo reveló públicamente lo ocurrido: parte del audio grabado en la Casa Presidencial hacía tres meses, el 24 de febrero, se había perdido.

Fue hasta ahí que Salazar conoció que desde el 23 de marzo el caso fue denunciado ante el Ministerio Público por la misma Defensoría, luego de que la Auditoría Interna determinara que parte del audio ya no existía.

¿Por qué hasta el 27 de mayo revelaron que el audio se había perdido? La Defensoría alega que se ha centrado en la atención de la emergencia por el nuevo coronavirus.

“Dado que los diputados de la comisión especial legislativa empezarán sus labores, era importante dar a conocer esta información, en aras de cumplir con la transparencia y la rendición de cuentas”, respondió la Defensoría La Nación.

Otra pregunta que surge es por qué tardó un mes en denunciar la desaparición de la grabación ante la Fiscalía.

Crespo explicó así lo sucedido: “Posterior a la reunión en Casa Presidencial (el 24 de febrero), solicité agrupar toda la información recopilada y detectamos que la grabación del audio de la conversación con el presidente y varios de sus ministros estaba incompleta".

"Inmediatamente, pedí una investigación a la Auditoría Interna, la cual recomendó enviar el reporte al Ministerio Público para que, a fin de determinar la verdad de los hechos, se realice un análisis técnico-forense”.

Al día siguiente de admitir públicamente lo sucedido, el jueves 28 de mayo, la Defensoría le entregó a Salazar la información, pero de forma incompleta, según dijo el recurrente, pues no incluyó todo el audio de la entrevista hecha en Presidencia.

Salazar, quien renunció como asesor legal de Presidencia a finales de febrero, había pedido duplicados de los documentos a los cuales accedió la Defensoría para redactar el informe que cuestiona a la UPAD.

Requirió, por ejemplo, el currículum vitae de los funcionarios que participaron en la elaboración del informe y la grabación de las entrevistas.

En el recurso de amparo ante la Sala IV, Salazar alegó: “Se me ha violentado mi derecho fundamental a la información, consagrado en el artículo 30 constitucional”.

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Para la Defensoría, “toda la información fue entregada según lo solicitado”.

“En el caso en particular del audio, se le entregó una vez que el recurrente facilitó un dispositivo electrónico para brindarle la copia. Dependerá de la Sala IV determinar si hubo o no algún incumplimiento en cuanto a lo que el recurrente solicitó”, respondió Crespo, por escrito, a La Nación.

La investigación de la Defensoría sobre el caso de la UPAD detalló que la UPAD tuvo acceso a “datos sensibles” los habitantes debido a su posibilidad de ingreso a las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Además, declaró que no hubo análisis de riesgos en protección de datos, incluyendo protocolos de actuación, de seguridad, custodia de datos, protocolo de identificación y manejo.

Salazar también figura como investigado en la Fiscalía por, presuntamente, haber participado en la elaboración del decreto ejecutivo publicado en la Gaceta el pasado 17 de febrero, y derogado cuatro días después, en el que se establecía que la UPAD tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de instituciones públicas.

El caso no solo está en el Ministerio Público. Una comisión de diputados también investiga desde el punto de vista político, pero, se vio obligada a suspender las sesiones por la emergencia del covid-19. Aún no está definido cuándo se retomarían las reuniones.

La comisión especial investigadora surgió luego de la publicación del decreto de creación de la UPAD, el cual establecía que esa oficina tendría acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones.

El decreto fue publicado el 17 de febrero y derogado el día 21 del mismo mes. Salazar supuestamente habría participado en la redacción de esa normativa pues era asesor legal del mandatario.

La investigación se maneja bajo el expediente legislativo N° 21.818 y por el momento han sido llamados a rendir cuentas el exviceministro de Hacienda, Juan Alfaro y el ex viceministro de Planificación, Daniel Soto.

También, comparecieron la exjefa del despacho presidencial, Felly Salas, y el exasesor legal de Presidencia, Luis Salazar.