Luis Salazar Muñoz, asesor legal de Carlos Alvarado y comisionado de derechos LGTBI, renunció al primero de esos cargos el jueves en medio de la polémica por el decreto de creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
“He tomado la decisión de renunciar al cargo de asesor legal en la Presidencia de la República a partir de mañana viernes 28 de febrero. Mi conciencia me dicta que lo correcto es dar hoy un paso al lado, teniendo la plena convicción de que mi trabajo fue asumido con la mayor vocación de servicio a mi país y habiendo entregado lo mejor de mí”, indicó Salazar en su carta de renuncia.
Luis Salazar Muñoz figura como uno de los investigados en la investigación judicial del caso UPAD, pues habría participado en la redacción del decreto.
La fiscala general, Emilia Navas Aparicio, desarrolló este viernes, desde las 8 a. m., un allanamiento en Casa Presidencial junto con policías judiciales, al tiempo que el Ministerio Público ingresó en nueve puntos más.
Casa Presidencial aceptó la renuncia de Salazar al cargo de asesor legal y avaló su propuesta de seguir, de forma ad honorem, su función como Comisionado Presidencial para asuntos de la población LGBTI, con el fin de “culminar procesos necesarios para la adecuada implementación del matrimonio civil igualitario”.
El presidente Carlos Alvarado también figura como investigado en la causa, así como el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y el viceministro de Planificación, Daniel Soto Castro.
También, aparecen como investigados los analistas de datos Alejandro Madrigal Rivas, Diego Fernández Montero y Andrés Villalobos Villalobos, así como la jefa de despacho del presidente, Felly Salas Hernández.
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