La defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, solicitó anular los convenios que la Presidencia de la República firmó con instituciones públicas para compartir información.
Crespo alegó que Casa Presidencial llegó a acuerdos formales con el Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), el cual registra información de quienes reciben subsidios del Estado, y con el Registro de la Propiedad y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
“En el caso del Sinirube, posee información sensible, pues este sistema maneja datos sobre la situación socioeconómica de las personas, enfermedades, estados de salud de la gente y más datos sensibles” argumentó la defensora.
Añadió que la UPAD también solicitó convenios de información a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero estos fueron rechazados por esas instituciones.
Además, la Defensoría indicó que los analistas de datos de Casa Presidencial también obtuvieron bases de datos de información pública.
En una conferencia de prensa la noche de este viernes, para comunicar los resultados de su investigación sobre la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la Defensoría criticó la falta de protocolos para la custodia y seguridad de los datos dentro del decreto que pretendía crear la UPAD, el cual fue derogado el viernes 21 de febrero, cuatro días después de su publicación.
“En el manejo y análisis de datos, se requiere de personal técnico jurídico especializado, y quienes estaban realizando dicha labor eran asesores presidenciales sin especialización", indicó la Defensoría.
La defensoría no pudo comprobar que, aparte de los tres asesores presidenciales que manejaban los datos, más personas hayan tenido acceso a las bases.
Tampoco se pudo comprobar que la UPAD haya accedido a material confidencial de cuentas bancarias.
Según indicó la defensora, determinar si eso ocurrió le compete a la Fiscalía, la cual ya intervino en el caso.
Información actualizada a las 11: 24 p. m.