Silvia Artavia. 27 mayo
El 24 de febrero de 2020, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, se reunió con el presidente Carlos Alvarado por el caso de la UPAD. Foto: Roberto Carlos Sánchez.
El 24 de febrero de 2020, la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, se reunió con el presidente Carlos Alvarado por el caso de la UPAD. Foto: Roberto Carlos Sánchez.

La Defensoría de los Habitantes extravió parte de la grabación que realizó en Casa Presidencial, el 24 de febrero de 2020, como parte de una investigación sobre el decreto de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Se trata del audio de una entrevista en la que participaron el presidente Carlos Alvarado, el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales; la viceministra de la Presidencia, Silvia Lara; la ministra de Comunicación, Nancy Marín; y “los asesores que participaron en la UPAD”.

La Defensoría no precisó quiénes fueron estos últimos. Tampoco detalló cómo se perdió el extracto de la entrevista, cuyo resguardo era responsabilidad de la Defensoría.

Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, informó a La Nación de que, “para determinar con exactitud la verdad real de los hechos”, trasladó el caso al Ministerio Público para que realice una revisión técnico-forense.

“Posterior a la reunión en Casa Presidencial, solicité agrupar toda la información recopilada y detectamos que la grabación del audio de la conversación con el presidente y varios de sus ministros estaba incompleta".

"Inmediatamente, pedí una investigación a la Auditoría Interna, la cual recomendó enviar el reporte al Ministerio Público para que, a fin de determinar la verdad de los hechos, se realice un análisis técnico-forense”, aseguró la defensora.

La Defensoría, entonces, envió al Ministerio Público “el informe de una investigación relacionada con el respaldo de la grabación”.

La jerarca insistió en que “no quiere que haya ningún cuestionamiento” con respecto a la forma en que la Defensoría de los Habitantes abordó el caso de la UPAD. Por eso, considera importante someterse a cualquier investigación, en caso de ser necesario.

Tanto la Defensoría como la Fiscalía investigaron en Casa Presidencial si la UPAD accedió o no a datos confidenciales de los ciudadanos.

Uno de los indagados es el mandatario Carlos Alvarado.

La investigación surgió por un decreto, derogado cuatro días después de ser publicado, en el que se le daba a la UPAD acceso a datos confidenciales de los habitantes en manos de las instituciones públicas.

Según Crespo, “esta situación en particular (del extravío del audio) no afecta en nada los hallazgos y conclusiones" de la Defensoría pues, además de las entrevistas, la investigación se basa en la revisión de oficios, convenios, documentos y correos electrónicos.

“Es lamentable que haya ocurrido esta situación con el audio, pero insisto en que los hallazgos y recomendaciones que brindamos están respaldados por una gran cantidad de documentos, hoy en manos del Ministerio Público”, agregó.

La defensora lamentó que una situación de esta índole ocurriera a lo interno de la institución que ella lidera.

No obstante, aseguró ser consciente de que, como cualquier otra entidad pública, tiene un mandato de transparencia y de rendición de cuentas y está sujeta al escrutinio público.

“En aras de la transparencia institucional, y de salvaguardar la investidura de esta institución y la honorabilidad de todos los funcionarios, acogí la recomendación de enviar el expediente al Ministerio Público, pues soy consciente de la relevancia que tiene este proceso para el país y para cumplir con nuestra misión de proteger los derechos humanos de los habitantes”, señaló.

Luego de su investigación, la Defensoría de los Habitantes envió un informe al Ministerio Público, el pasado 29 de febrero, bajo el número 310955-2020, en el que solicitó un análisis pericial técnico para determinar si hubo o no acceso a información y uso de datos sensibles o de acceso restringido de los habitantes.

En este documento, la institución argumentó que la UPAD pudo conocer datos sensibles de los habitantes debido a que tuvo acceso a las bases de datos del Sistema Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Además, señaló que no hubo análisis de riesgos en protección de datos, incluyendo protocolos de actuación, de seguridad, custodia de datos, protocolo de identificación y manejo.