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Las propuestas de reducción al Presupuesto Nacional y al gasto en salarios públicos pusieron al Partido Liberación Nacional (PLN) en un zapato, debido a sus propias contradicciones.
Por un lado, esta semana, los diputados liberacionistas gastaron buena parte de su control político en denunciar que el recorte al Presupuesto 2020 presentado el lunes no es de ¢328.000 millones, como dijo el presidente Carlos Alvarado, sino de ¢196.000 millones.
Lo cierto es que una cosa lleva a la otra. El presupuesto extraordinario plantea una reducción de gasto por ¢328.000 millones, pero a la vez es necesario destinar ¢132.000 millones para bonos Proteger, subsidios del IMAS y otras necesidades de la pandemia, con lo que la reducción neta es de ¢196.000 millones.
Sin embargo, a la vez que la bancada cuestionó el tamaño neto del recorte, el Comité Ejecutivo del PLN y algunos diputados, como el secretario general Gustavo Viales, empezaron a presionar para atenuar las reducciones a sectores como las municipalidades.
“Ningún recorte a los municipios debe ir más allá de las reducciones que se espera tenga el impuesto a los combustibles, que es su fuente principal de ingresos”, dijo el Directorio verdiblanco.
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La diputada Franggi Nicolás también se opuso a los recortes en los fondos destinados a obras de asociaciones de desarrollo, municipalidades, juntas de educación y bonos de vivienda, algo difícil en un plan de recortes que se apoya en un 45% en este tipo de transferencias.
De manera que, si el PLN empieza a ceder a sectores, el recorte que criticó se hará todavía más chico en medio del apresurado crecimiento del déficit fiscal, el cual empeoró con la caída de ¢1,2 billones en la recaudación de impuestos a causa de la crisis.
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Todavía este viernes, cuando ya era bastante claro que la rebaja neta de gastos sería de ¢196.000, las críticas de Liberación contra el anuncio de los ¢328.000 millones seguían vigentes.
Si los diputados aflojan ante diversos sectores que se oponen a los recortes, queda la otra carta planteada por el Gobierno, la de reducir las jornadas laborales de los funcionarios públicos que ganan más de ¢1,5 millones, con el fin de ahorrar unos ¢130.000 millones.
Sin embargo, el Directorio Político y del Comité Ejecutivo de Liberación también se opusieron a ese planteamiento, al calificarla de desigual, regresiva e inconstitucional.
En ese panorama, ¿cuál es la propuesta de los diputados liberacionistas para ayudar a que las finanzas públicas no se las coma el lobo que, según la contralora general de la República, Marta Acosta, ya llegó?
Liberación está contra la pared, con sus diputados disparando hacia objetivos diferentes.
El expresidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, cree que el presupuesto extraordinario, con sus ¢196.000 millones en rebajas presupuestarias -o incluso más- hay que aprobarlo.
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“No podemos pasar más tiempo sin satisfacer a las personas que están esperando el bono Proteger. Es un momento crítico, muchas familias están esperando ese bono para comer, igual que los recursos para la CCSS”, dijo.
Aunque su compañero Roberto Thompson coincide en que no se puede poner en riesgo los recursos para Proteger, sí es de la línea de acoger ambos pronunciamientos del Directorio Político que cuestionan tanto los recortes presupuestarios como la rebaja de jornadas laborales para funcionarios públicos.
“Puede aumentar el recorte, podemos exigir mayor recorte en gastos, para llegar a un 1% del producto interno bruto (¢355.000 millones), pero hay que hacer un esfuerzo mucho mayor para llegar a esa suma, el ministro de Hacienda dijo que hay margen para más”, apuntó Thompson.
Aunque no hubo un solo discurso de Silvia Hernández y Ana Lucía Delgado, dos de las liberacionistas de la Comisión de Hacendarios, en que no hubiera un reclamo al Gobierno por anunciar un recorte mucho mayor a la rebaja neta, ellas se inclinan por dictaminarlo positivo.
“No es un esfuerzo menor, pero sí tratamos de que el diálogo sea lo más franco posible”, dijo la presidenta de Hacendarios, Silvia Hernández.
Eso sí, ella apuntó que Hacienda debe informar si se está poniendo realmente en peligro a sectores como vivienda, que se afecte tejido social o inversión de capital.
Delgado acuerpa a la presidenta de Hacendarios, cuando ahora reconoce que el ajuste de ¢195.000 millones en el Presupuesto es “importantísimo” porque el plan de gastos es muy rígido.
Además, apuntó que jamás se puede considerar un rechazo al presupuesto extraordinario, pero sí dijo que se debe seguir dando una revisión integral de la gestión de la deuda y de revisión en cada institución de cuáles gastos son estrictamente necesarios y cuáles se pueden frenar antes de comprometer la inversión.
Karine Niño también está en sintonía con las autoridades partidarias y considera que este tema los tiene que “unir como partido”.
“Una buena parte del recorte del Presupuesto es infraestructura, aparte que primero nos dan un dato, luego otro y nuestros compañeros en Hacendarios determinan que es otro”, dijo.
Ella alegó que el PLN entiende la necesidad de recursos y aliviar las finanzas de alguna forma ante el peligro inminente, pero insistió en que el presidente Alvarado “nuevamente nos miente”.
En tanto, la posición del jefe liberacionista, Luis Fernando Chacón, va por la prudencia y por escuchar, primero, el reporte de los verdiblancos en Hacendarios, que son Silvia Hernández, Gustavo Viales y Ana Lucía Delgado.
Los liberacionistas tampoco ven posibilidades en el plan de reducción de jornadas.
Chacón lo considera “totalmente desajustado”; Thompson acoge el criterio del Directorio Político y Viales cree que aumentaría el gasto público en entidades donde se tendría que cubrir el trabajo con horas extra, además de alegar discriminación entre unos funcionarios y otros.
“El Gobierno debería enmendar y sacar esa iniciativa, no enviarla por enviar algo y haber hecho un anuncio abultado junto con el presupuesto extraordinario”, dijo Viales.
Silvia Hernández y Carlos Ricardo Benavides coinciden en que todos los sectores tienen que contribuir, pero la primera teme por una eventual desigualdad entre unos funcionarios y otros.
En lo que sí sintonizan ambos es en que la discusión se debe dar y eventualmente buscar una mejor opción.
“Es deficitario el proyecto, pero parte de la premisa correcta, los que más ganamos tenemos que contribuir, comenzando con los diputados. Hay que arreglar el proyecto o presentar otro que sirva de alternativa”, concluyó Benavides.
