Josué Bravo. 15 julio, 2020
Liberación y la Unidad gobiernan la mayoría de las municipalidades. Foto: Rafael Pacheco
Liberación y la Unidad gobiernan la mayoría de las municipalidades. Foto: Rafael Pacheco

Los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC) se oponen al recorte planteado por el Gobierno para las transferencias que el Ministerio de Hacienda presupuestó este año para las municipalidades.

El Ejecutivo planteó la reducción en el segundo presupuesto extraordinario de la República, debido a la caída de casi ¢1,2 billones en la recaudación de impuestos y a que los diputados exigieron un mayor recorte de gasto.

No obstante, ahora el PLN y el PUSC, los partidos que gobiernan la mayoría de las alcaldías, se oponen a esta parte del recorte.

El Gobierno impulsa una disminución de ¢34.400 millones a las municipalidades mediante dos vías.

Primero, considera necesario reducir en ¢22.781 millones las transferencias a los gobiernos locales que, por ley, dependen de impuestos cuya recaudación se vino abajo este año.

El mayor rubro proviene del impuesto a los combustibles, del cual el 22,25% está destinado a la atención de vías cantonales. Hacienda alega que, ante la baja en el consumo de hidrocarburos, corresponde una reducción de ¢22.105 millones para las municipalidades.

Los restantes ¢676 millones obedecen a una caída en impuestos específicos al turismo que van destinados a varias municipalidades y que se dejaron de recaudar por la pandemia.

Por otra parte, el Ejecutivo planteó recortar ¢11.691 millones en otras transferencias que el Gobierno hace a los ayuntamientos con el erario público.

Se trata de ¢1.871 millones que saldrían del Ministerio de Gobernación para labores comunitarias o de turismo, así como ¢7.500 millones de aportes del MOPT para otras obras viales, ¢2.000 millones del Ministerio de Vivienda para las municipalidades de San José y Alajuela; y ¢320 millones que envía el Ministerio de Salud.

El PLN alega que el monto de la reducción en la transferencia a las municipalidades en la parte vial es de ¢29.600 millones, al juntar la rebaja de los aportes del impuesto de los combustibles y del MOPT.

Partiendo de ese dato, ese partido califica la reducción como desproporcionada; mientras que el PUSC afirma que se estaría violentando la Constitución. Ambos coinciden en que la propuesta afectaría la reactivación económica del país.

“El partido es consciente de la difícil situación económica que afecta al país con motivo de la pandemia y, sin omitir esa circunstancia, se considera que ningún recorte a los municipios debe ir más allá de las reducciones que se espera tenga el impuesto a los combustibles, que es su fuente de ingresos principal para la red vial”, reza el comunicado del Comité Ejecutivo del PLN divulgado esta mañana.

El partido verdiblanco asevera que reducir más allá de los estipulado por la legislación, comprometería “seriamente la inversión en infraestructura vial y con ello la competitividad, la reactivación de la economía local, posibilidades de empleo, encadenamientos productivos y, por tanto, la calidad de vida de las y los habitantes”.

En tanto, el PUSC, dice que la iniciativa del Poder Ejecutivo violentaría la Constitución Política.

El argumento del partido rojiazul se basa en que la Ley 9329 deja a los gobiernos locales la atención de la red vial cantonal. Añade que esta legislación se creó por mandato del artículo 170 de la Constitución.

Gustavo Viales, secretario general del PLN y diputado de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, donde se discute el presupuesto extraordinario, también cuestionó la propuesta del gobierno.

Empero, lo hizo sobre el monto de ¢29.600 millones. El diputado alegó que esa cifra corresponde al fondo nutrido por el impuesto a los combustibles.

De acuerdo con la caída de esos ingresos, continuó el verdiblanco, la reducción debería ser de unos ¢24.000 millones.

“La certificación de la Contraloría General de la República (CGR) dice que la caída en la recaudación de ese impuesto son ¢123.000 millones. La propuesta de Liberación Nacional es que los rebajos se hagan de acuerdo a la Ley 8114. Según nuestros cálculos, esa reducción anda por los ¢24.000 millones”, afirmó el diputado.

Viales asevera que el Gobierno pretende hacer una mayor reducción a la transferencia a las municipalidades, debido a que en el proyecto de presupuesto extraordinario plantea una rebaja al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) de ¢700 millones.

Fonafifo es otra de las instituciones que reciben fondos del impuesto de los combustibles y, de acuerdo con Viales, la reducción a ese órgano debe ser de ¢4.000 millones.

“¿Por qué el Poder Ejecutivo preserva los recursos a algunas instituciones en detrimento de otras? Es ahí donde nosotros decimos que la obra pública es importante para el desarrollo”, cuestionó el congresista.

Viales informó que Karen Porras, secretaria Ejecutiva de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y subsecretaria del PLN, asistió a la reunión de anoche en la que su partido tomó la decisión de cuestionar el recorte.

Sin embargo, aclaró que ella no votó en la decisión por ser suplente.

El PLN dirige 43 alcaldías y el PUSC 15. Los dos partidos ostentan el 70% de las 82 municipalidades del país.