Proyecto de ley propone cerrar agencia publicitaria de Sinart

Dicha agencia es objeto de fuertes cuestionamientos debido a que concentra contratos en publicidad estatal por ¢8.000 millones, varios de ellos adjudicados a dedo mediante procedimientos expeditos y sin concurso público.

“Huele a corrupción”, aseveró la legisladora liberal Johana Obando, una de las proponentes de la iniciativa, quien sostuvo que, por esa razón, intentarán cerrar la oficina publicitaria.

“Es reprochable que una agencia de publicidad como la del Sinart sea una vía para la malversación de los recursos económicos y que, a su vez, se preste para la corrupción con contrataciones a dedo y promueva prácticas de monopolios odiosos”, señaló Obando en sus redes sociales.

La iniciativa, presentada el 26 de octubre, propone eliminar la parte del artículo 3 de la Ley Orgánica del Sinart que permite la existencia de la Agencia de Publicidad de Radio y Televisión Nacional (RTN Publicidad).

El cambio en el artículo 3 suprimiría la posibilidad de que el Consejo Ejecutivo de Sinart pueda crear cualquier otro medio similar dentro de la empresa.

Por otro lado, el proyecto pretende derogar el inciso C del artículo 10 de la citada ley.

Dicho inciso establece que la Asamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantes, la Contraloría General de la República, las instituciones autónomas y semiautónomas, las empresas públicas, así como todas las instituciones y dependencias del Poder Ejecutivo, están obligadas a pautar al menos el 10% de sus recursos de publicidad en el Sinart, por medio de RTN Publicidad.

No obstante, la iniciativa propone que las entidades mencionadas dediquen por lo menos el 3% de sus recursos de publicidad a la difusión de contenidos que contribuyan a cumplir las obligaciones fijadas en la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política.

Escándalos de corrupción motivan propuesta de cierre

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En su exposición de motivos, la propuesta de la bancada del PLP y la diputada Vanessa Castro menciona diversos escándalos de presunta corrupción ocurridos dentro del Sinart y la agencia RTN Publicidad y que, según indica, han sido reseñados en diversas publicaciones de La Nación.

Por ejemplo, este medio reveló un mensaje de WhatsApp que muestra la presunta injerencia del presidente de la República, Rodrigo Chaves, en el gasto publicitario de la Junta de Protección Social (JPS), pese a que se trata de una institución autónoma.

Los diputados indicaron que cuatro meses después del citado mensaje, la Junta Directiva de la JPS tomó la decisión de otorgar el manejo de su dinero publicitario a la agencia RTN Publicidad, aun cuando un informe advirtió de que la contratación no convenía económicamente.

“Esta decisión se tomó en una reunión en la que se mencionó la supuesta presión ejercida desde Presidencia. Estas aseveraciones generan inquietudes significativas sobre la imparcialidad y transparencia en la toma de decisiones institucional. El escrutinio y la rendición de cuentas son fundamentales para mantener la integridad en la administración pública”, explica el proyecto.

Asimismo, los congresistas criticaron que, según declaraciones del director general de Sinart, Federico Amador, en los últimos dos años el 62% de los fondos destinados a pagar proveedores se han otorgado únicamente a dos empresas subcontratadas por RTN Publicidad sin concurso. Esto equivale, aproximadamente, a unos ¢616 millones.

Agregaron que la mayoría de las adjudicaciones de subcontratación son para eventos requeridos por el Instituto Nacional de Seguros (INS), en donde solo una empresa fue elegida para realizar dichos servicios.

“Cerrar las operaciones de la agencia RNT Publicidad se presenta como una medida necesaria para restaurar la confianza en la administración de los recursos y garantizar la responsabilidad administrativa en la institucionalidad pública”, concluye el proyecto.

Esta es la segunda iniciativa de ley que surge con relación al funcionamiento de Sinart. El pasado 10 de octubre, la fracción legislativa del Frente Amplio (FA) presentó un proyecto para “despolitizar” la conducción de la empresa estatal.

El plan frenteamplista quitaría al Consejo de Gobierno la potestad de elegir al presidente ejecutivo del Sinart, con el objetivo de evitar que la institución sea un “apéndice de los intereses políticos de cada gobierno”.

El diputado Ariel Robles aseguró que hay casos conocidos de decisiones tomadas que responden a la línea enviada desde Zapote.

Afirmó que esos acontecimientos motivaron la creación de una comisión legislativa para investigar la directrices emitidas por Allan Trigueros y Fernando Sandí, anterior y actual jerarca del Sinart, para la contratación de la empresa de Christian Bulgarelli, a quien la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, identificó como asesor presidencial; condición negada por él.

Precisamente, la diputada Vanessa Castro es la presidenta de dicha comisión.