EscucharLa presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel, impulsa un plan para trasladar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la administración del Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC), que beneficia a personas en condición de pobreza, principalmente a adultos mayores.
El cambio de obligaciones, entre las dos instituciones, se haría por medio de un proyecto de ley, que la jerarca ya presentó a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, pero que aún debe ser discutido con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Hacienda.
Así lo señaló Esquivel a la Junta Directiva de la CCSS durante la sesión 9381, del pasado jueves 2 de noviembre, y que fue transmitida en vivo. La jerarca se refirió a la propuesta tras conocer los estados financieros del régimen para los años 2021 y 2022, así como los datos hasta junio del 2023.
Dichos reportes evidencian los problemas presupuestarios que afronta el fondo para financiar el pago de las pensiones, principalmente por la merma de los recursos que alimentan al régimen.
Para el mes de junio del presente año, el RNC registraba una disminución del 20,1% en los ingresos, mientras que los gastos incrementaron un 5,6%, resultando en un saldo negativo de ¢11.518 millones, según los datos expuestos por el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes.
Esquivel: El RNC es una carga para la CCSS
Además de las preocupaciones presupuestarias, la presidenta ejecutiva argumentó que la CCSS tiene capacidades muy limitadas para la administración del RNC y lo calificó como “una carga, no pequeña, es más, muy grande, de trabajo adicional (para la institución)”.
“Ahí yo creo que lo importante es tener claridad que este es un régimen que nosotros solo administramos y que las disposiciones de esto parten del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), MTSS y Ministerio de Hacienda”, indicó.
Según Esquivel, bajo este esquema, el papel de la CCSS consiste en únicamente seguir las indicaciones que estos tres actores le giran y cumplir con las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo (PND).
Hasta agosto, el RNC contaba con 144.966 beneficiarios, de los cuales el 96% (139.899) corresponde a adultos mayores en situación de pobreza y personas con invalidez. El restante 4%, es decir, 5.067 personas, tiene parálisis cerebral profunda.
El RNC se financia mediante contribuciones patronales a Fodesaf, sobre el costo de la planilla de las empresas. También por medio de transferencias desde el Ministerio de Hacienda provenientes de la recaudación tributaria e impuestos específicos, como el que recae sobre la venta de cigarrillos y licores.
Cada gobierno, por medio del PND, determina la meta de nuevas pensiones asignadas para cada año por el RNC. En las últimas tres administraciones, el objetivo anual se mantuvo en otorgar 5.000 beneficios.
Enfoque estaría en el IVM
Esquivel alegó que si la CCSS no tuviera que atender este componente, podría concentrarse en la administración del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El gerente de Pensiones de la CCSS dijo a los directivos que las personas deben esperar cerca de dos años para ser incluidos en la lista de beneficiarios del RNC y así poder recibir los ¢82.000 por mes que se le giran a cada persona.
El RNC fue creado en 1974 y su objetivo es brindar una pensión a las personas que no hayan cotizado a ningún fondo básico como el IVM, el del Poder Judicial o el del Magisterio Nacional.
¿Por qué al MTSS?
Esquivel garantizó a los directivos que el MTSS tienen “toda la capacidad” para llevar adelante el manejo del RNC, porque esta cartera cuenta con la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), la cual está encargada de velar por los diferentes regímenes con cargo al Presupuesto Nacional de la República.
La DNP es responsable de los siguientes regímenes contributivos: Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes, Registro Nacional, Ferrocarriles, Músicos de Bandas Militares, Hacienda, Régimen General de Pensiones.
También, se incluyen los no contributivos: Gracia, Guerra, Premio Magón, Expresidentes, Benemérito, Guardia Civil, Pago Complementario del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y Pago Complementario del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
La misma situación se presenta con prejubilaciones de Incop, Incofer y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Otro de los elementos que Esquivel considera ventajosos para el cambio, es que la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), que por ley tiene la administración del Fodesaf, es una dependencia técnica permanente del MTSS, cuyo superior jerárquico es el titular de esa cartera.
Por lo tanto, al tener a cargo la gestión del régimen y el manejo de una fuente importante de los recursos que lo alimentan, el MTSS “podría tomar las decisiones de si lo suben, si dan más, si dan menos”, dijo Esquivel.
Finalmente, la jerarca descartó la posibilidad de que el fondo se traslade al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), pese a que esta instancia está enfocada a atender a la población en condición de pobreza, al considerar que recaería en una misma entidad, la evaluación de la población beneficiaria y la definición de quién recibe los recursos.
“Entonces, yo creo que hasta por un tema de controles internos y sana administración, sería lo más adecuado que estuviera en el MTSS”, manifestó.
Esquivel ocupó el cargo de ministra de Trabajo del 8 de mayo al 19 de setiembre del 2022; dejó el puesto para liderar la CCSS, en sustitución del anterior jerarca, Álvaro Ramos, tras ser destituido por el presidente Rodrigo Chaves.
