Faltante de ¢14.700 millones pone en riesgo nuevas pensiones para personas pobres
CCSS advirtió a Hacienda de que, sin esos recursos, tendrá que suspender otorgamiento de jubilaciones y reducir el monto mensual que reciben 136.000 beneficiarios actuales
El FMI señala que Costa Rica enfrenta una transición demográfica que, en los próximos 20 años, aumentará la dependencia de las personas mayores al gasto público en pensiones y atención sanitaria, lo que ejercerá mayor presión sobre las finanzas públicas. Shuterstock
El Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) inició el 2023 con un faltante de ¢14.710 millones que pone en riesgo el objetivo del Gobierno de entregar 5.000 nuevas jubilaciones este año y que obligaría a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), administrador del fondo, a reducir el monto mensual a 136.388 de los 141.351 beneficiarios actuales.
Así se detalla en el oficio GP-2005-2022, enviado el pasado 19 de diciembre, por Jaime Barrantes, gerente de Pensiones, a Nogui Acosta, ministro de Hacienda, sobre los recursos necesarios para cumplir con los objetivos de este régimen especial dirigido, principalmente, a brindar un ingreso mensual a adultos mayores en condición de pobreza.
Las pensiones ordinarias son las que se disminuirían de ¢80.000 por mes, a ¢70.000 en caso de no hacerse el traslado del dinero, se advierte en el documento de la CCSS, del cual tiene copia La Nación.
La institución autónoma descartó que el desequilibrio presupuestario del régimen afecte a 4.963 personas con parálisis cerebral profunda que reciben al mes ¢334.257.
El gerente de Pensiones confirmó a este diario que, durante este mes de enero, mantuvieron la asignación de nuevos beneficios. Sin embargo, adelantó que si al primer trimestre no han ingresado los recursos, la institución suspenderá la entrega para garantizar que el sistema pueda financiar las pensiones vigentes.
El Poder Ejecutivo solo puede ampliar los recursos al RNC mediante un presupuesto extraordinario que debe aprobarse en la Asamblea Legislativa.
La Nación consultó a Hacienda si brindará los recursos adicionales pedidos por la Caja, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta.
El RNC fue creado en 1974 y su objetivo es brindar una pensión a las personas que no hayan alcanzado el derecho de jubilación o no cotizaron del todo a ningún fondo básico de pensiones, es decir, el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Poder Judicial o el del Magisterio Nacional.
El sistema se financia mediante contribuciones patronales al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) sobre el costo de la planilla de las empresas y por transferencias desde el Ministerio de Hacienda de la recaudación tributaria e impuestos específicos, como el que recae sobre la venta de cigarrillos y licores.
Para el 2023, la CCSS prevé que el gasto del RNC ascienda a ¢198.586 millones, de los cuales el 95,6%, es decir ¢189.855 millones, serán para el pago de la pensión de los actuales jubilados y quienes se integren durante el año; para el aguinaldo de las personas en diciembre; y el financiamiento del Seguro de Salud para la atención médica de las personas.
Mientras que el restante 4,4% del egreso se divide en ¢4.838 millones para gasto administrativo; y ¢3.893 millones de una reserva de contingencia destinada para atender imprevistos.
Sin embargo, el presupuesto del régimen para este año es de ¢174.170 millones, a lo cual se unió un superávit de ¢16.290 millones del 2022.
Barrantes explicó que el pendiente de ¢14.710 millones se usará, en caso de que Hacienda realice el giro, para completar el gasto previsto para el 2023 y que los recursos excedentes se destinarán a cubrir el pago de las pensiones para enero del 2024.
“Esperamos que en marzo, como máximo, se hagan las modificaciones extraordinarias del Presupuesto Nacional para que se complete el faltante, si no, habría un impacto en la gestión y posiblemente tendríamos que suspender la entrega de nuevos beneficios por no haber contenido presupuestario”, afirmó el jerarca.
El funcionario reconoció que el escenario inicial, previsto en setiembre del año pasado, era aún más drástico porque el déficit era de ¢31.000 millones.
Sin embargo, el sistema tuvo un ingreso excepcional, durante el año pasado, por el traslado de ¢29.433 millones hecho por las operadoras de pensiones complementarias (OPC) de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), con más de 10 años sin reclamar una vez fallecido el afiliado o pensionado.
Barrantes dijo que ese dinero ayudó a cumplir con el gasto del 2022 y parte del 2023.
Situación reincidente
Copiado!
El desequilibrio presupuestario en el RNC se inició desde el 2020 por los efectos de la pandemia de la covid-19 y la crisis fiscal. En el caso de los aportes empresariales, estos se vieron impactados a raíz del efecto de los cierres sanitarios, recorte de personal o suspensión de salarios de trabajadores.
Mientras que las transferencias gubernamentales resultaron golpeadas, principalmente, porque el alto peso de los intereses de la deuda estrujan la posibilidad de destinar más recursos al gasto social.
El gerente de Pensiones dijo que el déficit del sistema para el 2022 se financió con recurso excepcionales. Para el 2023 son insuficientes y para los años siguientes no se prevén nuevos ingresos.
“Lo ideal a futuro es que Hacienda y Fodesaf financien el costo total del programa que, anualmente, se acerca a los ¢200.000 millones”, afirmó Barrantes.
Al cierre del año pasado, el sistema arrastraba un pendiente de resolución de 21.101 nuevas solicitudes de pensiones en todo el país. La Caja debe ajustarse a la meta de beneficios anual, dictada por el Gobierno, por tratarse de un fondo financiado por el Estado.
Las pensiones del RNC están destinadas, principalmente, para atender a adultos mayores en condición de pobreza. Al cierre del 2022, el sistema tenía 141.351 beneficiarios. (Shuterstock)
