El Gobierno presupuestó por tercer año consecutivo menos dinero para financiar el pago de las pensiones de personas en pobreza, en su mayoría adultos mayores. El hueco del 2024 será de ¢33.875 millones, que de no llegar a cubrirse podría afectar la entrega de nuevos beneficios y el monto que recibe esta población.
El Ministerio de Hacienda destinó para el Régimen No Contributivo (RNC) ¢176.922 millones, pero el gasto del próximo año ascenderá a ¢210.797 millones, según el oficio PE-DAE-1006-2023, del 5 de setiembre, elaborado por la Dirección Actuarial y Económica, al cual tuvo acceso La Nación.
En caso de que se deba usar solo el dinero asignado, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vería obligada a reducir el monto de la jubilación a 140.000 beneficiarios, desde los ¢82.000 por mes actuales, a ¢68.464, a partir de enero del próximo año, se advierte en la nota dirigida a Ubaldo Carillo, director de Pensiones.
El documento también señala que, en el escenario actual, sería necesario suspender el otorgamiento de 5.000 nuevas pensiones el próximo año.
“Se pone de manifiesta la necesidad institucional de contar con recursos adicionales por parte del Gobierno, no solo para cumplir con las metas dispuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026, sino también para garantizar el pago futuro de las pensiones del programa del RNC (Régimen No Contributivo) del periodo 2024”, concluyó el oficio.
La falta de recursos brindados al régimen no afectará a los 5.000 beneficiarios con parálisis cerebral profunda, pues el monto se mantendrá en ¢352.164 mensuales el próximo año, se indica en el oficio de la Caja.
Esta no es la primera vez que el Gobierno asigna menos dinero para el RNC dentro del presupuesto. En el 2022, el sistema comenzó el año con un faltante de ¢20.000 millones, y durante el 2023 fueron ¢14.700 millones.
Siempre hemos recibido una notita de Hacienda en la que dice que harán los esfuerzos de presupuestar los recursos, ya este año la recibimos (...) Tenemos un déficit de más de ¢30.000 millones para el 2024”
— Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS
Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, reconoció que si los recursos pendientes no ingresan, se tomará la medida “más compleja” de modificar los beneficios a los pensionados actuales.
“Si no ingresan los recursos, la decisión más compleja es tener que ajustar los beneficios para cuadrar los ingresos con los gastos, esa es la decisión a la que no quisiéramos llegar”, afirmó el jerarca.
En el RNC, a diferencia de los fondos básicos, ninguna persona cotiza para obtener la pensión, por lo cual la Caja puede reducir el monto del beneficio para poder otorgar la jubilación mensual a las personas, explicó Barrantes. Sin embargo, ese escenario nunca se ha presentado.
El Régimen No Contributivo fue creado en 1974 y es administrado por la Caja. Su objetivo es brindar una pensión para las personas que no hayan cotizado a ningún fondo básico como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el del Poder Judicial o el del Magisterio Nacional.
Hasta agosto, el sistema contaba con 144.966 beneficiarios, de los cuales el 96% (139.899) son adultos mayores en situación de pobreza y personas con invalidez. El restante 4%, es decir, 5.067 personas, tiene parálisis cerebral profunda.
El sistema se financia mediante contribuciones patronales al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) sobre el costo de la planilla de las empresas. También por medio de transferencias desde el Ministerio de Hacienda provenientes de la recaudación tributaria e impuestos específicos, como el que recae sobre la venta de cigarrillos y licores.
Cada Gobierno, mediante el Plan Nacional de Desarrollo, determina la meta de nuevas pensiones asignadas cada año por el RNC. En las últimas tres administraciones, el objetivo anual se mantuvo en otorgar 5.000 beneficios.
Sin embargo, este propósito puede variar según la disponibilidad de recursos. En el 2020, a raíz de la pandemia, se otorgaron 3.654 nuevas jubilaciones, pero en los dos años siguientes se superó la meta. En el 2021 fueron 5.031 y, en el 2022, 6.695 muestran los datos de la Caja.
Barrantes recalcó que la entrega se hace en coordinación con el Gobierno, porque es el encargado de financiar el régimen. Otorgar cada beneficio significa un compromiso futuro para las finanzas públicas, apuntó.
Problema reincidente
El gerente de Pensiones de la CCSS recordó que la situación de desequilibrio que se presentará el próximo año, ya ocurrió en el 2021 y 2022.
“Siempre hemos recibido una notita de Hacienda en la que dice que harán los esfuerzos de presupuestar los recursos, ya este año la recibimos (...) Tenemos un déficit de más de ¢30.000 millones para el 2024”, explicó el jerarca.
Nogui Acosta, jerarca de Hacienda, remitió la carta a la Caja el 28 de setiembre en la cual argumenta que el Gobierno “hará todos los esfuerzos para incorporar en el ejercicio económico 2024″ para brindar los recursos en un presupuesto extraordinario, si hay espacios para realizar reasignaciones.
“Se tendrá en cuenta que dichas modificaciones no sobrepasen los objetivos meta plasmados con el Fondo Monetario Internacional en materia de resultado primario y deuda”, apuntó el ministro en el oficio MH-DM-OF-1551-2023.
Consultado por La Nación sobre la falta de recursos, Acosta confirmó que a lo largo del año se producen cambios presupuestarios que permiten brindar el financiamiento extraordinario.
También mencionó que la estrechez fiscal del Gobierno, así como la demanda creciente de nuevas pensiones, por el envejecimiento de la población, presionan la asignación de dinero.
El gerente de Pensiones de la Caja añadió que con Fodesaf se analiza una posible solución de que, durante el 2024, se trasladen ¢36.000 millones para la atención de personas indigentes. Ese dinero actualmente está presupuestado para el Seguro de Salud de la Caja.
“Se plantea que eventualmente esos recursos puedan ir al Régimen No Contributivo, pero implicaría que el Seguro de Salud negocie con Hacienda para cubrir el costo de la atención de las personas que no pueden pagar su seguro”, reconoció Barrantes.
En tanto, Marta Acosta, contralora General de la República, sostuvo en la Comisión Ordinaria de Asuntos Hacendarios, el martes 24 de octubre, que se ha convertido en una práctica reiterada del Gobierno no presupuestar el dinero necesario para financiar el régimen de pensiones, sino que durante el año asigna los recursos pendientes.
“Considerando los ¢4.100 millones asignados en este proyecto (extraordinario del 2023), el presupuesto del año alcanza los ¢168.000 millones, monto inferior a los ¢179.000 millones ejecutados en 2022”, dijo la funcionaria.
Acosta agregó que, el año anterior, ocurrió lo mismo, pues se aumentó el gasto en ¢16.000 millones para el RNC.
Los desequilibrios en el presupuesto de este régimen de pensiones comenzaron en el 2022, con un faltante de ¢20.000 millones. Incluso la Caja tuvo que suspender la entrega de beneficios por unos meses, hasta que se diera el ingreso del dinero, recordó Barrantes.
Mientras que, durante este año, el déficit inicial fue de ¢14.700 millones. Sin embargo, el monto era mayor de ¢31.000 millones.
Ahora bien, el sistema tuvo un ingreso excepcional, durante el año pasado, por el traslado de ¢29.433 millones hecho por las operadoras de pensiones complementarias (OPC) de recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL), con más de 10 años sin reclamar, una vez fallecido el afiliado o pensionado.