“El retiro total del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) al pensionarse atenta contra la seguridad social porque elimina el aporte, muy importante, a la pensión mensual del trabajador”.

Miguel Ángel Rodríguez, presidente de la República en el periodo (1998-2002) en el que se creó el ROP como un complemento para la pensión básica, es tajante ante la propuesta de 23 diputados de que los trabajadores accedan a la totalidad de ese dinero al concluir su vida laboral.

“Estoy seguro de la buena intención que anima a don Eduardo (Cruickshank) –legislador líder de la iniciativa– y a muchas personas con este deseo, pero desdichadamente mi conclusión es que esto sería muy perjudicial para la justicia social de este país”, exhortó el exmandatario.

Rodríguez compartió su criterio en el foro Reforma al ROP: 20 años después de su creación, realizado la noche del jueves 16 de mayo en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.

El organizador de la actividad fue el mismo Cruickshank, diputado del Partido Restauración Nacional. Él es el principal impulsor del expediente 21.309 que propone que los trabajadores, al jubilarse, puedan retirar la totalidad de la pensión complementaria, en lugar de que ese ahorro se les entregue en tractos mensuales, como ocurre con cualquier pensión.

“Las pensiones se inventaron en la última parte del siglo XIX y se fueron generalizando en el siglo XX, como una manera de solventar el empobrecimiento terrible de la gente cuando terminaba su capacidad de trabajar, buscando una solución para que recibieran un ingreso”, explicó Rodríguez.

En su ponencia, el expresidente insistió en que la pensión obligatoria es una parte del sistema de seguridad social, el cual nació en 1941, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Por eso, insistió, la CCSS, el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa deben actuar en conjunto. “Y todos debemos colaborar. Ese es un problema nacional muy importante. Están en juego la paz y la seguridad social: lo mejor que tenemos en el país. Algo que venimos construyendo desde hace 80 años”, profirió Rodríguez.

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Primero hay que ver el IVM

Su primer razonamiento fue que los costarricense deben tener una visión “sistémica, integradora y solidaria” del sistema de pensiones.

Es decir, que para reformar la normativa que rige el ROP, también debe tenerse conciencia sobre el estado de otros regímenes, como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja –el más grande del país– y el no contributivo, que socorre a los pobres.

Según argumentó el exmandatario, cuando nació el ROP, con la Ley de Protección al Trabajador en el año 2000, había muchos más cotizantes por cada pensionado del IVM.

Esa relación va disminuyendo cada vez más. Un reciente estudio de la Contraloría General de la República, con datos de la Caja, demostró que en el año 2000 había 7,3 trabajadores por cada jubilado, proporción que bajó a 6,3 en el 2017 y disminuirá a 3,9 en el 2030, en 11 años.

“Cuando hicimos esto (el ROP), teníamos muchos trabajadores por pensionado; hoy no. Hoy, la Caja acepta que el IVM es un régimen con problemas muy serios. En aquel tiempo no lo aceptaba. Por 10 años, se opuso a la Supén (Superintendencia de Pensiones)… hasta que vino la Universidad de Costa Rica (con un estudio actuarial) y tuvieron que aceptar que había un problema muy serio de financiamiento de ese régimen”, protestó.

Por lo tanto, aclaró Rodríguez, se creó le pensión obligatoria para que fuera un complemento de la básica. “¿Por qué? Porque en 17 años (2000-2017) la pensión de la Caja, desde la aplicación del ROP, ha disminuido en una sexta parte en proporción al salario final”, afirmó.

Justo esta semana, el lunes 13 de mayo, la Caja comunicó que, con tres años de anticipación a lo recomendado, empezará a preparar los temas por abordar en la próxima mesa de diálogo donde se acuerden los ajustes para hacer sostenible el IVM.

Además, reforzó su exposición haciendo un recuento del comportamiento demográfico del país. “Entre el 2000 y el 2017, la tasa de natalidad bajó en un 14%, la tasa de mortalidad aumentó en un 4,7% –porque hay más viejos– y la esperanza de vida aumentó en 5 años”, dijo.

Asimismo, fue enfático en que el IVM necesita cambios administrativos y una mayor previsión. Sin embargo, aclaró que las reformas deben ser graduales.

“Inicialmente, la pensión se daba a los 65 años cuando se estableció, en el 1947, pero después, por la demagogia, empezamos en los setentas y en los ochentas, mientras estábamos en problemas, a bajar la edad de pensión”, rememoró.

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Actualmente, la jubilación ordinaria con el IVM les pide a los afiliados 65 años de edad y 300 cotizaciones (25 años trabajados).

Sin embargo, también existe la opción de retirarse antes, siempre que la persona haya hecho un alto esfuerzo contributivo, es decir, que haya cotizado muchos años para el sistema.

Esa opción permite jubilarse a las mujeres con 59 años y 11 meses y a los hombres con 61 años y 11 meses, siempre que hayan pagado 450 cuotas (37,5 años de labores).

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En criterio de Miguel Ángel Rodríguez, otra urgencia es que el Estado disminuya el impacto sobre los salarios y busque otras fuentes de financiamiento, para no seguir encareciendo “injustificadamente” la mano de obra.

Asimismo, considera que deben fortalecerse las jubilaciones no contributivas. “Hay que subir las pensiones del régimen no contributivo… Esas son las más justas: los viejitos pobres que no tienen pensión”, concluyó.

De hecho, también esta semana, el Gobierno de Carlos Alvarado anunció que estos subsidios subirán ¢4.000; pasarán de ¢78.000 a ¢82.000.

En el foro, además del diputado Cruickshank, participó el legislador del Frente Amplio José María Villalta, otro defensor de retirar el ROP en un solo tracto.

Parte de los ponentes también fueron Víctor Morales Mora, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Porfirio Rojas, director de planificación de Supén, quienes como Rodríguez, opinan que ese ahorro debe resguardarse y entregarse mensualmente.