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San José
Nueve días después de advertir que se verá obligado a ejecutar "violentas medidas" de contención del gasto público, si no se aprueba el plan fiscal, el presidente Luis Guillermo Solís le bajó el tono a esas palabras emitidas el 11 de abril.
El presidente afirmó este martes, tras el Consejo de Gobierno, que su intención nunca fue amenazar con recortes extremos en el gasto público, sino, advertir de que ese tipo de decisiones serán necesarias en caso de que la crisis fiscal se agrave más.
Solís insistió en que no quiso ser alarmista: "Esperamos no llegar ahí. Yo quiero que la gente lo sepa, y lo voy a seguir diciendo, no para amenazar con el cuero del tigre. No lo digo yo, lo dicen los organismos financieros internacionales que han visto cuál es la consecuencia de los altos déficits en todo el mundo", continuó el mandatario.
"Yo lo que alerté, porque no amenacé, lo que alerté, fue que Costa Rica, al igual que muchos países en Europa, si no tomaba a tiempo las medidas fiscales requeridas para contener el déficit, podría enfrentarse a la necesidad de usar medidas extraordinarias que son las que conocemos: despidos masivos, recortes a programas esenciales en el presupuesto nacional, incluidos los programas de educación", subrayó, a una semana de la celebración del 160 aniversario de la Batalla de Rivas, efeméride que aprovechó para pronunciar un discurso lleno de vaticinios sobre lo que el país viviría sin el plan fiscal que promueve su gobierno.
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Las reformas a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas son el principal objetivo de ese paquete de medidas para aumentar la recaudación de impuestos, a la par de otras iniciativas para mejorar el cobro de los tributos.
Solo con los cambios a renta y ventas, el Poder Ejecutivo espera aumentar anualmente en ¢600.000 millones la recaudación de impuestos, monto que equivale a un 2% del producto interno bruto (PIB).
Según estimaciones del Banco Central de Costa Rica, al acabar el 2016 la brecha entre ingresos y gastos del Gobierno Central sería de un 6,2% del PIB, lo que equivale a ¢1,8 billones.
Después del discurso del presidente, el viceministro de Egresos de Hacienda, José Francisco Pacheco, encargado de tomarle el pulso al gasto del Gobierno, concretó que de no aprobarse el plan fiscal este año, para el presupuesto ordinario del 2017 su ministerio evalúa recortar a la mitad las compras públicas y en un monto aún indeterminado las transferencias corrientes que, en su mayoría, financian programas sociales.
De no lograr detener en un 55% el endeudamiento para financiar el próximo presupuesto, Pacheco dijo que Hacienda explorar un plan B de medidas, entre las cuales citó congelar los aumentos salariales semestrales del Gobierno Central.
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Dicha medida provocó las críticas de los sindicatos, que advirtieron que no tolerarían una decisión de ese tipo.
Los gremios también se oponen a la reforma que pretende convertir el impuesto de ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), que subiría la tasa de ese gravámen de un 13% actual a un 15% e incrementaría la cantidad de bienes y servicios sobre el que se aplica.
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Luis Guillermo Solís dijo este martes que no tiene previstas ninguna de esas alternativas, sino, únicamente, la aprobación de los proyectos que componen el plan fiscal este año, por lo que pidió a los diputados sopesar que con esas propuestas de ley se haría innecesario aplicar medidas de contingencia.
