El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, afirmó este lunes que el país vivirá “violentas medidas de ajuste” si la Asamblea Legislativa no aprueba las reformas fiscales propuestas por su gobierno.
“Es mi deber alertarles de que se acaba el tiempo para impedir una gran crisis financiera del Estado si no controlamos el déficit. La diferencia entre sus ingresos y sus gastos podría llegar al indeseable momento de seguir el camino al que otros países han tenido que recurrir, a violentas medidas de ajuste con alto costo para las familias y actividades productivas más vulnerables”, expresó Solís.
Las palabras las emitió durante el discurso que ofreció en los actos de conmemoración de la Campaña Nacional de 1856, en el centro de Alajuela.
El mandatario fue enfático en que el Estado requiere de más ingresos. Asegura que su administración ya hizo la tarea en recortar gastos, mejorar el cobro de impuestos y combatir la evasión, pero aun así, el esfuerzo es insuficiente.
“Mi gobierno ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para reducir los gastos y aumentar los ingresos del Estado, medidas que muestran un importante grado de éxito”, dijo Solís.
Agregó que si los diputados no aumentan los impuestos, se corre el riesgo de que suban las tasas de interés de los créditos y de que el Gobierno deba recortar la inversión en programas sociales, así como las compras y contratos con la empresa privada.
En el 2015, este gobierno subió el gasto del Presupuesto Nacional en un 19%, cinco veces más que la inflación.
Ahora, este año, el déficit fiscal podría subir a un 6,2 % del producto interno bruto (PIB), luego de que el pasado llegó a un 5,9%.
Como respuesta, el Gobierno pidió a los diputados subir la tasa del impuesto de ventas de un 13% a un 15% y transformarlo en un impuesto sobre el valor agregado (IVA), lo que gravaría servicios que hoy están exentos, como los alquileres, los abogados y los gimnasios.
Además, propuso crear dos nuevos tramos de impuesto de renta para los salarios más altos, de manera que algunos paguen un 20%, y otros, un 25%. Hoy, el máximo es 15%. Asimismo, planteó gravar las cesantías que superen los ocho salarios con una tarifa del 25% sobre el exceso.
Sin embargo, el llamado del presidente no caló en diputados de oposición, que consideran que no es cierto que el Gobierno haya hecho la tarea en contener gasto.
Rolando González, diputado de Liberación Nacional, dijo: “Me pareció inoportuno, pero acorde con el estilo de su Gobierno. Hablar de impuestos cuando no ha habido nada concreto en contención del gasto me parece absurdo (...). Señalar a la Asamblea es un infortunio y falta de lectura de la realidad política”.
Johnny Leiva, jefe de fracción de la Unidad Social Cristiana (PUSC), coincidió: “Todavía hay muchos ajustes que hacer en convenciones colectivas, gastos superfluos y anualidades. Lo primero en lo que debería enfocarse es en recortar gastos superfluos y los excesivos beneficios, al tiempo, que debería apoyar los proyectos de empleo público y pensiones. El presidente todavía tiene un tarea por hacer antes de hablar de impuestos”.
En el Congreso hay planes para tocar el gasto. Uno, por ejemplo, impondría un tope de un 1,94% a las anualidades que reciben los empleados públicos.
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Otro fijaría un tope de ocho años a los pagos de cesantías, pues hoy algunas entidades pagan hasta 20 salarios, por ejemplo.
Una iniciativa más propone calcular las pensiones de los funcionarios del Poder Judicial con base en los últimos 120 salarios y no 12, como ocurre hoy.
El cambio. En su intervención a menos de un mes de cumplir dos años en el poder, Solís aseguró que su Gobierno marcha por buen camino, aunque reconoció que todavía hay proyectos por concluir.
“Cada día es más claro que elegimos la ruta correcta, la ruta de un cambio paulatino, ordenado y apegado a la legalidad; la ruta de un cambio capaz de corregir el estancamiento y deficiencias del pasado, sin poner en riesgo la estabilidad de la economía (...). La ruta elegida para concretar el cambio puede ser más lenta de lo que muchos desearían, no ofrecimos un cambio revolucionario, sino un cambio gradual aunque profundo”, declaró el presidente.
Además, aprovechó para instar a los legisladores a que aprueben el proyecto de Ley de fortalecimiento al Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Tal planteamiento lo hizo luego de realizar un viaje de prueba en tren desde San Joaquín de Flores hasta las cercanías del Hospital de Alajuela, ruta que entraría en funcionamiento hasta el segundo semestre del año.