Proyecto de ley permitiría usar escuchas telefónicas como prueba para despedir a funcionarios corruptos
Iniciativa permitiría trasladar a las instituciones públicas las intervenciones obtenidas con autorización de un juez, en casos de corrupción
Frenar la corrupción no será fácil, si se considera que muchas economías dependen de los flujos de inversión vinculados a actividades criminales. Pero son claras las consecuencias de la inacción. Shutterstock
Un proyecto de ley permitiría a las instituciones públicas acceder a las intervenciones telefónicas recabadas por la Fiscalía, en casos de corrupción y con autorización de un juez, para utilizarlas como prueba en los procesos sancionatorios contra funcionarios que falten al deber de probidad.
Así lo propone un plan que presentó el gobierno de Carlos Alvarado, con apoyo de la Corte Suprema de Justicia, como parte de una agenda de iniciativas para combatir la corrupción, el lavado de dinero y el crimen organizado.
En la actualidad, la legislación no permite a las instituciones públicas acceder a estas pruebas en casos de corrupción, de manera que no pueden ser utilizadas como argumento para despedir al trabajador o aplicar otras sanciones.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto de ley, esta prohibición “genera impunidad manifiesta disciplinaria”.
La reforma, en cambio, plantea permitir el acceso y el uso de esas comunicaciones intervenidas para que, en procesos disciplinarios internos “se procesen a los funcionarios públicos que actúen contrario a los deberes de la función pública”.
No obstante, los órganos decisores sobre procedimientos disciplinarios tendrán acceso a dichas pruebas judiciales únicamente hasta que finalice la etapa intermedia del proceso judicial, es decir, cuando la causa se eleva a juicio, se desestima o se dicta sobreseimiento en favor de los imputados, entre otros actos conclusivos.
Esa restricción se aplicaría, según el proyecto de ley, para “resguardar la fase privada del proceso penal y evitar que la fuga de información perjudique la investigación o la práctica de diligencias judiciales gestionadas por el ente acusador”.
Al presentar el proyecto de ley, el Gobierno alegó que el Estado requiere de los instrumentos jurídicos necesarios para fortalecer la capacidad de respuesta ante casos de corrupción. Asimismo, argumentó que con esta iniciativa se haría un uso eficiente de los recursos públicos, al permitir acceder como prueba las intervenciones realizadas por el Poder Judicial.
Como parte de la jurisprudencia aportada por el Poder Ejecutivo, la cual evidenciaría la viabilidad jurídica de la iniciativa de ley, se encuentra el voto N.° 182220-2020 de la Sala Constitucional.
En ese fallo, los magistrados rechazaron un recurso de amparo de un funcionario que reclamó una lesión al derecho de su intimidad, debido a que la Fiscalía General de la República remitió al órgano administrativo sancionatorio de su institución, un correo electrónico que se obtuvo producto de una investigación judicial.
“(...) considera esta Cámara que el conocimiento y acceso al documento que se impugna no fue producto de una invasión ilegítima al círculo de intimidad del interesado, pues fue obtenido como hallazgo de una diligencia judicial ordenada por un órgano jurisdiccional”, se consignó en una parte de la resolución.
La iniciativa se presentó el jueves 9 de diciembre en Casa Presidencial, como parte de una agenda de seis proyectos para el combate de la corrupción, el crimen organizado y la legitimación de capitales.
Entre ellos se encuentra la propuesta para regular a las operadoras de monedas virtuales como el bitcóin, para evitar el lavado de capitales y el financiamiento de estructuras criminales a partir de esos activos digitales.
Gobierno pretende que las instituciones públicas tengan acceso a las intervenciones telefónicas, ordenado previamente por un juez, para imponer sanciones disciplinarias a funcionarios públicos. (Shutterstock)
