El plan consiste en exigir a estos operadores registrarse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), así como identificar a sus clientes y el origen de sus recursos.
Por ello, continuó, el país necesita adaptarse a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre los proveedores de activos virtuales, de manera que estos sean incluidos en la regulación de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso No Autorizado, actividades Conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (7786).
El proyecto incluiría en la regulación a aquellas personas que realicen operaciones para otras personas físicas o jurídicas, de intercambio o transferencia de activos virtuales, así como depósito, custodia, administración o control de estos.
El plan les exigirá identificar a sus intervinientes y determinar el origen de sus recursos. El plan, aclaró la superintendente, no va a regular a las monedas virtuales, sino a los proveedores para abordar los riesgos que la actividad representa para el lavado de dinero.
La iniciativa de los supremos poderes contra el crimen organizado incluye otros cinco proyectos de ley.
Una segunda iniciativa se refiere a una reforma al sistema de financiamiento de los partidos políticos.
Además, el mandatario envió cuatro nuevos proyectos de reformas al Código Procesal Penal, la Ley de Intervención de Comunicaciones, la Ley contra la Delincuencia Organizada. Sobre esta última normativa, fueron presentados dos proyectos.
Estas medidas fueron impulsadas después de que investigaciones judiciales revelaran contactos de presuntas bandas de narcotráfico con figuras políticas.
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