Actos de corrupción fueron la segunda causa de gestiones de despido del Gobierno Central en 2018, hubo 61 de un total de 199.
Tales procesos, sin embargo, podrían tomar muchos meses antes de que se concreten pues despedir sin responsabilidad patronal a un trabajador no es un trámite sencillo ni mucho menos expedito, aun cuando una investigación institucional demostrara la responsabilidad del funcionario.
Toma seis meses resolver un procedimiento disciplinario dentro de una institución. Sin embargo, después de esa decisión en primera instancia, el trabajador tiene la posibilidad de presentar recursos que podrían atrasar meses o incluso años el despido.
Durante todo el tiempo que se prolongue la investigación, el trabajador estará suspendido pero sin dejar de recibir salario, según resoluciones de la Sala Constitucional.
Las únicas vías para que la gestión de despido sea pronta es que el funcionario reconozca su responsabilidad o bien, que por los mismos hechos se le abra una causa judicial y se le dicte prisión preventiva por más de tres meses. Si está detenido tampoco recibiría salario.
De otra forma, el proceso será lento y complicado, pues la decisión podría rodar hasta por cinco instituciones: la entidad pública a la que pertenece el empleado, la Dirección General de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil, el Tribunal Administrativo de Servicio Civil y el Tribunal Contencioso Administrativo.
Aunque algunos de los órganos tienen nombres similares, cada instancia tiene independencia y puede llegar a repetir los mismos procedimientos que se aplican previamente en el proceso, si así lo determinan los responsables.
Según Alfredo Hasbum, director de Servicio Civil, se han tomado acciones como utilizar correo electrónico y firma digital en resoluciones, pero estas no tienen impacto en los plazos.
“Consideramos que el proceso es extenso porque existen diversas instancias durante el procedimiento, eso hace que en algunos casos podrían transcurrir años hasta que un despido quede en firme”, expresó.
Investigación
Antes de que un ministro, como jerarca institucional, pueda solicitar ante la Dirección General de Servicio Civil el despido de un empleado público, debe nombrar un órgano director para que investigue los hechos.
No existe un plazo determinado para esa investigación, durante la cual se recopilan pruebas, escuchan testigos y al trabajador involucrado. Cualquier error podría causar la anulación del procedimiento, sin que al empleado se le pueda someter a uno nuevo.
Concluida la investigación en la institución, la solicitud de despido se traslada a la Dirección General de Servicio Civil, en el plazo de un mes. Esa instancia notificará al trabajador del inicio del procedimiento en su contra, y le da dos semanas para que presente su defensa. Si no lo hace, estaría aceptando los hechos, por lo cual sería despedido de forma expedita.
No obstante, aquí también el trabajador podrá presentar su primera apelación por posible prescripción. Cuando se trata de faltas al deber de probidad, los casos no prescribirán hasta dos años después de que se demostraran los hechos, pero para otras causales vencen un mes después de que el empleado cometió el hecho, o bien desde que el órgano institucional identificara al responsable.
De presentar la apelación, la Dirección eleva el caso al Tribunal de Servicio Civil, lo que implicará al menos un semana de retraso.
Si se aceptara el reclamo, el procedimiento concluye en favor del empleado. De lo contrario, el expediente vuelve a la Dirección para que continúe. Esta tendrá dos semanas para llamar a audencia y evacuar prueba, antes de dictar una resolución.
Se alarga el proceso
Luego de casi tres meses desde que la institución demostró la responsabilidad del funcionario, el Tribunal de Servicio Civil recibe el expediente para resolver el despido, que permita al jerarca remover al empleado.
No obstante, antes de tomar la decisión podrá ampliar la investigación si lo estima necesario. Esto provocaría que el proceso de audiencias y evacuación de pruebas, que ya se realizó en la institución y en la Dirección General de Servicio Civil, se repita por tercera vez en el Tribunal.
Esta instancia deberá definir el despido en dos meses.
Si la resolución avala el despido, el ministro deberá ejecutarlo en un periodo no mayor a un mes desde que fue notificado, pues el procedimiento prescribiría. Si el trámite es declarado sin lugar, la institución no podrá apelar.
De ser despedido, el funcionario podrá acudir ante el Tribunal Administrativo de Servicio Civil. Para entonces, han pasado ya seis meses desde la decisión interna.
Ese órgano, tendrá dos meses de plazo para definir si avala el cese o lo revoca.
Si confirma la separación del funcionario, este todavía tiene la vía judicial, es decir los tribunales contencioso administrativos para tratar de mantenerse en su puesto.
De aceptar el proceso, esta instancia deberá repetir cada uno de los pasos realizados por las anteriores cuatro instituciones, para determinar el despido sin responsabilidad laboral.
Incluso, el juez podría solicitar la reinstalación del trabajador en su puesto mientras estudia el caso para dictar sentencia.