Sofía Chinchilla C.. 13 mayo
Nancy Marín, ministra de Comunicación, presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de Costa Rica. En la rendición de cuentas, realizada en Ginebra, Suiza, también participó el diputado del PAC Enrique Sánchez (izquierda). Imagen: captura de pantalla de la transmisión de la ONU.
Nancy Marín, ministra de Comunicación, presentó este lunes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos de Costa Rica. En la rendición de cuentas, realizada en Ginebra, Suiza, también participó el diputado del PAC Enrique Sánchez (izquierda). Imagen: captura de pantalla de la transmisión de la ONU.

Nancy Marín, ministra de Comunicación, rindió cuentas ante la ONU sobre los avances que presenta el país en el desarrollo de la norma técnica sobre aborto terapéutico y en la autorización de la pastilla del día después.

La jerarca encabezó la delegación que envió el gobierno a Ginebra, Suiza, donde sesiona el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al cual acudieron este lunes los países miembros a rendir su Examen Periódico Universal de derechos humanos.

Durante la exposición del informe de Costa Rica, Marín informó al ente de que “en los próximos días”, en las farmacias del país se empezará a vender, sin receta, el fármaco de Anticoncepción Oral de Emergencia (OEA), tal como lo comunicó el Ministerio de Salud el pasado 30 de abril.

Marín también puso a la ONU al tanto del compromiso que asumió el presidente Carlos Alvarado para que la norma que regulará la práctica del aborto terapéutico quede firmada antes de que termine el 2019.

La ministra afirmó que la ratificación del instrumento es uno de los grandes retos y desafíos que persisten en el país, pues algunos médicos se niegan a aplicarlo por razones éticas o por temor a consecuencias legales.

La idea del Ejecutivo es regular lo que dice el artículo 121 del Código Penal: “No es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios”.

Al respecto, la ministra afirmó que “la aplicación de la figura del aborto impune es todavía una deuda pendiente".

"Esperamos que durante este año tengamos instrumentalizada la figura establecida en el Código Penal, en procura de garantizar su aplicación efectiva en el sistema de salud costarricense.

“El mismo presidente se ha comprometido públicamente a que, en el transcurso de este año, la reglamentación para la aplicación del aborto impune será emitida mediante este decreto”, afirmó Marín.

En su rendición de cuentas, la jerarca también lamentó el asesinato del líder indígena Sergio Rojas, en marzo.

“El mismo día que se enteró el presidente de la República sobre este lamentable acontecimiento, manifestó su repudio y solicitó la investigación inmediata del hecho y sanción de los responsables”, comunicó Marín.

La jerarca, además, dijo que, desde el 2016, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ordenó que en los planes institucionales se incluya la construcción del laboratorio para la realización de la Fertilización in Vitro en el Hospital de las Mujeres.

Costa Rica también informó a la ONU sobre la inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma humano en el esquema de vacunación de la Caja; así como del impulso a las medidas alternativas a la prisión para reducir el hacinamiento carcelario.

La presentación del Examen Periódico Universal costarricense la completó el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Enrique Sánchez, quien se refirió a avances y retos pendientes sobre temas de género y personas LGBTI.

El legislador destacó la entrada en vigor, en 2017, de la Ley de Relaciones Impropias para la protección de los menores de edad, así como la aprobación del proyecto de ley que elevó el plazo de prescripción de delitos sexuales contra menores de 18 y el dictamen afirmativo de la iniciativa que actualizaría el marco legal del país para la atención del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Además, se refirió a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la posterior resolución de la Sala IV que culminaron en la eliminación de las normas constitucionales que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo; con lo cual dichos vínculos se podrán realizar a partir de mayo del 2020.

Como retos en el campo de género, el diputado mencionó el acoso sexual, los femicidios y la violencia política contra las mujeres.