La comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen positivo sobre un proyecto de ley que renovaría las pautas a seguir por parte del Estado para la prevención y el tratamiento del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), cuya legislación vigente se emitió hace 21 años.
La propuesta obliga al Estado a brindar tratamiento ininterrumpido a las personas que viven en condición de pobreza, pobreza extrema o indigencia; así como a quienes son despedidos de sus trabajos y no tienen recursos para seguir cotizando al seguro de salud, independientemente de su nacionalidad.
A los pacientes también se les garantiza el derecho a recibir consejería antes y después de realizarse la prueba de VIH, así como durante todo su tratamiento, con respeto a su orientación sexual y su identidad de género.
El texto, además, obliga al Estado a promover la prevención del contagio del virus y establece el derecho de todos los ciudadanos de acceder a pruebas diagnósticas gratuitas en los centros de salud públicos.
Dicha garantía se protege de manera especial para las mujeres embarazadas y sus parejas.
La propuesta mantiene el carácter voluntario de esa prueba, pero, además, deja sin efecto un inciso de la ley vigente que hace obligatorio someterse al examen si un juzgado lo exige, en procesos penales y de divorcio.
El plan recién dictaminado se discutió en el periodo 2014 - 2018, no obstante, su plazo venció y fue archivado, por lo que los diputados de este periodo lo volvieron a presentar, e introdujeron modificaciones como la eliminación de la palabra sida de la ley.
Enrique Sánchez, presidente de la comisión de Derechos Humanos, explicó que en el pasado, el término se utilizó para describir un estado avanzado del VIH en el cual las personas morían a causa de otros padecimientos. No obstante, ahora los tratamientos permiten que los pacientes conserven una calidad de vida óptima, por lo que el uso de dicho término es innecesario y estigmatiza a los pacientes.
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En comisión, el proyecto de ley recibió el visto bueno de los diputados Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN), quien lo ha impulsado; así como de María Vita Monge, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Paola Valladares y Jorge Fonseca, de Liberación Nacional y Enrique Sánchez, de Acción Ciudadana (PAC).
Se opuso Ivonne Acuña, del bloque independiente Nueva República.
Cambios en comunicación de condición a parejas sexuales
El proyecto de ley introduce el deber de las autoridades de salud de obtener el consentimiento informado de los pacientes como requisito para la realización de las pruebas de VIH, así como para la prescripción de tratamientos.
Otro cambio se haría en las disposiciones para la comunicación de la condición del paciente a las personas con las que haya mantenido relaciones sexuales.
La ley de VIH SIDA vigente establece que los portadores del virus tienen la obligación de informar su estado a dichos individuos. El plan de reforma, en cambio, plantea que las autoridades de salud le den acompañamiento al paciente para hacer dicha comunicación.
En caso de que el portador se niegue o no pueda hacerlo, el personal de atención en salud realizaría las gestiones..
“Esta notificación deberá realizarse de tal modo que respete la confidencialidad de las personas involucradas”, indica el plan.
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Estos son otros cambios que generaría el proyecto de ley con respecto a la legislación vigente:
*Incluiría al Instituto Nacional de Seguros (INS) en el Consejo Nacional de Atención del VIH y el SIDA (Conasida), debido a que, en los accidentes laborales donde algún trabajador se vea expuesto al riesgo de infección por el VIH, la responsabilidad de proveer la terapia antirretroviral recaería en esa institución.
*Obligaría al Estado a promover la prevención del VIH con programas enfocados en las poblaciones vulnerables, en alianza con las organizaciones no gubernamentales y de sociedad civil.
*Impondría en el Estado el deber de financiar la creación y el fortalecimiento de albergues para la atención de personas con VIH.
*Ordenaría a las instituciones de salud pública entregar condones a las poblaciones con mayor riesgo de contraer VIH, sin costo.