Tal distribución de recursos la plateó el Poder Ejecutivo en el primer presupuesto extraordinario del 2020, entregado al Congreso por Pilar Garrido, ministra de Planificación; y Rodrigo Chaves, jerarca de Hacienda.

Los ¢150.000 millones para subsidios tienen por objetivo otorgar ayudas hasta de ¢200.000 mensuales a las familias con integrantes despedidos, suspendidos o con reducciones en las jornadas laborales, así como a los independientes que vieron disminuidos sus ingresos.

Si se tratara de apoyos de ¢200.000 mensuales por tres meses, el primer presupuesto extraordinario alcanzaría para apoyar a 250.000 familias.

Si los subsidios fuesen de ¢100.000, se podría ayudar a 500.000 hogares.

Para alcanzar esos ¢150.000 millones, el gobierno propone usar ¢84.564 millones provenientes de diferentes partidas del Presupuesto Nacional, como remuneraciones, pensiones, servicios, suministros, bienes y transferencias del Gobierno Central.

En el caso del apartado de remuneraciones, se tomarían unos ¢46.000 millones reduciendo fondos destinados a casi 5.000 plazas vacantes y otras partidas como anualidades del 2020 y horas extra.

Esa cifra de ¢46.000 millones equivale a un 1,7% del presupuesto de remuneraciones de este año, que asciende a ¢2,6 billones (millones de millones).

Para completar los ¢150.000 millones para subsidios, se tomarían otros ¢66.060 millones del préstamo de $500 millones (¢290.000 millones) que otorgó el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), así como ¢1.804 millones que reintegraron oficinas consulares en el extranjero.

Según el proyecto de presupuesto extraordinario, la mayor parte de dicho fondo se manejaría desde el subprograma de Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo; solo una fracción de ¢17.100 millones se transferiría al Instituto Mixto de Ayuda Social.

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Por otra parte, para mejorar el perfil de la deuda pública, la cual alcanza el 58,5% del producto interno bruto (PIB), el presupuesto extraordinario plantea desistir de colocaciones de bonos de deuda, en el mercado interno, por ¢281.849 millones.

Ese dinero, requerido para la operación normal del gobierno, sería sustituido por préstamos con mejores plazos e intereses: ¢224.649 millones del crédito del CAF y ¢57.200 de un préstamo suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el año pasado.

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De acuerdo con el ministro Rodrigo Chaves, es fundamental que, incluso durante la atención de la emergencia, el gobierno mantenga un balance entre la atención de los requerimientos económicos y sanitarios de la población, y el pago de la deuda pública, con el fin de evitar un colapso macroeconómico.

Dicho equilibrio es necesario porque, en caso de caer en impago, todos los sectores productivos y la población pueden empobrecerse y al gobierno se le cerrarían las puertas del financiamiento, del cual depende el Estado debido a la crítica situación de las finanzas públicas.

“El gobierno también quiere asegurar, en colaboración con la Asamblea Legislativa, que el Estado costarricense va a tener la capacidad de honrar las obligaciones que ha adquirido a través de la deuda pública”, dijo el ministro de Hacienda.

Más fondo en camino

Según el plan de presupuesto presentado este miércoles, otras herramientas que permitirían ampliar el financiamiento de la emergencia mediante otros planes de gasto extraordinario, que requieren aprobación legislativa.

Tal es el caso de un traslado de ¢75.000 millones del Instituto Nacional de Seguros (INS) a las cuentas del gobierno. “También, un proyecto de ley que permitiría usar el diferencial en el precio de combustibles para financiar la atención de la emergencia en etapas siguientes”, añade el proyecto de ley.

El plan sobre los combustibles generaría otros ¢50.000 millones.

En total, para subsidios, se destinarían unos ¢275.000 millones, al sumar esas dos fuentes de ingresos, lo que alcanzaría para cubrir a casi 460.000 familias con aportes de ¢200.000 mensuales por tres meses.

Trámite acelerado

El viernes de la semana pasada, los diputados crearon un proceso legislativo ultrarrápido para tramitar de forma acelerada las solicitudes de modificación del presupuesto nacional que les presente el Poder Ejecutivo, con el fin de atender la emergencia nacional por la propagación del nuevo coronavirus.

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Dicho procedimiento establece que, al día siguiente de que llegue el plan de gastos, el expediente pasará al primer lugar en la agenda de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, la cual tendrá un plazo máximo de seis días hábiles para dictaminarlo.

Ese foro hacendario tiene el permiso legislativo para “utilizar los recursos telemáticos” necesarios para estudiar la propuesta del Poder Ejecutivo.

Para la votación final en comisión, la presidencia del foro tendrá que convocar a sus miembros con 24 horas de antelación y, una vez votado el plan, los diputados tendrán un día para emitir el informe y enviarlo al plenario legislativo.

Una vez recibido en el plenario, el proyecto irá de inmediato a discusión y habrá un plazo máximo de tres días para su votación en primer debate.

Colaboró el periodista Aarón Sequeira.