El Gobierno les planteó a las universidades públicas la posibilidad de reducir sus presupuestos de este año en ¢65.000 millones, entre todas, como parte del plan para reducir el gasto público ante el golpe que la pandemia de covid-19 le asestó a las finanzas públicas.
La propuesta se la hicieron los jerarcas de la Presidencia, Educación y Hacienda, Marcelo Prieto, Giselle Cruz y Elián Villegas, a los rectores de las cinco casas de enseñanza, en una reunión que sostuvieron este miércoles en Casa Presidencial.
Luis Paulino Méndez, rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), confirmó la solicitud del gobierno a La Nación.
El académico dijo que Elián Villegas, titular de Hacienda, les expuso el impacto de la recaudación de impuestos, a causa de la emergencia sanitaria.
Añadió que el Gobierno les pide a las universidades públicas bajar tanto los gastos corrientes (salarios, suministros y servicios, principalmente) como los de capital. Según dijo, el monto a reducir posiblemente se distribuiría en la misma proporción en la que se asignan los fondos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) a las casas de enseñanza.
La transferencia del Gobierno para las ‘U’ públicas pactada para este año fue de ¢512.000 millones.
Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), precisó que la reducción del FEES solicitada por el Gobierno se ejecutaría de la mano con el recorte en el presupuesto del Gobierno Central que le presentará el Ejecutivo a los diputados la próxima semana, por al menos ¢350.000 millones.
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Ambos jerarcas universitarios confirmaron que el Conare acordó analizar el planteamiento y llevar una contrapropuesta a una sesión de la Comisión de Enlace que se realizará este viernes.
El Consejo lo conforman los rectores del Tec, la UCR, la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).
“Hay disposición de negociar un monto, para el viernes vamos a llevar nuestra contrapropuesta. Este es un tema muy delicado ahorita, porque la situación país no podemos seguir ignorándola”, dijo Méndez.
De acuerdo con Araya, parte de lo que se negociará el viernes es si las universidades recuperarían el monto que se les rebaje, cuando las finanzas públicas se recuperen.
Este medio procuró obtener la versión del Gobierno sobre el planteamiento realizado a las universidades públicas, no obstante, al cierre de este artículo, no se obtuvo respuesta de Casa Presidencial.
El rector de la UCR afirmó que, durante la reunión de este miércoles, él y sus colegas de las demás casas de enseñanza se limitaron a escuchar la petición, aunque también plantearon que hay áreas que les urge proteger.
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“Planteamos sobre todo la necesidad de proteger las becas de los estudiantes. Por otro lado, no podemos llegar al punto de tener que despedir personal porque eso sería terrible no solo para la institución, sino para el país, sería engrosar los números de desempleo”.
“Los tres elementos fundamentales son becas, remuneraciones y la inversión en regionalización, que es fundamental y que tenemos que proteger”, declaró Araya.
Este miércoles, el presidente Carlos Alvarado afirmó que el proyecto de presupuesto extraordinario que se presentará el próximo lunes incluirá un recorte de “todas las líneas”, pero en el cual se protegerán áreas específicas.
“La inversión social, los programas sociales, mucha de la inversión de capital, porque genera empleo y, a las personas que trabajan, sus componentes salariales, no se les afectará”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.
El ministro de Hacienda afirmó que los recortes se harán, por ejemplo, en horas extras, viajes al exterior y publicidad, aunque también se revisarán transferencias que se hacen a distintas instituciones desde el Gobierno Central.
El FEES es una transferencia que gira el Ejecutivo a las universidades públicas, a través del Ministerio de Educación Pública (MEP).
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A finales de mayo, la comisión legislativa especial que analizó el financiamiento de las universidades públicas recomendó frenar los salarios millonarios y modernizar la oferta educativa de las casas de enseñanza pública.
El informe de los legisladores, además, propone una reforma constitucional, la cual busca que cuando haya colisión o polémica entre la prevalencia del principios constitucionales de autonomía universitaria y equilibrio financiero, prevalezca el criterio del Ministerio de Hacienda.
Los integrantes de Conare calificaron dicho informe como superficial, subjetivo, prejuicioso y estigmatizante de las universidades públicas.
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El Ejecutivo, además, ya trabaja en el presupuesto del 2021.
Según dijo Villegas a La Nación, su meta es que los gastos del próximo año crezcan muy por debajo del techo de 4,13% que impone la regla fiscal.
