Sofía Chinchilla Cerdas. 2 marzo
Emilia Navas, fiscala general . Foto: Alonso Tenorio
Emilia Navas, fiscala general . Foto: Alonso Tenorio

La fiscala general Emilia Navas afirmó este lunes que el Ministerio Público logró decomisar amplia información de equipos y servidores durante el allanamiento a Casa Presidencial, en busca de determinar si el equipo de análisis de datos de Casa Presidencial accedió a información confidencial de los habitantes.

Ante preguntas de la prensa, Navas restó importancia a especulaciones de que la Presidencia haya eliminado datos antes de que se realizara el allanamiento del viernes 28 de febrero.

“No hay ninguna evidencia hoy en día de que se haya eliminado información de las computadoras o dispositivos electrónicos que tenemos secuestrados, eso se va a determinar en el momento en que se haga el respaldo formal, la apertura de la evidencia y se nos pase la información de parte de la sección de Delitos Informáticos del OIJ", afirmó la fiscala general en conferencia de prensa.

Los allanamientos, realizados entre las 8 a. m. del viernes y las 4 p. m. del sábado, forman parte de la investigación preliminar que dirige Navas en el expediente 20-5434-042-PE.

La autorización de las diligencias la giró la Sala III a las 3 a. m. del mismo viernes.

Además de varios recintos de Casa Presidencial, las autoridades judiciales allanaron la oficina del viceministro Luis Daniel Soto, en el edificio del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), ubicado en Barrio Dent; así como cuatro casas de habitación: tres de los asesores de datos del presidente (Alejandro Madrigal, Andrés Villalobos y Diego Fernández) y la de Luis Eduardo Salazar, exasesor legal del mandatario.

Navas informó de que secuestró “información varia” y los dispositivos electrónicos de todos los investigados, incluidos dos celulares y una computadora del presidente Alvarado, además de un celular y dos computadoras que estaban en la oficina del ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora.

El fiscal José Pablo Miranda, de la Unidad Especializada de la Fiscalía General de la República, explicó que forenses digitales asistieron a los 10 puntos de allanamiento por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). Dichos profesionales accedieron a las computadoras y los servidores del gobierno e hicieron respaldos de la información que había en ellos.

De acuerdo con el funcionario, los datos extraídos serán sometidos a un análisis forense que permitirá identificar si la prueba fue alterada de alguna forma.

“Cualquier movimiento a nivel digital genera algún tipo de rastro que deja una marca que puede ser analizada y visibilizada. Eso quiere decir que, si logramos determinar que se eliminó algún tipo de elemento, tenemos los respaldos que se hicieron”.

"Tenemos bastante material informático para analizar y bastante información para cruzar, para determinar si mantienen coherencia", afirmó Miranda.

Fiscala Emilia Navas da detalles sobre allanamientos al gobierno por investigación de la UPAD.

Posted by nacion.com on Monday, March 2, 2020

Todos los funcionarios que figuran en la pesquisa son sospechosos de violación de datos. El mandatario, el ministro Morales y el viceministro Soto además son investigados por el presunto delito de prevaricato, mientras que los asesores del presidente y Felly Salas, la jefa de despacho del presidente, por aparente abuso de autoridad.

Apertura del celular del presidente

En la conferencia de prensa, Navas explicó que, para acceder al contenido de los dispositivos decomisados, se requiere la autorización de la Sala III, pues el presidente de la República goza de un fuero de protección.

Dicho permiso ya se está gestionando, afirmó la fiscala, quien tendrá que estar presente durante todo el proceso de extracción de la información.

Miranda explicó que se debe realizar una copia “bit a bit” de los dispositivos secuestrados, inclusive del celular de uso personal del presidente.

Los investigadores revisarán todo el contenido de dicho aparato, pero solo podrán incluir en el expediente los elementos que tengan relación con los hechos investigados.

“Toda la información que no es relevante para el expediente, que pertenece al ámbito de la intimidad, o de los secretos de Estado, o de seguridad del Estado, que no tiene que ser trasladada al expediente, no se va a trasladar”, afirmó Miranda.

Cuando se le consultó a la fiscala general qué medidas de seguridad se implementarán para prevenir que se fugue información personal del presidente, Navas respondió que no hay posibilidad de que eso ocurra.

“La información que se extraiga de cualquier dispositivo está en manos únicamente de las personas investigadas, sus abogados defensores y el fiscal encargado del caso, en este caso mi persona. Eso significa que de parte del Ministerio Público no se va a filtrar, si se hace, habrá que investigar a las mismas personas imputadas y a sus abogados”, sentenció Navas.

Los dispositivos de Alvarado, Morales y los demás investigados serán devueltos cuando ya no se necesiten más, afirmó la jerarca del Ministerio Público.

Y, si en la revisión de los archivos se llegaran a identificar indicios de un posible delito distinto del que se investiga, la información daría pie a la apertura de una nueva pesquisa.

La fiscala también precisó que no se allanó la vivienda del mandatario, pues se estimó que la información necesaria se ubicaba en Casa Presidencial. Sí se revisó el vehículo en el que se desplaza el gobernante, con el fin determinar si tenía más dispositivos móviles.

Carácter prioritario por pronta prescripción

Navas afirmó que a la investigación sobre el presunto manejo de datos confidenciales por parte del gobierno se le dará carácter prioritario.

“Se va a manejar con prioridad, pero por una razón exclusiva, que los delitos que se están investigando se sancionan con penas de prisión de tres años y eso significa que el plazo de prescripción es muy corto, tenemos muy poco tiempo”, señaló Navas.

Navas detalló que el mandatario y el ministro de la Presidencia solo podrán ser indagados si, al cabo de la investigación, se presenta una acusación y la Asamblea Legislativa les levanta la inmunidad.

En ese caso, por tratarse de miembros de un supremo poder, el juicio lo realizaría la Sala de Casación Penal.